Cría cuervos. España en manos de CiU

Alternativa Ciudadana Progresista republica este artículo publicado originalmente en El Viejo Topo en marzo de 2011. Sus autores serán los ponentes de la conferencia ¿Independencia para Cataluña? que organiza ACP este jueves 8 de mayo.

Cartel conferencia

El resultado de las elecciones autonómicas de Cataluña del 28 de noviembre, con la debacle de la coalición gobernante de centro-izquierda y la victoria de Convergència i Unió, constituye un acontecimiento de enorme relevancia en un contexto multinivel. Sus consecuencias son muy importantes para las dinámicas políticas y económicas no sólo en el ámbito autonómico, sino también en los ámbitos español y europeo.

Como siempre en las elecciones autonómicas en la región, la participación electoral fue comparativamente baja y, en consecuencia, preocupante en términos tanto de apoyo a las instituciones como de calidad democrática: tan sólo emitió su voto un 60 por ciento de los ciudadanos con derecho a sufragio. Esta participación no sólo es mucho menor que en las elecciones generales en el mismo territorio, sino también muy inferior al promedio de participación en elecciones autonómicas en el conjunto nacional. Si se recuerda que la voluntad de autogobierno expresada por las fuerzas políticas catalanas durante la Transición es una de las principales razones de la descentralización del Estado en su conjunto, y que las fuerzas políticas hegemónicas en el territorio siguen invocando la supuesta voluntad de autogobierno de la “ciudadanía catalana” para exigir más competencias y recursos, la escasa participación ciudadana resulta cuando menos irónica.1
En estas elecciones, destaca sobre todo el éxito de CiU al superar tanto en votos como en escaños a la suma de las tres formaciones que gobernaban en coalición Cataluña desde 2003. También sobresale la mencionada debacle del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), que perdió casi un tercio de sus votos de 2006, y de sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que perdieron nada menos que la mitad de sus votos. El tercer socio de gobierno, la coalición electoral entre los postcomunistas de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) resiste algo mejor la caída, pues perdió únicamente una quinta parte de sus apoyos. Por otra parte, tanto el Partit Popular de Catalunya (PPC) como Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) lograron incrementar en un 20 por ciento sus votos, aunque sólo los conservadores tradujeron esta mejora en un incremento de sus escaños. Asimismo, una formación independentista de centro-derecha, Solidaritat Catalana per la Independència (SI), encabezada por Joan Laporta, antiguo presidente del Futbol Club Barcelona, y creada apenas unos meses antes de las elecciones, consiguió hacerse con un 3 por ciento de los votos y cuatro escaños. Por su parte, Reagrupament per la Independencia (RI), una escisión centrista e independentista de ERC, no alcanzó representación, como tampoco Plataforma per Catalunya (PxC), un partido con un programa electoral que apela al voto xenófobo y anti-inmigrante. Con todo, cabe destacar que las opciones explícitamente independentistas – ERC, SI y RI juntas– perdieron, en contra de ciertas predicciones, un diez por ciento de sus votos. Para interpretar estos resultados, nuestro análisis examina al mismo nivel causas tanto inmediatas como remotas y subraya sus consecuencias para la gobernación y la economía de Cataluña, España y Europa.  

El nivel catalán
En el ámbito catalán, somos testigos de una radicalización del movimiento nacionalista catalán, manifestación de una espiral de pretensiones, algunas ya logradas, que ha tenido lugar a lo largo de los siete años de un gobierno autonómico dominado por el PSC-PSOE en coalición con otras fuerzas territoriales de izquierda. Los socialistas llegaron al poder en Cataluña en el año 2003 tras 23 años de hegemonía nacionalista centro-derechista.
El candidato del partido socialista, Pasqual Maragall, ex alcalde de Barcelona y nieto del poeta catalanista Joan Maragall, logró destronar a la formación de Pujol y a su delfín Artur Mas. Lo hizo forjando una coalición –el gobierno del Pacto del Tinell o “tripartito”– con los independentistas de ERC y la coalición ICV-EUiA, consiguiendo la mayoría absoluta en el parlamento autonómico.
