¿A dónde hemos llegado?

[Nota de ACP.- Imposible adjuntar en este articulo todos los documentos que facilita R.N.]

Desde lo que genéricamente podemos llamar el 15 M, hay una serie de claves que se han convertido en parte del lenguaje político  y de la opinión pública. Reforma de la ley electoral, listas abiertas, democratización de los «aparatos» que dominan el funcionamiento de los partidos, control democrático o público de  la financiación de los partidos políticos y de las instituciones y recursos públicos, erradicación del fraude fiscal, progresividad y equidad de la política fiscal y distributiva, nuevo o reforma del modelo territorial que elimine diferencias y asimetrías en la prestación de servicios públicos y derechos sociales, independencia del poder judicial o efectividad de la división de poderes, control de los bancos y mercados financieros, ley de transparencia, medidas de ejemplaridad y penalización de los delitos públicos, mayores facilidades y posibilidades para las iniciativas legislativas populares,  etc. Con unas u otras palabras, esta batería de cuestiones claves han entrado en el debate político a instancias de los movimientos ciudadanos, compensando en cierto modo el secuestro del lenguaje político democrático por  la terminología economicista y por los nacionalismos o fabricantes de identidades; unos y otros suplantan a los ciudadanos con los mercados y los mitos. 

¿Qué está cambiando? No la corrupción, que es un  fenómeno archiconocido y «un versal» en la política española que, como señala esta última encuesta del CIS, los ciudadanos ya venían señalando como el problema que más le preocupaba detrás de la situación económica, el paro y los políticos. Lo que está cambiando es que, pese a la manipulación del actual escándalo Bárcenas por los «submarinos» del régimen de partidos, se está hundiendo cada vez más el sistema bipartidista y la base electoral de la partitocracia.  Pienso, además, que la huida hacia adelante de los nacionalistas está alcanzando el último tramo de su recorrido sin más horizonte que el frenado en seco y que el crédito de las políticas merkelianas de la UE tienen un  horizonte limitado. En estas circunstancias, la crisis española alcanza cotas de singularidad notorias (bien notorias respecto a los agentes externos y las conjunciones planetarias) por la apuesta  económica, financiera, social y política, en su día, por la burbuja, por la fiesta inmobiliaria y especulativa, por la progresiva transformación del sistema de representación y de partidos en apéndices y brazo político del sistema financiero y por el hundimiento social y electoral del sistema de partidos de la transición o proceso constituyente de 1977-1979, que ha devenido en lo que conocemos y padecemos como partitocracia.
 
En ese contexto me parece digna de consideración de la propuesta que propone UPyD. El motivo de más peso para debatir esta propuesta es el estallido (casi terminal)  de las expectativas de cambio a partir del actual sistema político. El vaso está ya colmado. La credibilidad electoral que suscitó en muchos el PP está acabada por la deslealtad con los electores (o por la «traición» que lo sitúa en línea con la que para muchos supuso el cambiazo de ZP el 2010). De los demás, más de lo mismo. Una  ahora en veinte años es lo que, en plenos escándalos Bárcenas, ERE, etc., ha dedicado la comisión del Parlamento andaluz, creada al efecto con participación de todos los partidos parlamentarios, al control de las finanzas de los partidos. Desde 1994 que fue creada, solo se ha reunido cada vez que había que repartir cargos después de unas elecciones. Los partidos mismos son los encargados de apropiarse de lo público, sea mediante el saqueo  de fondos públicos, la asignación a los afines a los partidos de la función pública  a través de personal laboral subrogado (enchufados de partidos y sindicatos) y empresas públicas o mediante la manipulación y apropiación  de entes como ahora, una vez más, RNE y TVE. Lo público y la política partidaria se ha convertido en un patio de Monipodio por el que campan a sus anchas partidos y delincuentes de laya… y cínicos sin  parangón.
 
¿Cómo vamos a seguir soportando que un representante de Estado que se ufana en despreciar  las leyes constitucionales y dictámenes del TC, reclame reiteradamente el derecho a la presunción de inocencia por los cargos políticos imputados  y a mantener el cargo, en nombre de las leyes y del Estado de Derecho? Este ha sido el leit motiv de la intervención de hoy de Mas en la cumbre anticorrupción. ¿Cómo poder sufrir que cargos y representantes políticos cuya dedicación y sueldos solo se justifican por su responsabilidad en la resolución de los problemas y satisfacción de los derechos ciudadanos, sean los responsables de urdir la no aplicación de la ley de dependencia -por ejemplo-, como acusa el Defensor del Pueblo a los responsables de la Junta de Andalucía? ¿Cómo es que tales sujetos no quedan inhabilitados para la política y no están entre rejas? ¿Cómo es que tenemos las más altas cotas de paro y fracaso social y escolar de la UE y los responsables de tales áreas no han dimitido y no se les ha juzgado?
 
Digo todo esto, para hacer ver que la propuesta de UPyD, enristrada a otras que se han venido formulando en tal sentido, es  digna de consideración. Os adjunto unos cuantos documentos, que fundamentan la opinión que he expresado; uno, en particular, es sobre el federalismo en una hipotética reforma constitucional, que ese federalismo que es un  fantasma para los nacionalistas.

Rafa Núñez
06 de febrero de 2013