Contaminar es gratis

Europa no está sufriendo solo una crisis económica agravada por las políticas llamadas de “austeridad” con las que se pretende resolverla. También está perdiendo su capacidad de liderazgo en la respuesta al cambio climático que había ejercido en los últimos 20 años desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.

Para combatir el cambio climático Europa inventó y puso en práctica el mercado de derechos de emisión de CO2 (llamado ETS). A cada centro de producción industrial se le asignó un número de derechos de emisión de CO2 y los que querían usar más tienen que comprar los derechos de emisión a otra industria.

Así se pretendía fijar un precio al “carbono” considerado como un nuevo input de la producción que tenía un coste. Se esperaba que el precio que fijase el mercado de derechos de emisión, es decir la capacidad de contaminación de la atmósfera, fuera suficientemente alto para desincentivar las emisiones de CO2 e impulsar las tecnologías limpias.

No ha sido así. Por muchas razones, fundamentalmente por la excesiva asignación inicial de derechos de emisión gratuitos y por la disminución de la actividad como consecuencia de la crisis económica, el precio del carbono en el mercado europeo de derechos de emisión ha ido cayendo desde un máximo de 30 €/tonelada hasta los 8 €/tn a finales del 2012.

Y la semana pasada los eurodiputados le dieron la puntilla. Para evitar que el precio siguiese cayendo la Comisión consideraba urgente actuar sobre los parámetros del ETS y corregir algunos de sus problemas de diseño. Para ello propuso congelar la venta en subasta de los derechos de emisión de otros 900 millones de toneladas de CO2 (en la jerga comunitaria se llama el backloading). Pero el PE lo rechazó. Por 334 votos a favor y 315 en contra y 63 abstenciones, entre ellas 10 de los socialistas españoles, el backloading fue rechazado. La medida fue saludada por las industrias europeas más contaminantes porque, como era de esperar, se produjo en pocas horas un hundimiento del precio de los derechos de emisión hasta casi 2 €/tn.

Se puede decir que el ETS ha dejado prácticamente de existir. Al fijar un precio casi nulo a los derechos de emisión de CO2, a la industria europea le sale prácticamente gratis contaminar. Emitir CO2 no tiene ninguna penalización. Para qué preocuparse por mejorar las tecnologías y los procesos de producción que evitan las emisiones contaminantes si no hay ningún incentivo para ello.

Si esta decisión se confirma, y para ello hará falta que el Consejo también vote en contra del backloading, la UE habrá perdido el principal instrumento financiero de su política climática que tanto costó crear. Como en tantas otras cosas, la pelota está ahora en el tejado de Alemania, cuyos ministros de medio ambiente y de economía andan a la greña.

Si se recurrió a ese sistema sofisticado de fijación de precio a la capacidad de contaminación fue por la imposibilidad de recurrir a medidas fiscales, como un impuesto sobre las emisiones, que hubiese sido más fácil de aplicar. Pero las medidas fiscales requieren la unanimidad y hay muchos países que rechazan que los impuestos, aunque sean los de tipo ambiental, se fijen en Bruselas. Además, tampoco se sabia muy bien cuál debía ser el nivel de ese impuesto para que resultase realmente eficiente y desincentivador de la contaminación. Ni tenía mucho sentido que en un país se gravaran las emisiones y en el vecino no. Y como se creía, de acuerdo con el aire neoliberal de la época, que los mecanismos de mercado son más eficientes que los fiscales, se optó por un sistema de mercado para que fuese la oferta y la demanda la que fijase el nivel “óptimo” del coste de la contaminación.

Ese coste no puede ser obviamente casi nulo. Ahora habrá que replantearse todo el proceso y volver a considerar instrumentos fiscales o medidas regulatorias más exigentes sobre las cantidades de CO2 que se pueden emitir de forma compatible con los objetivos de reducción de las emisiones que la UE se ha fijado.

O abandonar esos objetivos en nombre de la defensa de la competitividad de las empresas europeas. Muchos europarlamentarios habrán creído que aumentar, o evitar que disminuya, el precio del carbono era una carga adicional a las empresas en un momento de crisis y que el cambio climático puede esperar tiempos mejores. Otros, que en el pasado se habían opuesto a este tipo de mecanismos de mercado, habrán pensado que era el momento de darle la puntilla y abrir la puerta a otras soluciones más drásticas.

Lo ocurrido demuestra la incertidumbre que tienen los inversores acerca de las decisiones políticas frente al cambio climático. En realidad no todas las empresas aplauden la decisión del PE. Paradójicamente, algunos de los grandes emisores de CO2, como las eléctricas alemanas, han sufrido un fuerte castigo en bolsa porque los derechos de emisión que tenían, y que a fin de cuenta eran unos activos con un precio y un mercado en el que se podían vender, se han desvalorizado drásticamente.

Otras empresas que habían invertido en la reducción de sus emisiones y podían vender sus derechos sobrantes, o las que defienden las políticas de reducción de emisiones como factor de innovación tecnológica o de imagen de marca, han protestado airadamente. En España no nos hemos enterado mucho porque tenemos otras preocupaciones más acuciantes, pero en la prensa europea han aparecido cantidad de anuncios pagados por conglomerados de empresas en contra de la decisión del PE.

Para el rol que la UE pretende jugar en el mundo, lo ocurrido es una mala noticia. Tanto tiempo insistiendo a los países reacios a adoptar objetivos obligatorios de limitación de emisiones, tipo Kioto, para que estableciesen mercados de carbono como el ETS y los europeos demostramos que no sabemos, o no queremos, hacer funcionar el nuestro.

Josep Borrell, La República de las Ideas, 27-04-2013

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