La piedra angular de la campaña de Maragall en 2003 fue la promesa de aprobar un nuevo y más robusto Estatuto de Autonomía. De este modo, tras una legislatura en la que CiU había mantenido el poder autonómico gracias al apoyo del Partido Popular, el futuro President pudo sorprender por la espalda a los nacionalistas de centro-derecha ganándoles en su propio terreno. El proceso de elaboración del nuevo Estatuto dominó el debate político a lo largo de la legislatura. Tras un largo y tortuoso proceso de obtención de un consenso parcial sobre un borrador aprobado  en el parlamento autonómico, con revisiones posteriores impuestas por el Congreso de los Diputados, el nuevo Estatuto se aprobaría vía plebiscito en julio de 2006.
Sin embargo, la polémica sobre el nuevo Estatut no terminaría con su aprobación, ya que el PP junto al Defensor del Pueblo y varias Comunidades Autónomas, recurrieron al Tribunal Constitucional. El alto tribunal se retrasaría nada menos que cuatro años en emitir su fallo. Mientras tanto la decisión pendería como espada de Damocles sobre la nueva cabeza de un reeditado tripartito.
En esta última legislatura (2006-2010) el gobierno autonómico fue presidido por un gris pero diestro apparatchik, José Montilla, antiguo alcalde de Cornellà, localidad obrera y abrumadoramente inmigrante y castellanoparlante, fiel reflejo del núcleo duro de los votantes del partido en la región y de los orígenes del propio interesado. Montilla, con un deficiente acento en catalán, unido a sus orígenes y apellido andaluces, no logró representar de modo convincente, ni para los nacionalistas ni tampoco para los no-nacionalistas, la encarnación de la supuesta voluntad del “pueblo catalán”. No obstante, sí consiguió mantener intacta la coalición gobernante entre los socialistas y Esquerra.
Finalmente, en julio de 2010, el Tribunal Constitucional falló en contra de varias de las cláusulas más polémicas del Estatuto. En los meses que precedieron y, sobre todo, en los que sucedieron a esta decisión se multiplicaron las presiones, el enfado y, por último, la agitación de los nacionalistas. Hasta tal punto aumentó la movilización de los sectores nacionalistas en contra del “insultante” veredicto que el propio Montilla, no queriendo ser sumergido por la ola, quiso subirse a la cresta encabezando formalmente una manifestación que se preveía multitudinaria. Prescindiendo por el momento de valorar la conveniencia para su partido y la representación de sus votantes, esta decisión significó un alarde de grave deslealtad institucional hacia el máximo órgano garante del orden constitucional, ya que Montilla actuó en su capacidad nada menos que de Presidente de la Generalitat y, por tanto, máxima autoridad del Estado en el territorio.
Sin embargo, la masa de sus seguidores se abstuvo de asistir, como también lo haría en las elecciones cuatro meses después, ahorrando sus energías para agitar otra bandera al día siguiente, cuando “la roja” –la selección nacional de fútbol– ganó por primera vez la Copa del Mundo. Para más inri, si las bases populares de Montilla apenas estuvieron allí para apoyarle el día de la manifestación, los nacionalistas catalanes que sí se congregaron tampoco estaban excesivamente entusiasmados, recibiendo con abucheos e incluso con algún conato de violencia al charnego asimilado; insinuaciones de violencia lo suficientemente explícitas como para que el Presidente autonómico decidiera huir escudándose con sus guardaespaldas.
A la postre, el comportamiento seguidista del PSC y ERC en esta movilización de autoafirmación nacional organizada en realidad por una supuesta “sociedad civil catalana” dominada por CiU, se ha mostrado completamente contraproducente para los intereses electorales tanto del PSC como de la izquierda independentista. Si el gobierno del Tripartit podía presumir de sus logros en políticas progresistas y llevar así la confrontación electoral con CiU al terreno que más beneficiaba a la coalición gobernante y más interesa al conjunto del electorado catalán –la contraposición entre izquierda y derecha– la agitación nacionalista tan sólo cuatro meses antes de las elecciones autonómicas contribuyó decisivamente a centrar el debate público en términos nacionalistas. Este “enmarcado” de la campaña electoral ha favorecido claramente a CiU y a la candidatura secesionista de Joan Laporta al alejar de las urnas a los electores de identidad española.
