Nuestro centralismo fragmentado

Con frecuencia oímos afirmar que España es uno de los países más descentralizados del mundo. Que solo tres estados nos superan en tal aspecto. No he comprobado el dato, pero tampoco tengo motivos para dudar de que sea cierto. Al menos, si por «descentra-lizado» entendemos que las competencias y los recursos sean gestionados por adminis-traciones distintas de la central.
Pero, al fijarnos en qué órganos y administraciones administran esas competencias, así como en la filosofía con la que lo hace, tendremos que llegar a la conclusión de que tal descentralización no existe en realidad. Que España sigue siendo sobre todo un país centralista. Y que el régimen surgido de la

Transición lo único que ha hecho es frag-mentar tal centralismo, que es el que ahora ejercen los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
Si nos atenemos a la prolija taxonomía de las formas de estado, a España no le corres-ponde la denominación de «estado descentralizado» y sí la de «estado regionalizado». Las fórmulas que antes aplicaba el viejo estado centralista se han perpetuado a nivel territorial. Tenemos 17 pseudoestados que son centralistas en el fondo y en las formas. En los últimos 35 años, las competencias han salido de la administración central hacia esas autonómicas no para mejor servir a la ciudadanía, sino a unas élites políticas terri-toriales, ávidas de acumular poder. Y por tales élites no hay que entender solo a los na-cionalistas y regionalistas, sino a las que controlan a los partidos nacionales a nivel re-gional. Es significativo que a los líderes de estas últimas les den el nombre de «barones territoriales».
El poder se concentra en las capitales de las distintas CCAA. Y estas son mucho más que las sedes físicas de los gobiernos autonómicos. Son los centros de poder donde se toman todas las decisiones relevantes. Los núcleos por donde todo debe pasar a nivel administrativo y político, al menos en su territorio de influencia.
Pero ese centralismo fragmentado va mucho más allá de lo físico, de la concentración del poder en puntos concretos de la geografía. Porque esos 17 centralismos tratan, si no de ser el estado, sí de ser como el estado.
Es un proceso que se ha dado muchas veces a lo largo de la historia. En el pasado, los señores feudales buscaban imitar al rey y hacían todo lo posible para reproducir en sus castillos las cortes reales. No es casualidad que, en la Francia merovingia, el mayordomo —el maior domus, el señor principal— fuese la mano derecha del rey y que, por ese proceso de imitación, acabase en la Edad Moderna por designar al jefe de la servidum-bre en las casas de los ricos.
En una dinámica similar a la de los nobles respecto al rey, las administraciones autonó-micas han procurado reproducir el modelo del estado central. Eso nos ha llevado a par-lamentos regionales repletos de diputados, a grandes burocracias territoriales y a toda clase de órganos autonómicos que son, en muchos casos, una copia a escala de otros estatales. Hasta han clonado en parte la terminología y así se habla de presidentes y par-lamentarios autonómicos, por ejemplo.
Que las administraciones autonómicas hayan tomado al estado como espejo nos dice ya mucho de su orientación. Algunos preguntarán que ¿qué otros modelos podrían haber seguido? La respuesta es que, sin ir más lejos, el de los municipios.
Un ejemplo. Los parlamentos autonómicos están llenos de parlamentarios. Se invoca la necesaria representatividad del voto. Sin embargo, en los municipios, la representación y la eficacia se congenian gracias a la presencia de concejales con dedicación parcial, dado que la carga de trabajo en muchos ayuntamientos no justifica que todos los concejales se dediquen en exclusiva. Esos concejales con dedicación parcial votan, realizan ciertas tareas y cobran remuneración acorde a las horas que dedican al municipio. Es una fórmula de la que las CCAA han huido como la peste.
Además de clonar las fórmulas del estado —que fue centralista, no lo olvidemos—, las administraciones autonómicas tratan de acaparar todo el poder posible y, desde luego, de monopolizar el ejercicio de ese poder. Por supuesto, ni se plantean el descentralizar a su vez. Nada de trasvasar parte de su poder a entidades locales.
