De la Sanidad, de las autopistas y del FMI

Galdós describe en uno de sus Episodios Nacionales (Carlos VI en la Rápita) el coloquio que mantienen esos dos personajes románticos, Pepe Fajardo, Marqués de Beramendi, y Juanito Santiuste. El primero anuncia a su interlocutor (en buena medida su prolongación) que del extranjero ha venido lo que considera un cataclismo, una tromba, un virus, una cosa pedestre y asoladora que se llama “economía política”, con una diabólica máquina de contar, “la partida doble”, y portadora de una consigna, una frase mortífera: “menos política y más administración”.

No le faltaba razón a Galdós cuando alertaba sobre el peligro de que la economía quisiera desplazar a la política y de que, con la pretensión de ser una ciencia, anulase todo pluralismo ideológico. Hoy, tal peligro se ha hecho realidad y se escucha por doquier que solo hay una política posible y que son los condicionantes económicos los que imponen las decisiones. Tras la creación de la Unión Monetaria, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que sus primeras víctimas han sido la política y la democracia.

Cabría pensar que, tal como indica el texto de Galdós, el retroceso de la política se conseguía a base de poner el acento en la administración y en la gestión, es decir, que el gobierno gestor sustituía al gobierno político; y, puesto que han muerto las ideologías o, mejor dicho, puesto que existe ya una sola ideología, lo importante es contar con buenos gestores. Pero la realidad por desgracia ha sido bien distinta, a la política con mayúscula la ha sustituido la política con minúscula, el politiqueo, pura lucha de poder, quítate tú para ponerme yo, y en ese quitar y poner no solo están ausentes las ideologías sino también cualquier criterio de capacidad o eficacia. Actualmente vemos de ministros o secretarios de Estado a los que difícilmente en un proceso objetivo llegarían a jefes de servicio o a subdirectores. Los únicos criterios son la intriga y el peloteo.

Ese desprecio hacia la idoneidad administrativa alcanza su grado más alto cuando, tal como hace el Gobierno de Madrid, reconoce abiertamente y sin ningún rubor su incompetencia para gestionar, ya que pretende convencernos de que el sector privado puede atender los hospitales en igualdad de prestaciones con un coste, incluyendo su beneficio, inferior en un 20% al del sector público. Si ello fuese verdad, lo que tendría que hacer el señor Fernández-Lasketty sería dimitir y dejar el puesto a otro que gestionase los servicios sanitarios al menos con la misma eficacia e igual coste que, según él, van a hacerlo las empresas privadas.

Pero la historia va por otra parte, porque tales cálculos son amañados y superficiales y si se mantienen las condiciones de la concesión será a base de deteriorar el servicio y rebajar las prestaciones o de transferir al sector público las operaciones y asistencias más complicadas y costosas. El deterioro comenzará por el propio personal porque, si bien la Comunidad ha anunciado a bombo y plantillo que se obliga a las empresas privadas a asumir la plantilla existente, lo que no dice es que de los cinco mil empleados actuales, tres mil son interinos o eventuales y a estos se les podrán modificar las condiciones de trabajo, con lo que a medio plazo la cualificación y dedicación de los facultativos y del resto de personal empeorará con la correspondiente repercusión en la calidad del servicio.

Por otra parte, cualquier desviación que en el futuro se produzca sobre los cálculos estimados recaerá sobre el sector público, ya que la Autonomía de Madrid no podrá permitir que el servicio desaparezca o que se precarice de tal modo que sea políticamente inaceptable. La historia nos enseña que los beneficios van siempre al sector privado y las pérdidas al público. Tenemos un caso bien reciente: las autopistas de peaje, radiales de Madrid y algunas otras, que han sido un total fracaso y que están poniendo contra las cuerdas a las constructoras concesionarias. El Estado viene anunciando que no tendrá más remedio que nacionalizarlas y asumir la cuantiosa deuda que tienen contraída con los bancos. Nacionalización de pérdidas y privatización de ganancias. Y todo ello, por supuesto, sin que nadie responda; muy al contrario, se puede seguir siendo ministro de Justicia.