Tras este arduo y polémico proceso, las aspiraciones del movimiento nacionalista han aumentado. En este sentido, es importante destacar que esta espiral de demandas nacionalistas no puede ser atribuida sólo al conflicto sobre el nuevo Estatuto. En realidad es el producto de treinta años de políticas de construcción nacional desde las instituciones autonómicas (nation-building autonómico). Políticas que se han desarrollado principalmente por medio del sistema educativo obligatorio así como de la regulación y las subvenciones masivas a los medios de comunicación bajo control del gobierno autonómico.2 Este proceso de construcción de la nación ha sido reforzado, asimismo, por una política de empleo público, en las administraciones autonómicas y locales, de los que se han beneficiado primordialmente los estratos medios autóctonos de una población etno-lingüísticamente heterogénea; en gran parte, merced a los prerrequisitos lingüísticos para trabajar en el sector público.3
Cabe señalar dos importantes consecuencias de este proceso. Por una parte, un alejamiento de los ciudadanos que tienen el catalán por lengua materna –esto es, algo menos de la mitad de la población– de la cultura, el idioma y la identidad españolas, lo cual conlleva una exacerbación de sus inclinaciones nacionalistas. Por otra parte, un alejamiento de los ciudadanos castellanoparlantes de las instituciones catalanas, lo cual provoca una cierta alienación política que se manifiesta periódicamente en una elevada tasa de abstención electoral en los comicios autonómicos catalanes que es mucho mayor de la que se produce en elecciones nacionales.4 Ésta es una de las principales causas de que en las elecciones autonómicas CiU tienda a ser la fuerza más votada mientras que en las elecciones generales, en las circunscripciones catalanas, lo sea el PSOE.
El sistema de partidos autonómico también ha contribuido a la consolidación de la hegemonía del movimiento nacionalista en la comunidad. Esto se debe, en primer lugar, a que exhibe todas las características básicas de un “cártel” cerrado –incluyendo fuertes barreras a la competencia genuina gracias al régimen electoral, subvenciones a los partidos con representación parlamentaria, acceso privilegiado (y restringido) a los medios de comunicación, y cooperación formal e informal entre supuestos partidos rivales.5
Estas características de “cártel” están reforzadas por la cooptación y la socialización institucional de los pocos “nuevos catalanes” de movilidad ascendente que logran penetrar en las esferas de la vida pública catalana, dominada por los nativos. La evidencia científica existente demuestra una marcada diferencia en creencias, valores y sentimientos nacionales entre la elite política y la ciudadanía. El nacionalismo catalán y el consiguiente desapego a España de los parlamentarios y concejales de los principales partidos –en particular, CiU y PSC– son mucho más intensos que los de sus propios votantes.6
Los siete años de gobierno del PSC con ERC no han cambiado esta dinámica sostenida durante décadas. De hecho, un elemento de particular importancia, en el que cabe identificar una importante causa de la caída del tripartito, es que, durante todo este tiempo, los gobiernos de Maragall y Montilla, inducidos tal vez por sus aliados de la izquierda independentista, dejaran el control de TV3 y Catalunya Radio en manos de los mismos periodistas orgánicos de CiU que coparon y dirigieron estas cadenas durante los 20 años anteriores.  
