La plataforma V de Vivienda se pasa al lado oscuro de la especulación urbanística

El colectivo plantea con ironía la construcción de una promoción de viviendas denominada ’Torres V’ en la plaza de Cibeles de Madrid

Juan Andrés Siles Rodríguez / bottup.com

Capacidad para albergar cerca de 5.500 viviendas, un moderno diseño en forma de V y una altura de 320 metros. Son las principales características de la promoción urbanística denominada ’las Torres V’ que pretende llevar a cabo la refundada ’Asamblea por la Precariedad y Contra la Vivienda Digna’, antigua plataforma ’V de Vivienda’.

La primera iniciativa urbanística del colectivo está basada en la “especulación social”, como solución eficaz para resolver la actual crisis del mercado inmobiliario en España. Para ello han creado una nueva tipología de vivienda protegida resumida en las siglas PUFO: Promoción Útil para Forrarse Oficialmente. Los costes de la construcción de las nuevas promociones correrán a cargo de las administraciones públicas, mientras que los beneficios serán para el sector privado, en este caso para ’V de Vivienda’.

Una acción llena de ironía

La puesta en marcha de esta campaña no significa que la plataforma ’V de Vivienda’ haya cambiado de objetivos o de bando. Todo lo contrario. Con esta nueva acción el colectivo pretende denunciar las nuevas políticas de los gobiernos de intervenir en el mercado inmobiliario privado para minimizar las pérdidas de las grandes constructoras y promotoras privadas. La denuncia y la movilización están salpicadas en este caso de una gran ironía y buen humor.

Así, a lo largo de este lunes, 26 de mayo, la plataforma V de Vivienda tiene previsto presentar el proyecto de las ’Torres V’ a las administraciones central, autonómica y local. Pretenden denunciar las nuevas políticas de los gobiernos de intervenir en el mercado inmobiliario para minimizar las pérdidas de las grandes constructoras y promotoras privadas Daniel Jiménez, portavoz de V de Vivienda: "Los partidos políticos han sido parte del problema y no han buscado soluciones, al contrario, han planteado medidas especulativas y no sociales"

En primer lugar van a facilitar toda la documentación a la ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, a la que van a solicitar el aval del Instituto de Crédito Oficial con el fin de obtener el dinero necesario para financiar el proyecto. Después los representantes de V de Vivienda van a tratar de reunirse con la presidenta de la Comunidad, de Madrid, Esperanza Aguirre, a la que van a reclamar que suba el precio máximo de las promociones con el fin de aumentar los beneficios económicos.

Por último, van a terminar la ronda política con un encuentro con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quien tiene que ser el encargado de recalificar el terreno donde la plataforma pretende edificar su primera promoción inmobiliaria, la plaza de la Cibeles, por la que pasa una Cañada Real.

El alquiler social y los derechos constitucionales

Daniel Jiménez, portavoz de la plataforma V de Vivienda, recuerda que en España hay 24 millones de viviendas para 45 millones de personas, por lo que el aumento de su precio no ha guardado una relación de mercado fijada por la oferta y la demanda, sino que ha existido un intervencionismo de los poderes públicos que ha incidido en el incremento de la inflación.

Jiménez culpa así a los partidos políticos que han estado en las administraciones, “ya que han sido parte del problema y no han buscado soluciones, al contrario, han planteado medidas especulativas y no sociales”. Como alternativa, la plataforma plantea un modelo social que tenga en cuenta las necesidades de la población. Así propone la posibilidad de sacar al mercado de alquiler el parque de viviendas vacías, estimado en alrededor de cinco millones de segundas residencias, controlando los precios que se pagan por ellas.

Además habría que gravar a los propietarios que se nieguen a ello y destinar el dinero recaudado con este nuevo impuesto a la construcción de viviendas sociales. Daniel Jiménez recuerda que el artículo 47 de la Constitución española insta a los poderes públicos a promover las políticas necesarias para impedir la especulación. Pero, sentencia, “se trata de un problema de corrupción política”.

Las apelaciones al cumplimiento de los beneficios fundamentales de la Carta Magna son frecuentes y en países como Francia comienzan a tener cuerpo. Recientemente, un juez galo ha reconocido el "derecho exigible a tener vivienda”.

En España las controversias judiciales también giran en otro sentido. El sábado, 24 de mayo, alrededor de medio millar de personas se manifestaban en Madrid para reclamar la absolución de nueve manifestantes detenidos hace dos años durante una sentada en contra de la especulación urbanística y a favor de una vivienda digna. La Fiscalía reclama hasta seis años de cárcel para cada uno de ellos.

larepublica.es (27.05.2008)