Europa sirve para algo

El pasado jueves 14 de marzo el Tribunal de Justicia Europeo, a instancias de un juez de Barcelona, ha dictaminado que la regulación española en materia de “expulsiones inmobiliarias” es contraria al Derecho de la Unión Europea porque “impide al juez suspender el procedimiento de ejecución antes de poder verificar el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo inmobiliario”.

Ni más ni menos. Un enorme alivio para los españoles que tienen dificultades para pagar su hipoteca y que temen que su desahucio se sume a los mas de 400.000 que se han dictado desde el 2007. Una gran victoria para las asociaciones de defensa de los consumidores en general y de un amenazado de desahucio en particular (aunque no haya podido impedir ser desahuciado). Un grave motivo de preocupación para los bancos que ven cómo los jueces tienen ahora capacidad para pararles los pies. Y una gran bofetada al sistema político español en general y a los gobiernos de los últimos 20 años que no se han enterado de que nuestra legislación era contraria al derecho comunitario. Y que, pudiendo utilizar el argumento que ha esgrimido el Tribunal de Justicia Europeo, se han quedado quietos presos de un temor reverencial al poder y la influencia del sistema financiero mientras se desarrollaba el drama social de centenares de miles de desahucios.

La responsabilidad es tanto de socialistas como de populares, pero se debía esperar de los gobiernos socialistas una mayor sensibilidad ante el problema y una mayor diligencia para resolverlo. Y por lo visto era bastante fácil, y además obligado, hacerlo. La responsabilidad afecta especialmente a los gobiernos a partir del 2010 porque no tomaron medidas para corregir el extremo automatismo con el que los bancos efectúan los desahucios. La razón esgrimida fue no poner en peligro la salud del sistema financiero, ese mismo al que Zapatero calificó de el más sólido del mundo. No se enteraron, o no se quisieron enterar, que esa solidez se conseguía a base de violar el derecho comunitario. Cuando el problema adquiría ya tintes dramáticos, el partido socialista no planteó en el programa electoral del 2010 ninguna medida para alterar el equilibrio del poder entre banqueros y desahuciados. Seguramente por oposición de los entonces responsables del Ministerio de Economía que temieron que ello debilitaría la solvencia de los bancos

Ni los más de 400.000 afectados (aunque no se sabe cuántos de ellos corresponden a primeras residencias), ni los casos de suicidios que han estremecido a la opinión publica, ni el clamor popular han servido para que ningún gobierno haya buscado un argumento jurídico que le permitiese actuar. Y por lo visto era bien fácil, bastaba con ver si se habían traspuesto bien las directivas europeas al respecto y encontrar en ellas el medio de desacelerar los desahucios. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es también una dura crítica a nuestro sistema político, que ha demostrado un desconocimiento de las normas europeas y una actitud acomodaticia ante los intereses de la banca y en contra de los de los ciudadanos.

Con esta sentencia Europa ha demostrado que sirve para algo. Para mucho, puesto que implica la existencia de un ordenamiento jurídico superior al nacional, una posibilidad de recursos a instancias menos vulnerables al poder de los poderes económicos y una mayor preocupación por los derechos ciudadanos que la del ordenamiento jurídico y de las actitudes políticas de algunos Estados miembros, entre ellos lamentablemente el nuestro.

Tiene razón el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schultz, al decir que esa sentencia muestra que la UE tiene instrumentos, y los usa, para defender los derechos de los ciudadanos por encima de las fronteras nacionales. Es una prueba de que las decisiones europeas no van siempre, como los euroescépticos dicen, en contra de las personas. Schultz, como alcalde que fue, dice mostrarse sorprendido de la dureza de la legislación española y espera que se cambie rápidamente. Este Gobierno que tan aficionado es al Decreto Ley podría utilizarlo sin demora para poner coto a la hemorragia de los desahucios obedeciendo a la sentencia de Luxemburgo.

Rajoy ha reaccionado como si se hubiese caído del guindo, reconociendo que esa legislación es ciertamente “muy vieja” y que el Gobierno la va a adaptar a la norma europea. Pero por lo visto sin esa sentencia no habrían visto la necesidad de hacerlo y todo hubiese seguido igual.

El Colegio de Notarios, que se supone deben asesorar a los ciudadanos que acuden a las notarías a firmar contratos de hipoteca, pide una Ley clara que especifique qué se entiende por cláusulas abusivas y poder así hacer mejor su trabajo. Por lo visto tampoco sabían lo que decía la normativa europea. La Asociación de la Banca se muestra constructiva y dice que “a partir de ahora habrá que interpretar en términos razonables las exigencias del Tribunal Europeo”. A saber qué entienden por “razonables”. En realidad no harán nada que la Ley no les obligue taxativamente. Ya tuvieron oportunidad de demostrar, a través del uso del Código de Buenas Prácticas que impulsó tímidamente el gobierno socialista, que no tenían ningunas ganas de reducir el excesivo poder del que disponen.

Hasta ahora, en cuanto un propietario deja de pagar un solo recibo de su hipoteca, se abre un procedimiento rápido que permite al banco ejecutar un desahucio de forma irreversible. Aunque después el juez pudiese dictaminar que las cláusulas del contrato eran abusivas, el desahucio no tiene marcha atrás. Y además, como sabemos, la pérdida del bien inmobiliario no basta para reembolsar la deuda y el desahuciado, o sus avaladores, deberán seguir pagando. ¿Y cómo no considerar abusivo, por ejemplo, intereses de demora del 18,75 %, como en el caso tratado por el Tribunal de Barcelona que ha interpuso el recurso ante el Tribunal Europeo?

Veremos ahora con qué rapidez y de qué manera reaccionan el Gobierno y el Parlamento español. Esperemos que el sentimiento de ridículo que debe tener el conjunto del sistema político le espolee para tomar medidas efectivas y rápidas. Si lo hace, la Banca española tiene razones para preocuparse, como reconocen ya en el Banco de España. Los bancos españoles tienen 640.000 millones de euros de préstamos hipotecarios concedidos a particulares y la tasa de impagos crece rápidamente desde el 0,7 % de antes de la crisis al 3,6 % actual (contra el 10 % del total de los créditos ). Los bancos temen que si se relaja la presión sobre los hipotecados puede explotar la tasa de créditos dudosos. Pero la actual situación donde se junta el drama de los desahucios masivos con las retribuciones grotescamente elevadas de los dirigentes bancarios, que no se han visto apenas afectadas por la crisis, no se puede seguir soportando.

Así pues saludemos la utilidad que Europa ha demostrado tener en este caso. Celebrémoslo tanto más cuanto que no es frecuente. Por desgracia el último Consejo Europeo del 14 – 15 de marzo ha demostrado que en materia de política económica todo sigue igual y que los partidarios del rigor siguen ganando la batalla a los pocos que piden una estrategia de crecimiento sin la cual la austeridad no sirve para nada más que para infligir sufrimientos inútiles a la población.

El Banco Central Europeo ha presionado lo suyo para mantener a ultranza las políticas de reducción del déficit. Y el Consejo no ha hecho caso a quien, como el primer ministro luxemburgués Jean Claude Juncker, ha alertado del riesgo de una revuelta social. Ni más ni menos.

Josep Borrell, La República de las Ideas, 16-03-2013

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