Así pues, la escalada en la intensidad de la agitación nacionalista y el aumento de la estridencia de sus demandas asociadas con el conflicto sobre el nuevo Estatuto pueden interpretarse, desde una perspectiva histórica más amplia, como el fruto de más de una generación de hegemonía nacionalista en la comunidad. Las políticas de “reconstrucción nacional” tan meticulosamente formuladas e implementadas por primera vez por los gobiernos de Jordi Pujol y continuadas por sus sucesores del “tripartito” han radicalizado con eficacia el núcleo de los estratos medios nativos de la comunidad.7
El largo conflicto sobre el Estatuto y su destino a manos del Tribunal Constitucional será el principal legado del periodo 2003-2010, el cual pasará a la historia como un mero paréntesis en la hegemonía nacionalista de centro-derecha. Después de la sentencia CiU emergió reforzada en las encuestas y, tras su victoria del domingo 28 de noviembre, regresa al poder, habiendo centrado su campaña en la necesidad de alcanzar una cota más alta de autonomía fiscal.

El nivel español
Comprender el significado completo de las recientes elecciones catalanas requiere también una perspectiva que va más allá de las pautas de conflicto y consenso políticos en la región: la dinámica catalana no se comprende sin situarla en el contexto español. El nacionalismo catalán, sobre todo en la versión centroderechista de CiU, no sólo ha desempeñado un papel hegemónico en Cataluña, sino que ha resultado decisivo para la tarea de gobernar en Madrid.
Durante la transición a la democracia, CiU apoyó los gobiernos minoritarios de Adolfo Suárez entre 1977 y 1982. Tras el colapso de Unión del Centro Democrático en 1982, el PSOE de Felipe González dominaría la escena política española durante más de una década gracias a la obtención de mayorías absolutas parlamentarias durante tres legislaturas consecutivas. A lo largo de esta etapa, la relación entre el PSOE y CiU tuvo varios altibajos; sobre todo durante la primera mitad de la década, cuando estallaron serias disputas ante el intento del gobierno central de imponer su propio modelo de autonomía regional limitada por medio de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).
Estas tensiones se aliviarían tras una decisión del Tribunal Constitucional que echó por tierra algunos de los elementos “armonizadores” y/o “recentralizadores” más polémicos de la LOAPA: aquéllos que amenazaban con presentar las trabas más importantes para la consecución de los intereses y aspiraciones más ambiciosos de los nacionalistas catalanes. Después de la sentencia se abrió paso una especie de tregua. Durante su transcurso, el PSOE de González y la CiU de Pujol concentraron sus energías en consolidar su dominio sobre sus respectivos niveles de poder –éstos, el autonómico, y aquéllos, el central y, en territorio catalán, el municipal. Mientras tanto, el gobierno de Pujol recurriría con asiduidad al Tribunal Constitucional, en una táctica sumamente eficaz para consolidar y extender las competencias y recursos de las instituciones autonómicas que presidía.8 Así pues, se puede considerar la segunda mitad de los ochenta como la edad de oro del Estado de las Autonomías en términos de relación centro-periferia, una época en la que se exportaba a otros países el “modelo español” como paradigma de la acomodación con éxito de las minorías etno-lingüísticas territorialmente concentradas.
Sin embargo, a principios de los años noventa, las relaciones centro-periferia empeoraron y la estabilidad del “modelo” comenzó a desbaratarse. Con el telón de fondo de escándalos por corrupción generalizada y terrorismo de Estado y en condiciones de malestar económico, en 1993 el PSOE únicamente pudo mantenerse en el poder a través de un acuerdo de estabilidad gubernamental con CiU. Este acuerdo significaría los primeros compases de un proceso complejo de reconfiguración de la estructura territorial del Estado en el cual el equilibrio entre presiones centrípetas y centrífugas se inclinaría decisivamente a favor de las últimas. Para entender esta reconfiguración, es necesario identificar los rasgos principales del sistema de partidos español.