Hoy, se habla mucho de responsabilidad política pero siempre aplicada a la presunta corrupción, y no digo yo que no sea importante, aunque la que se conoce casi siempre es de pequeña monta; pero al menos igual de importante debería ser la derivada de las decisiones erróneas o de las actuaciones incompetentes que terminan gravando a la Hacienda Pública con muchos millones de euros, y que pueden esconder corrupciones de mucho mayor calado puesto que cuesta creer que la incompetencia y la falta de sentido común sea tan grande, por lo que la explicación habrá quizá que buscarla en la existencia de motivos poco confesables. La responsabilidad en la gestión pública (y me atrevería a decir que también en la privada de las grandes sociedades) brilla por su ausencia. La existencia del bipartidismo presenta una excelente coartada. Cada partido echa la culpa al otro aun cuando practiquen la misma política.

Esta crítica es perfectamente aplicable también a los organismos internacionales. Nunca son responsables del fracaso de la política que imponen y de las medidas que recomiendan; la culpa siempre es de las naciones, es decir, de las sociedades, de los ciudadanos. Es más, esos organismos se nutren para sus altos puestos de la oligarquía política y económica de los países y, por lo tanto, de aquellos que fueron responsables de los errores cometidos. Cómo no sorprenderse al ver al señor Viñals de director de Asuntos monetarios del FMI y dando lecciones en nombre de esta institución acerca de cómo salir de la crisis, cuando fue subgobernador del Banco de España (cargo del que depende la inspección de las entidades financieras) desde 2006 a 2009; y cómo no sorprenderse también de que su predecesor en este puesto internacional fuese Jaime Caruana, gobernador del Banco de España de 2000 a 2006. Alguna responsabilidad corresponderá a ambos en la burbuja inmobiliaria y en la crisis de la banca española causante de todas nuestras desgracias.

Galdós describe en uno de sus Episodios Nacionales (Carlos VI en la Rápita) el coloquio que mantienen esos dos personajes románticos, Pepe Fajardo, Marqués de Beramendi, y Juanito Santiuste. El primero anuncia a su interlocutor (en buena medida su prolongación) que del extranjero ha venido lo que considera un cataclismo, una tromba, un virus, una cosa pedestre y asoladora que se llama “economía política”, con una diabólica máquina de contar, “la partida doble”, y portadora de una consigna, una frase mortífera: “menos política y más administración”.

No le faltaba razón a Galdós cuando alertaba sobre el peligro de que la economía quisiera desplazar a la política y de que, con la pretensión de ser una ciencia, anulase todo pluralismo ideológico. Hoy, tal peligro se ha hecho realidad y se escucha por doquier que solo hay una política posible y que son los condicionantes económicos los que imponen las decisiones. Tras la creación de la Unión Monetaria, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que sus primeras víctimas han sido la política y la democracia.

Cabría pensar que, tal como indica el texto de Galdós, el retroceso de la política se conseguía a base de poner el acento en la administración y en la gestión, es decir, que el gobierno gestor sustituía al gobierno político; y, puesto que han muerto las ideologías o, mejor dicho, puesto que existe ya una sola ideología, lo importante es contar con buenos gestores. Pero la realidad por desgracia ha sido bien distinta, a la política con mayúscula la ha sustituido la política con minúscula, el politiqueo, pura lucha de poder, quítate tú para ponerme yo, y en ese quitar y poner no solo están ausentes las ideologías sino también cualquier criterio de capacidad o eficacia. Actualmente vemos de ministros o secretarios de Estado a los que difícilmente en un proceso objetivo llegarían a jefes de servicio o a subdirectores. Los únicos criterios son la intriga y el peloteo.

