Multiconsultas

Adolf Tobeña

Estoy convencido de que a todos los pueblos hispanos les apetecería pronunciarse sobre la posibilidad de constituirse en ‘Estado propio en Europa’ y celebrarían poder hacerlo al mismo tiempo que los catalanes. El análisis exhaustivo y comparativo de esos resultados sería del máximo interés y ahora que va imponiéndose la necesidad de remozar la Constitución, esos datos serían de gran ayuda para legislar de manera prudente. Más adelante, aunque con los lapsos suficientes para permitir el poso de las opiniones, el descanso del personal y no incurrir en despilfarros innecesarios, podrían celebrarse consultas sobre la opción de desgajarse de España o no, de desgajarse de Europa o no, y así sucesivamente, tanto para cuestiones de marco político como de gobernación y administración cotidiana

Todo el mundo entiende que cuando se reclama el derecho a decidir lo que se persigue, en realidad, es la facultad de imponer un marco político con garantías legales inamovibles. Es decir, sin posibilidad de reclamaciones ulteriores. Esa es la esencia de la rebelión catalana lanzada el once de setiembre de 2012 por una riada de manifestantes secesionistas y que el Gobierno regional asumió, consagrándola como ariete de su programa para verla culminada, sí o sí, en 2014. Es decir, por las buenas o por las malas: con anuencia de partes y conforme a derecho, si es posible, o sin respetar esas formalidades, si no es así.

En este asunto que tiene atenazado el horizonte de la vida política española resulta conveniente partir de datos sólidos. Hay uno, en concreto, que es incontrovertible: un segmento considerable de la población catalana quiere largarse de España cuanto antes y ha vislumbrado una oportunidad favorable. Eso es así y no hay que negarlo u ocultarlo: existe una importante proporción de catalanes que quieren regirse por su cuenta, rompiendo las ataduras que les vinculan al Reino de España y consideran, además, que la acuciante debilidad del panorama hispánico actual ofrece un resquicio para conseguir ese objetivo. Es posible que ese segmento secesionista ronde o incluso alcance a superar la mitad del censo de los ciudadanos del Principado. Todos los datos de los sondeos efectuados en el último quinquenio así lo atestiguan y las elecciones de noviembre de 2012 vinieron a remacharlo: los votos cosechados por los partidos que planteaban un horizonte de soberanía plena para Cataluña llegaron a la cota de 1.800.000 sufragios, muy cerca de la mitad del total de votos emitidos (3.657.450). Eso constituye, por tanto, una realidad ineludible.

En el contexto europeo donde nos toca vivir, el obstáculo primordial que se interpone ante ese impulso secesionista es la opinión y la voluntad del resto de catalanes. Es decir, de la otra mitad de ciudadanos del Principado que desean mantener los vínculos con España tal y como están. Alrededor de 1.750.000 emitieron ya, el pasado noviembre, un sufragio negativo sobre una Cataluña independiente, al votar a partidos que explicitaron su opción contraria a esa posibilidad en unas elecciones que tuvieron ese tema como foco principal (o único, casi). 85.000 ciudadanos no dieron su voto a nadie al emitir papeletas en blanco o nulas, y una gran bolsa de 1.600.000 ciudadanos son una incógnita al no ejercer su derecho a opinar. De todos modos, a tenor del patrón repetido en los sondeos serios sobre la voluntad secesionista y de los resultados electorales, no sería un despropósito presumir que la fracción de abstencionistas que pudiera acudir a una consulta vinculante sobre la independencia tendiera a fragmentarse, a su vez, en proporciones cercanas a las dos mitades. Sumando pues las cifras de manera tentativa, tenemos algo más de dos millones y medio de catalanes a favor de la secesión y cerca de dos millones y medio en contra, de los cinco millones largos, en total, de ciudadanos que podrían ejercer su voto refrendador.

Hay empate, por consiguiente. Un rutilante y clamoroso empate que debiera llevar, en buena lid y en tiempos de grandes estrecheces, a que se postergaran nuevas justas. Ese empate, sin embargo, no es en modo alguno paralizante, sino todo lo contrario, para el segmento con más empuje que es el secesionista. De ahí las prisas por marcar un calendario: el impulso independentista se puede atenuar, enfriar o incluso diluir, aún sin contar con las reacciones de los adversarios, porque los estados de opinión tienen picos pero también mesetas y valles. Los instrumentos técnicos para plasmar una voluntad decisoria tienen, por otra parte, sus engranajes peculiares a tener en cuenta.

