Nueve ayuntamientos del País Vasco ya tienen sobre la mesa un requerimiento del Gobierno instándoles a retirar de sus callejeros las vías dedicadas a etarras. Horas después de que la Audiencia Nacional aclarase que los alcaldes que mantienen esas polémicas denominaciones no están cometiendo ningún delito, el Gobierno se apresuró a anunciar que recurrirá a la vía administrativa (notoriamente más lenta) para evitar que perduren -en palabras de José Luis Rodríguez Zapatero- los «espacios de exaltación» para los terroristas.
Desde Atenas, el jefe del Ejecutivo explicó que la Abogacía del Estado ya se ha puesto manos a la obra con el objetivo de «articular las vías jurídicas que puedan ser eficaces para el respeto a las víctimas del terrorismo» y conseguir así que «nadie que ha sido un asesino de ETA» tenga una calle en su memoria, informa Ep.
En España, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se mostró más explícito y aseguró que, en lo que va de año, el Gobierno ha reclamado a nueve municipios vascos que cambien la denominación de ese callejero etarra: los vizcaínos de Amorebieta, Arrigorriaga, Etxebari y Lejona (a éste por dos veces) y los guipuzcoanos de Hernani, San Sebastián, Astigarraga, Elgeta y Cizúrquil. Sólo el de Hernani ha contestado al requerimiento, para dejar claro que no tiene intención de anular el acuerdo municipal que en su día decidió designar una de sus calles con el nombre de un miembro de ETA. La Delegación del Gobierno ya ha planteado el correspondiente recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Otro de los municipios, Cizúrquil, optó por cambiar los rótulos poco después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitiera a trámite la querella interpuesta contra su alcaldesa por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
Los demás consistorios han dado la callada por respuesta y todavía no han remitido a la Delegación del Gobierno las actas municipales donde se recogen los polémicos acuerdos. Si pasados seis meses (los requerimientos se enviaron desde el pasado marzo) sigue sin haber respuesta, el Ejecutivo reclamará en vía administrativa la anulación de los mismos y la retirada de las placas (una alternativa por la que también ha optado Dignidad y Justicia).
«Respuestas suficientes»
Tras firmar un convenio con el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, para reducir el atasco del alto tribunal, Fernández Bermejo anunció que los Servicios Jurídicos del Estado «están actuando con toda contundencia» en este asunto «y lo seguirán haciendo». El Estado de Derecho, se congratuló, «tiene afortunadamente respuestas suficientes». Además, el ministro de Justicia añadió que el Gobierno también exigirá la retirada de las placas por esta vía a los alcaldes a quienes la Audiencia Nacional ha eximido de la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La Audiencia Nacional determinó el pasado miércoles que los alcaldes que se niegan a cambiar los nombres de las calles dedicadas a etarras por anteriores corporaciones no cometen ningún delito. Según el alto tribunal, el enaltecimiento del terrorismo requiere de una acción concreta y no se puede cometer por omisión. Esta decisión ha cerrado la puerta de la vía penal a las nueve reclamaciones de Dignidad y Justicia contra otros tantos ayuntamientos del País Vasco y Navarra.
De todas formas, la Audiencia subraya que en ningún caso es perseguible penalmente la asignación de vías públicas a terroristas antes de diciembre de 2000, cuando se tipificó el delito de enaltecimiento del terrorismo, porque las leyes no se pueden aplicar de forma retroactiva.
Ley de Víctimas
El propio Zapatero sugirió en octubre del pasado año la posibilidad de que este asunto pudiese incluirse en la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo, aunque finalmente la iniciativa quedó en agua de borrajas. Dos meses después, el PP reclamó en el Congreso de los Diputados, sin éxito, la retirada de calles y monolitos que homenajean a miembros de ETA en el País Vasco y Navarra.
Los populares instaron entonces al Gobierno a exigir a los alcaldes revocar esos acuerdos municipales y a cambiar la denominación de las vías.
La Razón (11.07.08)
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