Las trampas del bilingüismo

Uno no sabe si la mejor receta política para este país es hoy el federalismo ni tampoco si el federalismo requiere el bilingüismo. De lo que estoy seguro es de que el fomento de las lenguas de España no se ha orientado tanto a fundar un Estado federal, como a hacerlo imposible. Uno se teme que, en este punto, los padres de nuestra Constitución pecaron de ingenuidad o de infundado complejo de culpa por los pecados franquistas. Bastantes no comprenden todavía que nuestros nacionalistas profesan un nacionalismo lingüístico, es decir, que su política lingüística ha sido y es el arma básica para resaltar su diferencia y lograr la secesión política anhelada.

Claro que el bilingüismo real entre nosotros se presenta en grados diversos, en unos lugares bastante y en otros casi nada. En el caso extremo, el catalán, al bilingüismo real se superpone incluso un monolingüismo oficial. Pero, en todos ellos, los partidos o Gobiernos nacionalistas del lugar han cultivado en exclusiva la llamada “lengua propia” (particular o peculiar), aunque fuera la “propia lengua” de pocos de sus habitantes. Esas políticas lingüísticas no han nacido, pues, del bilingüismo efectivo, sino de que no lo había en la cantidad deseable para los devotos de Arana o Pompeu Fabra y para que lo hubiera.

Por eso no puede ser indiferente al proyecto de un Estado federal el modo como se ha instalado, recuperado o reforzado tal bilingüismo. Se diría primero que esas políticas lingüísticas rivalizan en engañar a la ciudadanía por múltiples vías. Así, han extendido el indiscutible derecho de los hablantes de su lengua particular al más que discutible derecho de quien desea aprenderla por capricho. O sea, han subordinado necesidades más amplias, graves y urgentes de la población a necesidades imaginarias de una parte menor de esa población. Han apelado a razones históricas, como si el pasado —a menudo fabuloso— tuviera derechos sobre el presente. Han tratado como cosa propia de filólogos, historiadores o eruditos locales lo que es ante todo una cuestión de moral pública: de justicia lingüística. Han pretendido ignorar que el castellano no sólo es la lengua común de todos, sino también la más común en las comunidades dotadas de otra distinta. Y apenas quedan sedicentes progresistas que no hayan sucumbido a proclamas tan reaccionarias.

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