España tiene un sistema multipartidista con fuertes tendencias bipartidistas. Dada la naturaleza de las fracturas (cleavages) asociadas con la estructura socio-económica y cultural del país, sin embargo, es muy difícil que un partido político obtenga una mayoría absoluta en el Parlamento. Es más, dado el régimen electoral, no ha surgido ningún partido centrista de ámbito estatal capaz de cumplir el papel de partido bisagra que determine el equilibrio de fuerzas y mayorías parlamentarias. La ley electoral ha sido objeto de varias tentativas de reforma.9 Las propuestas más recurrentes han perseguido reducir las distorsiones en la representación para partidos de tamaño mediano o pequeño de ámbito estatal, tales como Izquierda Unida, Centro Democrático Social, y Unión, Progreso y Democracia. Más recientemente, estas propuestas han hecho mención explícita al propósito de asegurar la gobernabilidad del Estado sin tener que depender del apoyo de fuerzas que son, como mucho, semi-leales a la integridad territorial y la cohesión de España. Con todo, las formaciones políticas que en tal escenario perderían más desde una perspectiva puramente sectaria –es decir, los dos partidos principales de ámbito estatal, junto a los partidos nacionalistas periféricos dominantes en Cataluña (CiU) y el País Vasco (PNV)– se han aliado para bloquear estos intentos.
A consecuencia del bloqueo a la reforma electoral, en cuatro de las cinco legislaturas de los últimos diecisiete años, el apoyo de partidos nacionalistas periféricos –principalmente CiU y ERC– ha resultado conveniente o incluso imprescindible para asegurar la estabilidad gubernamental. Esta dependencia semiestructural del gobierno central con respecto a las fuerzas nacionalistas periféricas ha dado a las mismas una poderosa posición para negociar cotas cada vez más altas de autogobierno, más recursos financieros y más garantías de “no-interferencia” en los asuntos autonómicos, a cambio de facilitar la estabilidad gubernamental.
Quizás los ejemplos más dramáticos de este tipo de dependencia semiestructural sean los que se dieron en las negociaciones postelectorales de 1993 y 1996 para nombrar a un nuevo Presidente del Gobierno. En ambas ocasiones los nacionalistas de CiU pudieron arrancar concesiones en términos de recursos financieros. En 1993 consiguieron una garantía de un mínimo del 15% del impuesto sobre las personas físicas (IRPF) para el presupuesto del gobierno autonómico. Tres años más tarde, después de que el PP de José María Aznar hubiera hecho campaña contra los socialistas por lo que denunciaba como excesivas concesiones a los nacionalistas periféricos, y tras obtener una mayoría simple en los comicios generales de 1996, Aznar se prestó a concederles el doble. En 2000 el PP alcanzó la mayoría absoluta, y la legislatura se caracterizaría por una postura nacionalista española militante que descartaba de manera tajante más concesiones. A su vez, la abierta hostilidad del gobierno central provocó la ira y la agitación de los nacionalismos periféricos en Cataluña, País Vasco e incluso Galicia.10
Empero, cuatro años más tarde, la dependencia semiestructural de las fuerzas nacionalistas periféricas regresaría. En las elecciones generales de 2004, el candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió que apoyaría el proyecto de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este proyecto había sido el elemento central y unificador para la construcción de la primera coalición de gobierno de centro-izquierda en la región, una coalición que dependía crucialmente del apoyo de ERC. Pues bien, la alianza entre el PSOE y ERC resultaría en lo esencial transferible del nivel autonómico al nivel central, ya que ERC brindaría apoyo al gobierno de Zapatero tanto a lo largo de la legislatura de 2004-2008 como durante la mayor parte de esta última legislatura.
Desde el restablecimiento de la democracia en España, las pautas de consenso y conflicto en el sistema de partidos se han estructurado sobre dos fracturas principales: “izquierda-derecha” y “centro-periferia”. Debido al legado de la Guerra Civil, en la España postfranquista el eje “izquierda-derecha” incorpora tanto el conflicto entre trabajo y capital como el conflicto entre valores católicos y valores seculares.11 Aun así, tal y como ha sido documentado en diversos estudios electorales, hasta ahora el eje “centro-periferia” de competencia partidista había permanecido esencialmente independiente de la dimensión izquierda-derecha.12
Bajo la dirección de Rodríguez Zapatero, la estrategia del PSOE para alcanzar la hegemonía ha incluido la táctica de forjar una coalición con el mayor número posible de partidos nacionalistas y regionalistas, consiguiendo arrinconar efectivamente a los conservadores españoles.13 Así, el PP ha quedado como la última y única fuerza– junto con una única diputada de UPyD– que defiende inequívocamente el statu quo en lo que se refiere a la estructura territorial del Estado. Más aún, el PP ha adquirido, en cierta forma, un monopolio del uso de los símbolos nacionales españoles en el espacio público; pero este monopolio no se debe tanto a un esfuerzo por eliminar la competencia sino a la retirada del potencial competidor. En consecuencia, podría argumentarse que el movimiento del PSOE hacia un entendimiento y estrecha colaboración con un amplio conjunto de partidos subestatales y hacia un modelo –siempre indefinido pero abierto– de mayor descentralización fundiría, de algún modo, en uno solo los dos ejes del conflicto político y la competencia interpartidista de la España contemporánea.
