Amnistía denuncia el apoyo de Pekín a «gobiernos abusivos» de África y Asia

El informe anual de AI cuestiona la política de derechos de la Unión Europea

Félix Flores – Barcelona.- Por primera vez en cuatro años, el informe anual de Amnistía Internacional (AI), considerado un fiel indicador de los peores males de la humanidad, deja de centrarse en las consecuencias que la guerra mundial contra el terrorismo desatada desde el 11-S ha tenido en los derechos civiles e individuales en todo el mundo.

[Pinchando aquí puede leer la parte del informe anual de AI dedicado a España]

Las detenciones extrajudiciales, la prisión de Guantánamo, las restricciones a las libertades o los abusos llevados al absurdo en nombre de la seguridad – como obligar a un anciano a descalzarse en un control de aeropuerto- no han dejado de existir. Sin embargo, en el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aunque su secretaria general, Irene Khan, aprovecha para pedir "que los gobiernos se disculpen por el incumplimiento de los mismos", AI vuelve a poner el acento en geografías concretas.

China encabeza la denuncia: pena de muerte (470 ejecuciones confirmadas en el 2007), condenas a trabajos forzados de hasta cuatro años sin sentencia judicial, represión, censura, etc. Pero además, AI tiene en cuenta el papel de Pekín al apoyar a "gobiernos abusivos" en tres de los cinco "puntos calientes" del pasado año: Darfur, Zimbabue y Birmania. Los otros son la franja de Gaza – donde 330 palestinos fueron muertos en cuatro meses- e Iraq.

Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea no son eximidos de nada en el informe. La periodista y escritora iraquí Eman Khamas, invitada ayer a la presentación del informe en Barcelona, recordaba que "se habla de guerra civil" en su país, "pero no es una guerra civil, sino una guerra de ocupación de la que se benefician algunos iraquíes". "EE. UU. insiste en que la seguridad ha mejorado, y es una vil mentira – señaló-. La prueba es el envío de 30.000 soldados más a principios de año".

A Rusia se le pide que cambie la deriva marcada por Putin, que castiga la disidencia y persigue a las ONG, y en cuanto a la UE, se destacan tres aspectos: la Unión no es capaz de obligar a sus Estados miembros a rendir cuentas en materia de derechos humanos, debe investigar las complicidades en la entrega de sospechosos de terrorismo a EE. UU. (los vuelos de la CIA) y está restringiendo los derechos de los inmigrantes. País a país, además, el informe traza un mapa de la marginación de la minoría gitana.

"Los líderes de hoy deben mostrar la misma valentía y la misma amplitud de miras que tuvieron los de 1948 y predicar con el ejemplo – dijo Irene Khan en su conferencia de prensa en Londres-. Si ejercen su liderazgo, otros se sumarán al carro". Desde este prisma, y tomando como argumento los "países emergentes", AI valora positivamente algunos avances en México y Brasil, y la movilización de los abogados de Pakistán frente al régimen autoritario de Musharraf.

Respecto a China, cuya postura "ha hecho que muchos conflictos se prolonguen", según el presidente de AI en Catalunya, Pep Parés, "no exigimos más lo que China misma se comprometió a cumplir", que es avanzar en derechos humanos a propósito de los Juegos Olímpicos. "No nos importan los Juegos, que también – dijo Parés-, pero queremos que sirvan para que el Gobierno adopte posiciones democráticas".

VARAPALO PARA ESPAÑA

La petición de levantar el embargo de armas a China es una de las notas negativas de AI hacia España, así como que el Gobierno no facilite información sobre los 50 vuelos de la CIA "con origen o destino en Guantánamo" que "sobrevolaron el espacio aéreo o hicieron escala en territorio español entre 2002 y 2007". Destaca asimismo la dificultad de las mujeres víctimas de violencia para "obtener protección, justicia y reparación", en particular en el caso de las inmigrantes, que no denuncian por miedo a afrontar un proceso de expulsión. 48 de las 71 mujeres muertas en el 2007 eran extranjeras. Los demandantes de asilo y los inmigrantes irregulares confinados en centros de internamiento carecen de suficiente información y atención legal, mientras que a aquellos que son expulsados se les aplica un protocolo fuera de las normas europeas (y se cita el caso del nigeriano Osamuyia Akpitaye, atado y amordazado, que murió de asfixia). El maltrato policial, por último, "no es sistemático, pero sí ignorado".

La Vanguardia (28.05.2008)