Las desigualdades en Cataluña

Llevamos mucho tiempo, tal vez demasiado, centrando nuestra atención y poniendo el foco mediático en el plan soberanista para Cataluña y en las cuestiones colaterales del proceso (fecha de la consulta, pregunta a realizar, reacciones nacionales e internacionales sobre la cuestión, balanzas fiscales, etc.) y, sin embargo, hay vida y suceden cosas más allá, aunque algunos prefieran ignorarlo.

Quizá por eso me ha parecido especialmente oportuno, además de muy interesante, el informe recientemente publicado por Intermón Oxfam sobre la pobreza en el mundo. Según el citado informe, las cifras son demoledoras: la crisis, además de haber aumentado las diferencias sociales, ha acentuado la concentración de riqueza en cada vez menos manos. Las 85 personas más ricas del planeta, tienen tanto dinero como los 3.570 millones de personas que menos recursos tienen en el mundo.

Pero es que el 1% de la población mundial acumula la mitad de la riqueza. De forma simultánea, se da la paradoja de que en los países más ricos hay bolsas cada vez más amplias de pobreza extrema y, en los más pobres, élites que concentran la mayor parte del PIB del país. Para más inri, gran parte de esa riqueza la acumulan unas pocas manos y ni siquiera tributa, ya que está a buen recaudo en paraísos fiscales.

En España, tenemos el dudoso honor de ser el segundo país de Europa en desigualdades, tan sólo nos supera Letonia. La crisis no ha hecho sino aumentar las diferencias: antes de 2008, el 20% de los españoles más ricos ganaba 5,3 veces más que el 20% más pobre; en 2011 esa cifra había aumentado hasta 7,5 veces.

Lamentablemente, en Cataluña, las cosas no son muy diferentes. Según indica un brillante estudio de la Fundación Rafael Campalans, entre 2006 y 2011 el incremento de privación material (se considera privación material aquella situación que impide a las personas participar en la sociedad en que viven) ha sido muy considerable y ha pasado de afectar del 7,5% al 21,6% de la ciudadanía, y la privación material más severa ha pasado del 2,9% al 8,2%. Los más afectados por este estado de cosas son dos segmentos de población. Por una parte, aquellos que antes de la crisis ya vivían en situación de pobreza y que ahora son más pobres y, por otra, aquellos que hasta 2008 se consideraban clases medias, pero al quedar parados han tenido que acudir a los servicios sociales municipales. Éstos son conocidos en el argot como «los nuevos pobres».

El paro es la gran lacra social de nuestro tiempo y, a la vez, el motivo principal de que gran parte de aquellos que antes de la recesión eran clases medias hayan pasado a engrosar las listas de los considerados pobres. Hoy en día, en Cataluña, convivimos con un 22,84% de paro, tan sólo 3,14 puntos menos que en el conjunto de España. Además, los de larga duración ya superan el 60% del total y casi 140.000 catalanes no reciben ningún tipo de prestación. El segundo elemento que hace que la pobreza se dispare en nuestro país son las deudas por vivienda. Sin un salario y sin subsidios, es materialmente imposible hacer frente a una hipoteca y muchas veces ni tan siquiera a un alquiler.

Por otra parte, los datos publicados por el Consejo del Poder Judicial, son evidentes: de 58.421 ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en España en el año 2011, 6.789 se realizaron en Cataluña. Y un dato muy llamativo: el 15,5% de los catalanes tiene pagos pendientes relacionados con la vivienda. En cambio, en 2006 ese porcentaje era del 5,5%.

Ciertamente, la crisis es el gran caldo de cultivo de esta situación. No obstante, parece lógico pensar que en situaciones de este tipo es cuando las instituciones deben estar más cerca de los ciudadanos y extender una red lo más amplia posible para evitar la caída en el pozo de la marginalidad de ciudadanos que tenían la vida, en apariencia, encauzada.

Sin embargo, en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, el Gobierno de la Generalidad de manera unilateral decide, en el mes de agosto de 2011, convertir la renta mínima de inserción en una ayuda en vez de un derecho, que es como se consideraba a ésta en esa fecha. Además, se establece un límite de perceptores (18.000 como máximo) y se recorta la dotación presupuestaria, pasando de 170.468 euros en 2011 a 130.000 en 2012. O dicho de otra manera: la prestación económica pasa de 480 euros en 2009 a 468 en 2012.

En estas circunstancias, la lucha contra la pobreza ha de ser una prioridad para el Gobierno de la Generalidad, sea cual sea su color. Las cifras son escalofriantes, basta darse una vuelta por la periferia de las ciudades para comprobarlo. No es cierto que desde las administraciones no se pueda hacer nada. Se puede y se debe hacer mucho. En el Parlamento autonómico de Cataluña se acaban de aprobar unos presupuestos que superan con creces los 30.000 millones de euros y eso es mucho dinero que bien administrado da mucho de sí.

Los presupuestos son una de las herramientas más importantes de las que dispone un gobierno. Y con las cuentas públicas se debería hacer una redistribución de la riqueza justa y equitativa, haciendo que una prestación sea un derecho y no como hacen algunos, que las convierten en limosnas humillantes. No por casualidad Winston Churchill solía decir: «decidme qué presupuestos aprobáis y os diré qué políticas hacéis».

Bernardo Fernández fue diputado autonómico por el PSC entre 1999-2006

Bernardo Fernández, Crónica Global, 12-02-2014

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