Como cabía esperar, la estrategia del Presidente ha provocado una oposición intensa por parte del PP, y también bastante disconformidad en el seno de su propio partido. De hecho, durante sus dos mandatos, Zapatero ha arriesgado gran parte de su capital político en perseguir esta estrategia. Por tanto, los temas relacionados con la distribución territorial del poder y con la identidad nacional española han desempeñado un papel central en las disputas entre los dos partidos principales, llegando a dominar el debate político y a situarse así en el epicentro de la lucha entre gobierno y oposición.
La postura del Gobierno ha resultado incomprensible e incluso alienante para las inquietudes y sentimientos de amplios segmentos del pueblo español que se preocupan por la cultura común y la cohesión nacional y desean la solidaridad entre sus regiones. Estos segmentos comprenden también partes sustanciales de las poblaciones de Cataluña y País Vasco, las cuales han nutrido de activistas las filas de nuevos partidos single-issue (monotemáticos) dedicados casi en exclusiva a la defensa de la unidad española, dentro de plataformas decididamente centristas, de cuño liberal con elementos progresistas. La capacidad de Ciutadans, en Cataluña, así como de Unión, Progreso y Democracia, en el País Vasco y en el Congreso de los Diputados, para superar los formidables obstáculos a la representación establecidos por los sistemas de partidos “cártel” operativos a nivel autonómico y central, es suficiente evidencia de la profundidad del descontento, hasta desafecto, respecto de los partidos mayoritarios, entre amplias capas de la ciudadanía.
Mientras tanto, en el año 2008 España se encontró, de repente y de lleno, en medio de la actual crisis económica. La crisis implica una tasa de paro del 20% de la población activa, una caída de los precios de la vivienda, con más de un millón de unidades sin vender y, por ende, una crisis que va mucho más allá de lo coyuntural para un sector tradicionalmente básico de la economía del país como el inmobiliario. Desde que se destapó la crisis, justo después de ganar las elecciones generales, el gobierno del PSOE ha sufrido una dramática y vertiginosa crisis de popularidad. La rapidez y la profundidad de esta caída de su apoyo en las encuestas no tienen precedentes en la historia del socialismo español.
La situación es dramática; pero a grandes males, grandes remedios. Los estrategas del PSOE se han puesto en marcha para no dar por perdida de antemano la batalla de 2012. No sólo van a procurar salvar los muebles, asegurándose un futuro rol de oposición fuerte en el Parlamento, sino también, si es posible, permanecer en La Moncloa. La ecuación para lograrlo constaría de dos términos: recuperación económica acelerada por medio de políticas neoliberales de austeridad financiera y desregulación del mercado de trabajo, para recuperar el crecimiento y generar empleos que levanten su popularidad, por un lado; y alianza con el centro-derecha catalán y vasco, por el otro. Esta alianza aseguraría la mayoría parlamentaria necesaria en la hipótesis de lograr, en el mejor de los casos, una mayoría simple o incluso un empate técnico. En realidad, el segundo término de la ecuación es inseparable del primero, ya que las políticas económicas y sociales neoliberales son inasumibles para la izquierda plural que ha dado respaldo durante una legislatura y media al ejecutivo. Esta maniobra se ha completado ya en sus dos términos, puesto que para la aprobación de los presupuestos de austeridad en 2011 se ha sustituido abruptamente la alianza con la izquierda plural por el respaldo del PNV a la espera de lograr el antaño acostumbrado apoyo de CiU.
