Carlos Slepoy: «El resultado de la querella debería ser un juicio por la memoria y la reparación»

Entrevista a Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina por los crímenes del franquismo

Javier Ruiz / Francisco Javier Moreno Díaz. El 2 de diciembre la jueza argentina recibirá de nuevo en audiencia pública a otras víctimas personadas y este viaje contará con el apoyo institucional de diversos representantes.

Nos recibe Carlos Slepoy en su casa intentando hablar por teléfono con el Juzgado Central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La idea es contarnos las últimas novedades sobre las aproximadamente 170 querellas y la extradición de los dos presuntos torturadores franquistas. Carlos ya participó en el procesamiento de los crímenes argentinos en España.

Mundo Obrero: ¿Cómo está la situación?

Carlos Slepoy: Existen dos vías posibles para lograr la extradición: la diplomática y la vía policial por Interpol. Se dio traslado a la Fiscalía por parte de la jueza argentina el pasado 30 de enero de 2013, que fue trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores el 7 de octubre de 2013. Dado que no han sido detenidos, la jueza Servini ha vuelto a ordenar “vía de excepción” para su extradición el pasado 28 de octubre. En este paso estamos esperando que la extradición pueda ser directa o por vía de urgencia si existe riesgo de fuga, etc (ésta sería con detención previa). Esta orden tiene que ir al Ministerio de Exteriores y éste pasarla al Ministerio de Justicia, y éste dar traslado al Consejo de Ministros, y éste decidir en un plazo para dar orden a la Audiencia Nacional para que ésta decide si pueden ser juzgados aquí o dar paso a la extradición; pero siempre lo tendría que ratificar el Gobierno.

M.O.: ¿El gobierno español tiene que posicionarse en los próximos días?

C.S.: Dependiendo de la llegada de esta orden y dependiendo de la decisión del Consejo de Ministros. De todas formas se cuenta con el compromiso del ministro Alberto Ruiz Gallardón de trasladar este tema a la justicia, porque, de no ser así, el gobierno español quedaría en una mala situación.

También depende de la colaboración del gobierno argentino. El embajador ha tenido una reacción pésima.

De todas formas, el próximo día 2 de diciembre la jueza argentina recibirá en audiencia pública de nuevo a otras víctimas personadas, y este viaje contará con el apoyo institucional de representantes de IU, EUiA, PNV, alcaldes de municipios como Guernika, Ochandio y otras localidades bombardeadas.

M.O.: ¿Todo parece indicar que la querella sigue creciendo entonces?

C.S.: Sí, el trabajo en el próximo viaje va a ser duro y el proceso largo, existe una nueva personación de curas que estuvieron presos en la cárcel de Zamora por el acuerdo del Estado Vaticano con el Estado Franquista para poder detener a los curas disidentes del franquismo que abre una nueva vertiente en la querella.

Las madres de mayo, las abuelas, Amnistía Internacional y la APDH también conforman parte de la querella con su propio peso específico.

M.O.: ¿Qué argumentará el gobierno para negarse a la extradición?

C.S.: La audiencia primero tendría que posicionarse y contamos con la justicia. En la Audiencia Nacional seguramente tendría que decidir el pleno y en audiencia pública, y es donde es posible que surja polémica y un debate muy intenso.

M.O.: ¿Y con qué contaría la justicia española para negarse a la extradición?

C.S.: Lo que ha hecho la justicia española con las leyes de prescripción hasta ahora no tiene ningún sentido. La Ley de Amnistía no debe suponer ningún impedimento. Las normas internacionales y los convenios firmados por España son muy claros en el sentido de que cuando se trate de delitos claramente encajables en los principios generales de derecho internacional no puede haber ninguna norma interna que los ampare, así que, aunque exista la Ley de Amnistía, cualquier juez podría procesar este tipo de delito.

Luego hay que tener en cuenta que claramente la Ley de Amnistía se hizo para amparar a las víctimas y no a los verdugos, con un gran respaldo popular en su momento. Paradójicamente, se amparan en esta ley, pero queda claro que no es excusa.

Posteriormente e independientemente se puede hablar de derogación o de nulidad, eso es otro debate, pero, en ningún caso, puede obstaculizar el paso de la justicia.

M.O.: ¿Por qué se hace de esta forma y por qué en Argentina?

C.S.: En América, en concreto, la Comisión Iberoamericana de Derecho Humanos en el año 1998 pocos días después de la detención de Pinochet por la Audiencia Nacional, saca una recomendación para que todos los países apliquen los principios de justicia universal. Y en el 2003, saca una resolución animando a todos los países a realizarlo. Esto fundamenta la querella.

Así que, por eso, estos países son más susceptibles de realizarlo y no puede existir ninguna norma interna que lo impida. Hay países como Alemania que adoptan directamente la justicia universal para perseguir el genocidio. Por lo tanto, no hay obstáculos para realizarlo en otros países.

Argentina terminó con las leyes de impunidad y la gran paradoja es que Adolfo Scilingo está cumpliendo pena de 1084 años porque la justicia española se atribuyó el derecho a juzgarlo. Garzón dictó 198 órdenes de detención, sin incluir la de Pinochet y otros. Por tanto, en Argentina, este tema es muy reconocido y difícilmente no se podría hablar de esta querella y todo el apoyo social existente, es pura reciprocidad.

Esta acción no imposibilita la acción de la justicia española. Cuando la justicia española investigue habría concurrencia pero no es ningún problema. Se dirime y se soluciona y al final suma fuerzas, se potencian las acciones y se interaccionan.

M.O.: ¿Al final, estaríamos hablando de que el resultado de la querella depende del marco político español?

C.S.: Desde el punto de vista legislativo, sí. Pero cualquier juez podría seguir adelante en cualquier investigación sin tener en cuenta la sentencia del supremo. Así pasó en Argentina porque un juez estaba investigando la apropiación de un niño y la contradicción de poder investigar la apropiación de un niño, pero sin poder investigar el asesinato de sus padres, y así se consiguió la inconstitucionalidad de las leyes de punto y final. Aquí, tendría que elevarse al Tribunal Constitucional paralizando el procedimiento hasta que resuelva o simplemente que cualquier juez decida investigar por la vía de aplicar la justicia universal.

Al final, el objetivo de la querella es ese, que se abra este debate y que un juez decida investigar estos casos aquí en España. Actualmente, las victimas que están querellándose y por las que se abre la querella están vivas, pero el resultado tendría que ser un juicio por la memoria y la reparación de todas las víctimas del franquismo.

Mundo Obrero, 19-11-2013