Ese desprecio hacia la idoneidad administrativa alcanza su grado más alto cuando, tal como hace el Gobierno de Madrid, reconoce abiertamente y sin ningún rubor su incompetencia para gestionar, ya que pretende convencernos de que el sector privado puede atender los hospitales en igualdad de prestaciones con un coste, incluyendo su beneficio, inferior en un 20% al del sector público. Si ello fuese verdad, lo que tendría que hacer el señor Fernández-Lasketty sería dimitir y dejar el puesto a otro que gestionase los servicios sanitarios al menos con la misma eficacia e igual coste que, según él, van a hacerlo las empresas privadas.

Pero la historia va por otra parte, porque tales cálculos son amañados y superficiales y si se mantienen las condiciones de la concesión será a base de deteriorar el servicio y rebajar las prestaciones o de transferir al sector público las operaciones y asistencias más complicadas y costosas. El deterioro comenzará por el propio personal porque, si bien la Comunidad ha anunciado a bombo y plantillo que se obliga a las empresas privadas a asumir la plantilla existente, lo que no dice es que de los cinco mil empleados actuales, tres mil son interinos o eventuales y a estos se les podrán modificar las condiciones de trabajo, con lo que a medio plazo la cualificación y dedicación de los facultativos y del resto de personal empeorará con la correspondiente repercusión en la calidad del servicio.

Por otra parte, cualquier desviación que en el futuro se produzca sobre los cálculos estimados recaerá sobre el sector público, ya que la Autonomía de Madrid no podrá permitir que el servicio desaparezca o que se precarice de tal modo que sea políticamente inaceptable. La historia nos enseña que los beneficios van siempre al sector privado y las pérdidas al público. Tenemos un caso bien reciente: las autopistas de peaje, radiales de Madrid y algunas otras, que han sido un total fracaso y que están poniendo contra las cuerdas a las constructoras concesionarias. El Estado viene anunciando que no tendrá más remedio que nacionalizarlas y asumir la cuantiosa deuda que tienen contraída con los bancos. Nacionalización de pérdidas y privatización de ganancias. Y todo ello, por supuesto, sin que nadie responda; muy al contrario, se puede seguir siendo ministro de Justicia.

Hoy, se habla mucho de responsabilidad política pero siempre aplicada a la presunta corrupción, y no digo yo que no sea importante, aunque la que se conoce casi siempre es de pequeña monta; pero al menos igual de importante debería ser la derivada de las decisiones erróneas o de las actuaciones incompetentes que terminan gravando a la Hacienda Pública con muchos millones de euros, y que pueden esconder corrupciones de mucho mayor calado puesto que cuesta creer que la incompetencia y la falta de sentido común sea tan grande, por lo que la explicación habrá quizá que buscarla en la existencia de motivos poco confesables. La responsabilidad en la gestión pública (y me atrevería a decir que también en la privada de las grandes sociedades) brilla por su ausencia. La existencia del bipartidismo presenta una excelente coartada. Cada partido echa la culpa al otro aun cuando practiquen la misma política.

Esta crítica es perfectamente aplicable también a los organismos internacionales. Nunca son responsables del fracaso de la política que imponen y de las medidas que recomiendan; la culpa siempre es de las naciones, es decir, de las sociedades, de los ciudadanos. Es más, esos organismos se nutren para sus altos puestos de la oligarquía política y económica de los países y, por lo tanto, de aquellos que fueron responsables de los errores cometidos. Cómo no sorprenderse al ver al señor Viñals de director de Asuntos monetarios del FMI y dando lecciones en nombre de esta institución acerca de cómo salir de la crisis, cuando fue subgobernador del Banco de España (cargo del que depende la inspección de las entidades financieras) desde 2006 a 2009; y cómo no sorprenderse también de que su predecesor en este puesto internacional fuese Jaime Caruana, gobernador del Banco de España de 2000 a 2006. Alguna responsabilidad corresponderá a ambos en la burbuja inmobiliaria y en la crisis de la banca española causante de todas nuestras desgracias.

Juan Francisco Martín Seco, La República de las Ideas, 25-04-2013

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