Tres de cada diez parados en Cataluña corren el riesgo de caer en la pobreza

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La precarización del mercado de trabajo es una de las causas, según el informe del Ctesc

El Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (Ctesc) ha presentado esta mañana un estudio en el que se constata que el 13,7% de los trabajadores catalanes se encuentra en una situación de riesgo de pobreza. También informa de que el porcentaje se eleva hasta el 30,3% en el caso de las personas en paro. Según los datos de Euroestat de 2010 recogidos en el informe, España es uno de los países europeos con mayor riesgo de pobreza entre los trabajadores, solo superada por Grecia y Rumanía.

Una de las principales causas que explica esta situación entre la población activa es la precarización del mercado de trabajo ya que, según el estudio, los salarios han bajado, y cada vez son más frecuentes los contratos temporales o la jornada partida. Todo esto afecta especialmente a los mayores de 45 años, los jóvenes que viven en familias desestructuradas, los inmigrantes, las personas con baja formación y las familias que contrajeron deudas durante el periodo expansivo y que actualmente tienen dificultades para hacer frente a los pagos.

El presidente del Ctesc, Josep Maria Rañé, ha asegurado que “el mercado de trabajo ya no es una garantía para no caer en la pobreza y que conviene que las nuevas políticas hagan un trabajo de prevención en este sentido, porque una vez se cae en la pobreza es muy difícil salir”. La consejera del organismo, Raquel Gil, ha añadido que es necesario recuperar la idea de que las políticas sociales son una inversión de futuro porque “si la pobreza se cronifica, a medio y largo plazo acaba suponiendo un gasto público mucho más elevado”.

En el informe, el Ctesc aporta 50 recomendaciones para mejorar la situación. Entre ellas destacan estudiar la progresividad de algunas prestaciones, crear una nueva renta para aquellas personas que han quedado fuera de la Renta Mínima de Inserción (RMI), permitir que sea compatible trabajar y el cobro de esta prestación, y priorizar las políticas activas de inserción laboral.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, se ha comprometido durante la  presentación a estudiar estas medidas en la elaboración del plan nacional contra la pobreza y la exclusión social. Munté ha recordado que las transferencias del Estado para políticas activas de ocupación y para políticas sociales se han reducido “drásticamente” en los últimos años.

El País (11.02.2013)

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