Rigau desoyó los avisos de fraude del IVA en comedores escolares

Antifraude ya advirtió de “posibles graves irregularidades” en los comedores en 2010

Antifraude recordó a Enseñanza que el impago del IVA es “competencia desleal”

Jordi Rovira.- Irene Rigau hizo caso omiso de los avisos que en los últimos años le llegaron sobre posibles irregularidades en el servicio de comedor escolar y de monitores. Hasta en cuatro ocasiones recibió información sobre los problemas que, a día de hoy, la justicia investiga, pero en su departamento siempre han alegado que las competencias de contratación recaen en los consejos comarcales y que el asunto depende de Hacienda y de los tribunales.

Tal y como informó ayer EL PAÍS, las diligencias abiertas en los Juzgados de Instrucción número 1 del Prat de Llobregat y número 7 de Martorell deben determinar si existen responsabilidades por un presunto delito económico de estafa contra la Hacienda pública. En el centro de la polémica están la Fundación Catalana del Esplai —además de dos sociedades de su entramado— y la empresa 7 i Tria, SA, propiedad de Josep Oriol Carbonell, fundador y expresidente de la Associació Catalana d’Empreses de Lleure, Educació i Cultura (ACELLEC), patronal del sector. Tanto unos como otros, desde naturalezas jurídicas distintas, defienden que la labor que realizan es educativa y que, por tanto, están exentos del IVA. Por otra parte, diferentes resoluciones vinculantes de Hacienda apuntan lo contrario mientras que desde el sector de la restauración se les acusa de competencia desleal.

El empresario Marcos Perea, que en su momento denunció tanto a la Fundación como a 7 i Tria, también entró en el registro del departamento hasta tres cartas dirigidas a Rigau.

La primera de las cartas fue entrada en el registro el 26 de septiembre del 2011 y consistía de 26 páginas con información detallada. Ante la falta de respuesta, el 27 de enero entró un segundo escrito redundando en dicha información. Finalmente, y de nuevo ante el silencio de la Administración, el 22 de marzo del pasado año escribió una tercera carta en la misma línea.

Finalmente, diez meses después del primero de los escritos, el empresario recibió una escueta respuesta de María Jesús Mier, secretaria general del Departamento, informándole que el organismo competente sobre el presunto fraude era Hacienda y que, al ser los hechos objeto de investigación, “no procede ninguna manifestación al respecto, a la espera de la oportuna resolución judicial”.

Entre la segunda y tercera de las cartas dirigidas a Rigau, el 16 de febrero del pasado año dos diputados del PP (Pere Chumillas y José Antonio Coto) preguntaron por escrito al Gobierno sobre la cantidad de escuelas públicas que tienen contratados servicios de comedor escolar, sobre los criterios utilizados para prestar este servicio y sobre si el Gobierno tenía constancia de algún incumplimiento de las obligaciones tributarias en la prestación de este servicio o de alguna imputación por un presunto delito contra la Hacienda Pública en la prestación de servicios de comedor escolar en alguna escuela pública catalana.

En su respuesta, con fecha del 3 de mayo, Rigau aseguró que el servicio se presta en 1.632 escuelas públicas, les recordaba que los consejos comarcales tienen las competencias en la contratación y aseguraba que “el Departamento no ha recibido ninguna notificación judicial o de la Hacienda Pública sobre el presunto delito”. En ningún momento citó la información que le había remitido el empresario.

Rigau tampoco citó un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña que a finales de 2010 ya advertía sobre «la gravedad de las posibles irregularidades cometidas» en algunos comedores escolares por parte de empresas privadas que facturaban sin IVA los servicios de prestación de alimentación y monitores.

El informe en cuestión se centraba en tres empresas privadas (7 i Tria SA, Teno SL y Educapoli SLU). Previamente, Antifraude había archivado otra denuncia contra la Fundación Catalana del Esplai al encontrarse ésta ya incluida en el procedimiento en el juzgado de instrucción número 1 del Prat de Llobregat.

Según el informe de Antifraude —fechado el 3 de diciembre de 2010 y firmado por Josep Maria Agulló, técnico de análisis particularizado del Gasto Público, y Carles Quilez, director de análisis— no existía duda alguna sobre las irregularidades detectadas. “Queda pues acreditado que estas empresas, de carácter mercantil, han de repercutir el IVA y han de ingresarlo a la Hacienda Pública en los servicios indicados. La no repercusión del IVA supone no sólo un fraude para la Hacienda Pública sino que también una competencia desleal por parte de las empresas infractoras que al no repercutir este IVA resultan más competitivas que las empresas que declaran correctamente este impuesto”, a juicio de la Dirección de Análisis,.

A pesar de ello, Antifraude concluyó que la denuncia no entraba en su ámbito de actuación -el sector público de Catalunya- y que, por tanto, no podía investigar los presuntos hechos denunciados ni proponer actuaciones de investigación. Así, se archivaron las actuaciones aunque, debido a la gravedad de los hechos analizados, la Dirección de Análisis consideró oportuno tramitar la denuncia presentada a la Agencia Tributaria para que pudiera «determinar la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública, o al menos, de infracciones administrativas en la declaración de impuestos», y al Departamento de Enseñanza de la Generalitat «para que sea conocedor de las irregularidades denunciadas».

Unos meses antes del informe de Antifraude, Rafael Ribó, Síndic de Greuges, había llegado a conclusiones similares ante una denuncia sobre las posibles irregularidades en los comedores escolares. Así, en una carta del 7 de junio de 2010, Ribó concluyó que la citada información no estaba «dentro de sus funciones» aunque aseguraba «que se deben adoptar medidas» para evitar la situación denunciada.

Ante la información publicada ayer por EL PAÍS sobre las investigaciones en curso, desde Enseñanza han recordado, de nuevo, que la competencia de contratación no es suya sinó de los consejos comarcales y que, ante el posible fraude, quien debe actuar son los tribunales.

El País (5.02.2013)