La ley de tasas fracasa a los dos meses de su entrada en vigor

Usuarios, profesionales y trabajadores de la Justicia se han mostrado unánimes en el rechazo a esta ley | Foto: ccooxustiza.com

IU y el PCE seguiremos apoyando iniciativas ciudadanas para derogar la ley

La elevada cuantía de las tasas fijadas tienen la única finalidad de restringir el uso del servicio público de la Justicia a la mayoría de la población, permitiendo litigar sólo a aquellos que económicamente puedan afrontarlas

Stop discriminaciónApenas dos meses después de la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha visto forzado a anunciar su inminente modificación.

Gallardón y el PP, con su insistencia en resolver los problemas de financiación de la Justicia mediante el copago o, para ser más precisos, mediante el repago, porque, como para el funcionamiento del resto de los servicios públicos, ya pagamos impuestos, han conseguido generalizar una movilización sin precedentes de un sector tradicionalmente poco inclinado a la misma.

Usuarios, trabajadores, abogados, procuradores, secretarios, jueces, fiscales, asociaciones y colegios profesionales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, han sido unánimes en rechazar una ley que atenta contra el derecho básico de acceso a la Justicia. Las concentraciones y manifestaciones han ido cobrando mayor peso mes a mes, y ya existe una inédita convocatoria de huelga de jueces y fiscales para el 20 de febrero.

Además de esta movilización sin precedentes, la marcha atrás del ministro Gallardón ha estado muy condicionada por los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas desde entidades como el Consejo General de la Abogacía, al mismo tiempo que por las presiones de la Defensoría del Pueblo que, a pesar de su bajo perfil y docilidad frente al Gobierno, cada día tenía más difícil justificar su falta de iniciativa.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, un mandato tan unánime como poco respetado para dotarnos de una Justicia que funcione correctamente en nuestro país, concibe la misma como un servicio público a los ciudadanos. Este servicio público tiene una doble relevancia, aunque para la mayoría de la población pase desapercibido; por un lado es un derecho básico para obtener una tutela judicial efectiva y, por otro, es el mecanismo necesario para hacer valer otros derechos como la educación, la sanidad o el trabajo. Por esto último, es el recorte más pernicioso y tiene la carga de profundidad más dañina de los que se están aplicando por los Gobiernos del ajuste.

La Justicia va a cumplir ya diez años como competencia de la mayoría de las Comunidades Autónomas y, a pesar de las idas y venidas de dirigentes del PP, como las de Esperanza Aguirre amenazando devolver las competencias al Gobierno central, va a seguir siéndolo. Entre otras cosas, porque el problema de raíz que es la falta de financiación, no se va a resolver pasándose la patata caliente de una Administración a otra. La idea genial de Gallardón consiste en ahorrar haciendo muy difícil el acceso a la Justicia, muerto el perro se acabó la rabia, aunque intentó venderla con un envoltorio tan aparatoso como engañoso.

Según Gallardón, el objetivo de la ley era doble. Por un lado, evitar que la litigiosidad artificiosa saturara los juzgados y, por otra, que las tasas abonadas por los ciudadanos que tienen recursos económicos se destinaran a sufragar la Justicia Gratuita. Traducido al lenguaje del común de los mortales, que los problemas de la Justicia, según el avispado Gallardón, los crean los ciudadanos que recurren sin ton ni son y que en tiempos de crisis a recaudar toca.

Argumentaba el ministro que estas medidas no constituirán en ningún caso una traba al ejercicio de la tutela judicial efectiva para ningún ciudadano, puesto que quedarán exentos de pago aquellos a los que se les reconozca la asistencia gratuita; pero, aparte de las trabas cada vez más generalizadas para reconocer el beneficio de la justicia gratuita, ¿es que los ciudadanos con una renta media que no tengan derecho a la Justicia Gratuita no se están viendo afectados ante el temor de tener que afrontar un coste desmesurado por defender sus pretensiones? Digan lo que digan, se disuade de recurrir para descargar el volumen de asuntos pendientes de los tribunales y, con este simple ardid, la Justicia volverá a ser un privilegio de los más ricos.

Las razones de inconstitucionalidad de la ley son evidentes. Se está haciendo un fraudulento uso de la figura de la tasa, toda vez que la contraprestación del servicio, que es el sentido del tributo conocido como tal, se desvía a la financiación de la Justicia Gratuita, según el Gobierno mismo reconoce en su justificación de la ley. Por otro lado, la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución se transforma en tutela judicial en efectivo, siendo inaceptable que no se dé curso a una demanda por la única razón que la persona que acude a la Justicia no pueda afrontar el pago de la tasa.

Como señalaban en un comunicado Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales, también hay razones de cantidad para cuestionar la constitucionalidad de la ley. La elevada cuantía de las tasas fijadas tienen la única finalidad de restringir el uso del servicio público de la Justicia a la mayoría de la población, permitiendo litigar sólo a aquellos que económicamente puedan afrontarlas. Este es el aspecto que Gallardón se ha comprometido ahora a modificar, aunque, como es lógico, una rebaja de las tasas no resolverá el problema de fondo.

Desde IU y el PCE seguiremos apoyando iniciativas ciudadanas como la Plataforma Justicia para Todos y Todas, en su empeño por derogar esta ley injusta e inconstitucional, la defensa de la Justicia como servicio público, y la necesidad de parar los recortes e invertir la lógica de las políticas que se están aplicando. Queda mucho por hacer y debemos convertir esta rebelión en una marea por una Justicia concebida como servicio público y un derecho de los ciudadanos.

Al ataque a los derechos ciudadanos con la ley de tasas se suma estos últimos meses la escandalosa arbitrariedad de la concesión de indultos a corruptos, torturadores y homicidas sin más justificación que el argumento de autoridad. Todo ello aporta razones más que suficientes para exigir la dimisión de un ministro que, en pocos meses, se ha desprendido de la máscara de liberal tolerante con que se presentaba para mostrarse como el portavoz más radical e implacable de la derecha en el poder.

Mauricio Valiente Ots. Portavoz de Justicia del grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid y miembro del comité ejecutivo del PCE

Mundo obrero (15.02.2013)

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