Convivencia Cívica insta a la fiscalía a actuar contra Rigau si incumple los autos

Caja (presidente de CCC), Escolano (abogado de CCC) y padres afectados

Ensenyament ha presentado recurso y espera la decisión del Tribunal Supremo

La conselleria niega que un millar de familias hayan pedido atención en castellano y dice que son 370

Josep Playà Maset – Barcelona.- Convivencia Cívica Catalana (CCC) instará a la Fiscalía de Catalunya a actuar si la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, incumple los últimos diez autos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fallaron que el castellano debía tener un mayor peso en las clases de los alumnos recurrentes. Así lo manifestaron ayer el presidente de la asociación, Francisco Caja, junto al abogado Ángel Escolano y varias familias, después de que la consejera afirmara que no ejecutaría estos autos porque los han recurrido al Tribunal Supremo.

CCC es una coordinadora de entidades cívicas y ciudadanos, creada en Barcelona en 1998 como reacción a la aprobación de la ley de Política Lingüística por parte del Parlament de Catalunya. Ayer anunciaron que esperarán a que el juzgado solicite a Ensenyament la ejecución de la interlocutoria, lo que puede tardar, según han calculado, un máximo de dos meses. Según el letrado de la entidad, impugnar un auto no evita su cumplimiento. Y si finalmente el TSJC no actúa, le requerirán de nuevo que contacte con los directores de los centros afectados y que informe a la Fiscalía, además de poder llegar a interponer una querella contra la consejera, si no se adoptan las medidas necesarias en las diez escuelas de los niños recurrentes, lo que afecta a unos 300 alumnos. Escolano señaló que el incumplimiento de estos autos puede suponer un delito de desacato que podría comportar multas, y no responder a los padres que lo pidan a la administración puede ser un delito de prevaricación.

Según CCC, un total de 1.031 padres ya han solicitado a la conselleria la atención en castellano dentro del aula, y que la respuesta ha sido mandarlos a los tribunales. También han recordado que ya son 19 las familias que han optado por la vía judicial.

Las cifras no coinciden con las que tiene la conselleria. Fuentes de Ensenyament han asegurado a este diario que desde el año 2011 hasta marzo de 2013 sólo han sido 370 las familias que han registrado una solicitud en el Departament y que en lo que va del presente curso 202-2013 sólo han sido 17. Eso sí, reconocen que hay instancias repetidas, presentadas en varios puntos o por parte de distintos miembros de la misma familia, pero aún así la cifra sólo llega a 700.

Caja añadió que una eventual querella contra la consejera no es una amenaza, sino un ejercicio previsto por las leyes. La entidad volvió a insistir en que Ensenyament “ha tergiversado los autos del TSJC”, puesto que las resoluciones no dictan que se haga la clase exclusivamente en castellano si un niño lo pide, sino que obliga a introducir el bilingüismo. Según CCC, “la administración catalana deberá impartir enseñanza bilingüe, es decir, se deberán utilizar como lenguas vehiculares de enseñanza las dos lenguas oficiales”. Sin embargo, el auto dice que “tan sólo se trata de un mayor empleo del castellano en la proporción que se estime razonable”.

La plataforma Somescola.cat fue la primera en solicitar al Departament d’Ensenyament que no ejecutase la interlocutoria del tribunal, hizo un llamamiento a la desobediencia y reiteró la voluntad de defender el modelo catalán de escuela y la inmersión sin más concesiones. En el grupo promotor de Somescola.cat están desde los sindicatos (CC.OO., UGT, Ustec, USOC, CSC) y las asociaciones de padres de centros públicos (Fapac, Fapaes) hasta patronales (Agrupació Escola Catalana, CIC) y entidades diversas (Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, Consell Nacional de la Joventut, IEC, Òmnium Cultural, Ciemen).

La Vanguardia (16.04.2013)

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