Las intenciones del PSOE no han pasado inadvertidas al Partido Popular. De modo llamativo, desde que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán, los conservadores han abandonado por completo su actividad de agitación españolista, guardando un prudentísimo silencio incluso ante las protestas nacionalistas y respecto a algún que otro exabrupto, rayano en la deslealtad institucional, que en Cataluña siguieron al fallo del alto tribunal –v.g. la propuesta de ERC de no acatar la sentencia a pesar de tener cinco consellers en el gobierno catalán. Su paquete electoral consiste, simplemente, en ofrecer una imagen de gestores eficientes y moderados con algún guiño hacia un amplio espectro del electorado reacio a la gran presencia de inmigrantes internacionales en un contexto de recesión y desempleo masivo.14 Incluso en la campaña electoral catalana, el PP ha dejado en segundo plano algunos de sus temas de campaña tradicionales, como la defensa de la unidad nacional y los derechos lingüísticos de la mayoritaria población castellanohablante de la región.
Esta súbita moderación de los conservadores españoles ha encontrado un perfecto reflejo en el centro-derecha nacionalista catalán de CiU. El 10 de julio sus dirigentes, cuadros, clientes y simpatizantes inundaron el barcelonés barrio del Eixample blandiendo un supuesto derecho de autodeterminación nacional (el dret a decidir). En contraste, desde el inicio de la larga pre-campaña electoral se ha caracterizado por la misma imagen de gestores eficaces y ponderados de modales suaves que el PP. Como mucho se han atrevido a plantear la aspiración de obtener para Cataluña un régimen fiscal privilegiado, de concierto económico o cupo, semejante al del que gozan los vascos y navarros: es decir, una demanda puramente económica y pragmática, exenta –al menos a primera vista– de esencialismos etno-lingüísticos e identitarios. Así las cosas, ahora CiU adopta la hipócrita pose que le permitirá escoger entre sus rendidos pretendientes sin que éstos tengan que dar excesivas explicaciones a sus familias.

El nivel europeo
España está en el punto de mira europeo. La que es la cuarta economía del euro y quinta de la Unión Europea ha sido objeto de una pérdida de confianza de los mercados financieros mundiales, en parte espoleada por maquiavélicos especuladores financieros, la cual genera así una más que comprensible inquietud entre sus socios continentales. Durante la década de crecimiento vertiginoso a lomos del sector de la construcción y de la especulación inmobiliaria que, en algunos indicadores macroeconómicos, situaría a España como octava economía mundial, el mercado interbancario europeo, encabezado por las entidades financieras germanas, proporcionó crédito prácticamente ilimitado a la banca española que financiaba semejantes operaciones de riesgo. El parque de vivienda, mayoritariamente de segundas residencias ubicadas en zonas potencialmente turísticas, atractivas para los jubilados y rentistas de la Europa central y septentrional, y que se encuentra en espera de un comprador que nunca llega, excede el millón de unidades. Pues bien, junto a la capacidad de inversión española, también están atrapados grandes fondos de inversión europeos.
El grado de endeudamiento de las empresas y entidades financieras españolas asusta a las entidades a las que deberían recurrir inmediatamente para financiar los proyectos de inversión alternativos que podrían relanzar la economía nacional desde su propio seno. Por su parte, el capital extranjero emparedado en las moles urbanísticas de la costa española disuade a potenciales inversores transnacionales de apostar una vez más por España como localización de nuevas aventuras empresariales.