De hecho, lo primero que hicieron las administraciones autonómicas nacidas de la Tran-sición fue liquidar, lo antes posible, aquellas entidades locales que podían amenazar su ejercicio en exclusiva del poder. La supresión de la Corporación Metropolitana de Bar-celona es un ejemplo notorio en tal sentido.
Pero este centralismo fragmentado tiene todavía una dimensión más: la orgánica. Porque una de las características de las democracias es que disponen de órganos ajenos a los gobiernos, que garantizan el cumplimiento de la legalidad por parte de estos. Y, frente a tales órganos, la actitud de los gobiernos autonómicos ha sido a menudo la de tratar de anularlos, instrumentalizarlos o, de no poder nada de eso, deslegitimarlos ante la población.
Es una actitud que han compartido con varios gobiernos del estado central y que vendría a reforzar la idea de que la concepción del estado, por parte de las élites políticas espa-ñolas, es la centralista. Que lo que aquí se ha hecho no es una descentralización, sino una cesión de parcelas de poder.
A nivel de la administración central, recordemos cómo la desactivación de tales órganos comenzó casi en seguida. Cómo en tiempos de Felipe González se eliminó la indepen-dencia del poder judicial. Y cómo el proceso se puede decir que culminó con la neutra-lización total de órganos tales como el Banco de España (cosa que tuvo su cuota de cul-pa en la crisis bancaria) o el Tribunal de Cuentas, que han sido invadidos por vicarios de los partidos políticos y que han sido incapaces de ejercer su obligación de control y ga-rantía.
La actitud de los gobiernos autonómicos —en general, entiéndase siempre— no ha sido distinta a la del central. Y su argumento ha sido casi siempre idéntico: que las urnas le legitiman en sus colisiones con los órganos de control. Porque el plebiscitarismo des-quiciado de un Artur Mas, por poner un ejemplo, no sale de la nada. Ese tratar de arro-parse en los votos para soslayar o incluso vulnerar las leyes, para escapar al control de los órganos preceptivos, es algo a lo que han recurrido gobiernos estatales y regionales.
Podríamos seguir. Podríamos señalar cómo las élites políticas —regionales y naciona-les— se han esforzado lo indecible para colocar a su gente en toda clase de entidades y organismos. Ahí está el caso de las cajas de ahorros. Y lo hicieron, una vez más, invo-cando su «deber» de velar por algo que tenía dinero público. Ya hemos visto a qué clase de gente han ido colocando y cómo han velado por lo público.
También podríamos apuntar a la forma en que se han dedicado a crear una falsa socie-dad civil a golpe de subvención. Toda una trama de asociaciones, colectivos, empresas mantenidas con dinero público, más que sumisas, serviles a los designios del que paga, y que de rebote han impedido e impiden el crecimiento de una verdadera sociedad civil española.
Pero abundar en ello sería alargarse. Además, todo esto se mezcla con que las élites políticas son, además de centralistas, partitocráticas. Es decir, que ponen los intereses de grupo por encima de los intereses nacionales.
Y ¿cómo deshacemos este nudo gordiano sin recurrir a la espada de Alejandro? Porque tenemos un problema. La concepción centralista de las élites políticas territoriales les empuja a buscar más y más poder. Y eso pasa a su vez por la deslealtad institucional. No es que lo quieran —o sí—, es que se ven obligados a presentar al estado central y a los órganos de control como enemigos de los habitantes de su territorio. Tienen que mostrarse como los paladines de «los suyos» frente al estado y al conjunto de la ciuda-danía.
Lo han hecho y lo hacen. Y en muchos lugares les sale más o menos bien, no importa que hayan hundido a unas educación y sanidad públicas que, aunque no eran perfectas, si eran muy avanzadas.
Desde luego, poco sentido tiene seguir transfiriendo recursos y competencias a las CCAA. No hay nada que pueda contentar a las élites políticas locales. Como los náufra-gos que beben agua de mar, cuanto más beben, más sed tienen.
