La Marea Blanca ha presentado esta mañana en el Teatro del Barrio, en Madrid, la campaña ’Yo elijo 100% pública’, una iniciativa que pretende “tratar de frenar las derivaciones de pacientes a la privada”, algo que, según aseguran desde del colectivo, «está fomentando el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty».
DISO Press.- El objetivo es que los ciudadanos se opongan a ser atendidos en centros privados cuando les deriven a éstos desde los servicios de adjudicación de cita médica.
Desde las organizaciones que integran la Marea consideran que esta práctica del Gobierno regional no es más que “la privatización encubierta de la sanidad”, y una manera de fomentar “el negocio de la privada”. Durante el acto, un profesional de la medicina y un paciente han contado cómo consiguieron mediante diversas reclamaciones que le atendiesen en un centro público en un corto plazo de tiempo. Además, tras el relato de esta experiencia, se ha visionado el cortometraje creado para dar apoyo a esta campaña, dirigido por Julián Núñez y producido por la Coordinadora de Trabajadores del Espectáculo de forma altruista “con el fin de contribuir a a la defensa de una sanidad 100% pública”. En la pieza, además de animar a los ciudadanos a que rechacen las derivaciones, se pide a los pacientes que exijan “una atención de calidad y en plazos razonables”.
Para que la campaña tenga éxito, diferentes colectivos y organizaciones integrantes de la Marea Blanca van a repartir un folleto por los centros sanitarios en el que exponen algunas posibles soluciones para los ciudadanos que no quieran ser derivados a la privada. En el mismo, indican: “Cuando tu médico te solicita una prueba diagnóstica (ecografía, TAC, resonancia magnética, endoscopia, mamografía, etc.), o te incluyen en una lista de espera quirúrgica, es muy probable que recibas una llamada telefónica diciéndote que esa prueba o esa operación se te puede realizar en un centro privado, con la excusa de que existe una gran lista de espera en tu hospital de referencia”. En tal caso, la campaña aconseja a los pacientes “pedir todas las explicaciones oportunas” a la persona que realiza la llamada; exponer al médico de cabecera el desacuerdo con esta práctica, ya que “el paciente tiene derecho a elegir el centro público donde quiere ser atendido y su médico debe dejar constancia de esta elección para que el call center tenga conocimiento”, y escoger entre varias opciones que se adjuntan en el folleto. La primera de ellas es exigir por escrito que la prueba u operación se realice en cualquier centro sanitario público de la Comunidad de Madrid en virtud del “Área Sanitaria Única y del derecho de Libre Elección vigente”. La segunda, presentar un documento para exigir “la información más completa posible” de la causa por la que se ofrece la derivación.
Por otra parte, desde los colectivos en defensa del sistema de salud público han denunciado que “los quirófanos y el aparataje de los hospitales públicos están infrautilizados debido a la falta de personal, lo que incide directamente en las derivaciones a la privada”. Además, han criticado que Lasquetty “no contrate a los profesionales necesarios para realizar las pruebas y operaciones pertinentes”.
La primera Marea Blanca del año sale a la calle a pesar de la lluvia
Más de 2.000 personas no han faltado a la convocatoria que realiza la Marea Blanca en Madrid para manifestarse el tercer domingo de cada mes contra el Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario (PMGS) aprobado el 31 de octubre de 2012 por el gobierno de Ignacio González, así como por otras leyes nacionales que afectan a la sanidad pública.
En concreto, a las tradicionales reivindicaciones por las que dicha Marea lleva un año protestando; como la privatización de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid, la conversión en hospital geriátrico del hospital de La Princesa, la desaparición de 26 categorías profesionales de personal no sanitario o la privatización de la Lavandería Central de Mejorada del Campo, ya acometida, en esta primera Marea Blanca del año se ha realizado una mención especial a la nueva ley del Aborto, en trámite parlamentario, por lo que esta supone para los derechos de las mujeres y para el personal sanitario.
La convocatoria ha estado marcada también por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener suspendida la privatización de los 6 hospitales hasta que no se resuelvan los 7 recursos interpuestos por diferentes colectivos, partidos y organizaciones, como AFEM o el PSOE. Carmen, trabajadora de la sanidad pública, ha asegurado que “aunque esto es una victoria, hay que seguir luchando, porque no se ha ganado todavía y hay muchas amenazas que provienen de todas partes, tanto del gobierno de Madrid como del gobierno central, para acabar con la sanidad pública en nuestro país para enriquecer a unos pocos empresarios”.
A pesar de la lluvia, podían observarse pancartas de plataformas y asambleas de la Marea Blanca venidas de zonas bastante alejadas de la capital, como Aranjuez o el hospital del Henares, así como los trabajadores afectados por la privatización de la Lavandería Central de Mejorada del Campo.
Nieves, funcionaria que trabajaba en dicha Lavandería antes de que se adjudicara a la Unión Temporal de Empresas Fundosa Lavanderías Industriales y Lavandería Industrial Laundry Center (Flisa), ambas pertenecientes al grupo empresarial de la Fundación ONCE, ha explicado en qué momento se encuentra este conflicto: “Tras 44 días de huelga, el representante de CCOO y el presidente de la Asociación de Empleados de la Lavandería han firmado una acuerdo a costa de los trabajadores que no querían aceptar el acuerdo por el que las condiciones de los mismos han quedado gravemente reducidas”.
Nieves, que ha sido trasladada a trabajar a un hospital público puesto que no podía ser despedida al ser funcionaria ni tampoco seguir trabajando en la Lavandería para lo cual tendría que aceptar las mismas condiciones que sus compañeros, como “el salario de 640 euros que la ONCE ofrecía a los trabajadores interinos y contratados de la Lavandería Central”. Ha añadido que “en realidad no se quería que estos trabajadores se quedaran en la empresa adjudicataria, ya que se quería contratar a personal con discapacidad, que es el 80% del personal que contrata la ONCE”.
Con respecto a la reivindicación que se ha hecho sobre la ley del Aborto de Gallardón, Araceli Ortiz, trabajadora del hospital de La Princesa, ha afirmado: “A nivel médico supone que se va a perseguir y penalizar a los médicos y profesiones que ayuden a una mujer a abortar”.
Tras un año de grandes movilizaciones para defender la sanidad pública madrileña, la convocatoria ha registrado una notable afluencia. Araceli Ortiz ha concluido que “hasta que no lo consigamos vamos a seguir saliendo, porque sirve para mucho, se ha parado muchas agresiones a la sanidad”.
Terc3ra Información (21.01.2014)