La relevancia de las elecciones catalanas, por tanto, trasciende con mucho el ámbito local e incluso nacional para captar la máxima atención de analistas y decisores en las bolsas de Frankfurt y Nueva York. Tras las crisis de financiación del sector público griego y del sector financiero irlandés, dada la magnitud del endeudamiento privado español, y la consiguiente limitada posibilidad de emprender nuevos proyectos con iniciativa privada interna, los gestores de la moneda única están naturalmente muy preocupados por las consecuencias de una política de estímulo económico keynesiana. Esta política, basada en un necesario endeudamiento público, podría tener consecuencias impredecibles para la valoración del euro y, por tanto, para su poder de compra en las importaciones de hidrocarburos y otras materias primas imprescindibles para el funcionamiento de la maquinaria industrial centro-europea.
Pues bien, los grandes mercados financieros de occidente pueden respirar tranquilos. La posibilidad virtual de una política de inversión pública ya ha quedado del todo descartada: puesto que la centro-derechista formación nacionalista Convergència i Unió tiene en su poder las llaves de la gobernabilidad; cualquier anterior veleidad progresista de alianza entre el PSOE de Rodríguez Zapatero y la izquierda plural, hecha de postcomunistas y nacionalistas de izquierdas, ya es agua pasada y no mueve molino. Parece cierto que, para los españoles que aún se emocionan con “la roja” se avecinan inexorablemente tiempos de mayor perplejidad y ansiedad ante el incesante declive de la cohesión interna. Mas, de cara al exterior, no hay cuidado: Convergència i Unió garantiza la disciplina presupuestaria con arreglo a las directrices, hasta las más rígidas y detalladas, de Frankfurt y Bruselas.  

El Viejo Topo nº 278. Marzo de 2011
Enric Martínez Herrera y Thomas Jeffrey Miley

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Enric Martínez-Herrera es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo (Florencia). Profesor en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
Thomas Jeffrey Miley es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale. Profesor en la Universidad de Cambridge.

•    Agradecemos los comentarios de Maider Rodríguez y Javier Asensio. El primer coautor agradece el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y la European Science Foundation a través de la acción complementaria de apoyo al proyecto de investigación “Citizenship after the Nation State?” (CANS) (SEJ2007-30242-E/SOCI).
1.  La participación en las elecciones al Parlamento de Cataluña desde 1980 ha oscilado entre el 56 y el 63 por ciento. Como promedio, la abstención electoral ha sido 12 puntos mayor en las elecciones autonómicas que en las generales . Ferrer, Galais, y Pallarés, 2008. Y Pallarés, 2010.
2.  Martínez-Herrera 2002, 2009; Martínez y Miley 2010. Para los perfiles lingüísticos e identitarios del profesorado de enseñanza secundaria pública en Cataluña, véase Miley 2006.
3.  Véase Matas 1995.
4.  Para la abstención diferencial, véanse Riba 2000, Fernández Martí y López 2010 y Pallarés 2010.
5.  Para el concepto de partidos “cártel”, véase Katz y Mair 1995.
6.  Miley 2006; Martínez y Miley 2010.
7.  Martínez 2002, 2009; Martínez y Miley 2010.
8.  Sala 2010.
9.  Sobre el régimen electoral español, véase Montero 2000; Urdánoz 2008; Pallarés 2009.
10. Aguilar y Ballesteros 2005; Martínez y Miley 2010.
11. Sani y Montero 1986.
12. Pallarés, Virós y Canals 1991; Padró-Solanet y Colomer 1992; Riba 2000.
13. El PSOE ha sido tan eficaz en su aproximación a los partidos regionalistas como para lograr socavar y, finalmente, en 2008, romper, el acuerdo de estrecha colaboración que había existido desde 1991 entre el PP y Unión del Pueblo Navarro, el partido de centro-derecha que gobierna Navarra.
14. Sin embargo, los 75.000 votos obtenidos por Plataforma per Catalunya (PxC) parecen indicar que los catalanes xenófobos han preferido el original a las imitaciones. Aunque el PPC y, después, CiU trataron de emular, aunque con cierta autocontención, las propuestas de PxC, esta táctica parece haber contribuido a normalizar el discurso y la opción electoral xenófoba que lanzó el tema en primer lugar y que, por tanto, tiene mayor credibilidad en su propuesta (de acuerdo con los modelos de voto de issue ownership).

 

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