Y, desde luego, un cambio de denominación tampoco serviría de nada. Nombrar a Es-paña como «estado federal» es inútil aparte de banal. Sé que hay muchos prejuicios con-tra la Wikipedia, pero no me resisto a citarla, en una frase que muestra con encantadora simplicidad lo estéril de esa cortina de humo.
Dice: «Los estados regionales o descentralizados son estados con un pasado centralista, pero que progresivamente han otorgado mayor autonomía a las diversas regiones que los conforman. El grado de autonomía varía dependiendo del estado, y si el grado de autonomía es bastante elevado los estados regionales suelen ser considerados «federa-ciones de facto». En este caso la única diferencia entre el estado federal y el estado re-gional es el origen de las atribuciones: en los estados regionales el gobierno central ha cedido o devuelto algunos derechos y competencias a la región, mientras que en los estados federados son las regiones las que han cedido algunas de sus atribuciones al poder central».
Interesante, ¿verdad? España cae dentro de esa categoría de estado centralista que ha ido cediendo competencias. Llamarnos estado federal, aparte de bastante inexacto, solo serviría para halagar la vanidad de unos cuantos, que verían convertido su territorio en «estado». De rebote, daría armas a los separatistas, justo porque podrían hablar de ese terreno que ellos consideran su cortijo como de un «estado».
Necesitamos un cambio en orientación y objetivos. Que el trasvase de competencias no sea un cambalache entre grupos de poder y sí una reordenación para mejor servicio a la ciudadanía. Que los entes locales asuman competencias y que el estado recupera algunas que nunca debió ceder.
Pero sobre todo necesitamos un cambio mental. Los grupos políticos estatales y territo-riales, locales tienen una orientación centralista, de la misma forma que un rey, los du-ques, los condes, aunque «jueguen en distintas ligas» tienen todos una orientación feu-dal. Así que, mientras no se produzca ese cambio mental, no tendremos nada. España seguirá siendo un país centralista, aunque tal centralismo esté fragmentado.
Y hay algo más. La descentralización no debe ser tan solo territorial. No se trata solo de que las competencias se repartan a nivel nacional, autonómico y local (que pueden ser solo los municipios o también en entidades intermedias entre estos y las territoriales). Necesitamos una desconcentración del poder.
Se dice que, cuando el acuerdo entre PSOE y PP liquidó la independencia del poder judicial, Alfonso Guerra se permitió burlarse de los defensores de la separación de po-deres con un «Montesquieu ha muerto». Pues, si Montesquieu ha muerto, se ha reencar-nado en algo más grande. Porque si en el siglo XVIII había que defender la independen-cia de los tres poderes clásicos frente al absolutismo, ahora la cosa se ha vuelto más compleja.
Ahora, necesitamos algo más que una triple separación de poderes. Necesitamos diversos órganos independientes y profesionalizados que controlen a las distintas administra-ciones y den amparo a la ciudadanía ante posibles abusos.
Esa descentralización orgánica pasa por revertir ese camino que ha desactivado a insti-tuciones como el Banco de España y ha vuelto tan poco operativo al Tribunal de Cuen-tas. Y, por supuesto, tal vez sería además deseable que los territorios optasen por mode-los que no fueran la reproducción a escala de la estatal.
Si siguiéramos tal camino (u otros igual de válidos), podríamos empezar a presumir con motivos de ser un estado descentralizado (y fíjense que evito usar las palabras unitario o federal, porque creo que es una discusión estéril, como he apuntado más arriba). Y, además de descentralizado, sería también «desconcentrado» por la existencia de esos poderes garantes autónomos. Mientras tanto, todo cambio será maquillaje y seguiremos siendo un estado regionalizado que, en nuestro caso, será además de un centralismo fragmentado de 17+1.

León Arsenal
Crónica Popular, 17 de agosto de 2015

 

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