La estrategia secesionista de la coalición gubernamental autonómica catalana y la de sus socios es clara y tiene etapas bien definidas. La primera, inocular la convicción en la ciudadanía de que organizar una consulta sobre la autodeterminación es un derecho indiscutible e inalienable que asiste a los catalanes, a ellos en particular y en primerísima instancia (el derecho a decidir, según el mantra que acostumbran a repetir en todas partes). Eso ya se consiguió con creces. Si ese derecho lo ejercieron en su día en Quebec y los escoceses van a poder hacerlo en 2014, los catalanes no pueden ser menos que las gentes de esos lugares remotos, digan lo que digan las leyes vigentes. De ahí el empecinamiento: cualquier barrera será presentada como un atentado a las reglas más elementales de la democracia y usada para denunciar el atropello ante el mundo. Con ese planteamiento siempre se gana: si hubiera acuerdo con las instancias constitucionales españolas para efectuar la consulta, se vendería como una victoria apabullante y primer paso hacia la segregación, y si no lo hubiera, la parálisis se vendería como el aborto de las ansias de libertad de un pueblo laborioso, creativo y emprendedor que se considera capaz de caminar por su cuenta. Es decir, como ariete para ampliar fidelidades, consensos y ámbitos de poder.

La segunda etapa pretende consignar, mediante referendo y en términos cuantitativos inapelables, una derrota charnega en algún tipo de consulta (legal o paralegal) donde se ventile la disyuntiva de constituirse o no en ‘Estado propio en Europa’ (según la formulación ya avanzada por el presidente de la Generalidad). Se persigue una concurrencia favorable que se mueva entre el 55 y el 60%. Eso ya sería suficiente para cantar victoria, sin que importara en demasía el grado de participación. Es decir, la ventaja pírrica a partir de una enunciación vaga en un proceso paralegal y no necesariamente vinculante, ya vale. Porque con ese planteamiento siempre se gana, también. Es improbable, por un lado, que los andaluces, los canarios, los gallegos, los lombardos, los corsos, los tiroleses o los flamencos (por poner tan sólo algunos ejemplos), se pronunciaran en contra de una opción genérica de ese cariz, si les fuera planteada. Y cuando se cuenta, como así es, con los resortes persuasivos de una potente administración regional y sus pregoneros mediáticos (la brunete montserratina), el resultado está cantado. En cualquier caso, si no se llegaran a alcanzar aquellas cotas siempre podría acusarse al asfixiante torpedeo central que no permitió una pregunta clara y un procedimiento legitimado. Por consiguiente hay que montar la consulta trampa de todas, todas. Mejor ganando, aunque sea por los pelos, porque así se certifica la derrota charnega (es decir, española), pero si se empata (el escenario más plausible, vistos los números anteriores), no se ha perdido nada y se ha culminado otro mojón, al sentar precedente. Debo precisar que en el sector charnego incluyo a todos los adversarios del secesionismo tengan o no pedigrí como tales: desde las bolsas urbanas y suburbanas de emigración hispana de tercera o cuarta generación que constituyen todavía el grueso resistencial español, las nuevas bolsas migratorias sudamericanas, magrebíes u orientales, o los indígenas que aborrecen las aventuras soberanistas de sus compatriotas.

Los constitucionalistas sensatos tienen un delicado trabajo por delante para intentar evitar que esa estrategia, a todas luces ventajista, vaya culminando etapas y consiguiendo objetivos. Seguramente los acomodos ante tesituras parecidas que se han instrumentado en Gran Bretaña o en Canadá servirán de poco, porque allí los nexos, las reglas y la tradición son muy otros. Una de las sendas a explorar sería superar a los secesionistas por el flanco izquierdo: es decir, responder a las exigencias democráticas de consulta, con más democracia si cabe. Por ejemplo, con un rosario de consultas bien perfiladas y pautadas. He deslizado ya una sugerencia antes: estoy convencido de que a todos los pueblos hispanos les apetecería pronunciarse sobre la posibilidad de constituirse en ‘Estado propio en Europa’ y celebrarían poder hacerlo al mismo tiempo que los catalanes. El análisis exhaustivo y comparativo de esos resultados sería del máximo interés y ahora que va imponiéndose la necesidad de remozar la Constitución, esos datos serían de gran ayuda para legislar de manera prudente. Más adelante, aunque con los lapsos suficientes para permitir el poso de las opiniones, el descanso del personal y no incurrir en despilfarros innecesarios, podrían celebrarse consultas sobre la opción de desgajarse de España o no, de desgajarse de Europa o no, y así sucesivamente, tanto para cuestiones de marco político como de gobernación y administración cotidiana. Para los asuntos más trascendentes, segunda vuelta al cabo de quince días y exigiendo mayorías no inferiores al 80%, por ejemplo, aunque esos detalles son los que deben perfilarse con esmero. Considero que es urgente becar a varios grupos de politólogos empíricos (los hay de primer nivel en las universidades y en el CSIC), para que efectúen simulaciones sobre esos supuestos en modelos de juego social complejo, así como estimaciones mediante sondeos reiterados en muestras de estudiantes y de gente corriente.

Todo para ayudar a los políticos y legisladores sagaces, de manera que del proceso de reforma constitucional con su correspondiente Ley Orgánica de Consultas se deriven ganancias diseminadas. Porque lo que hay que tratar de evitar es que un match único mal planteado, mal arbitrado y resuelto en tablas o con victoria pírrica de la fracción secesionista (importante, pero fracción al fin y al cabo), se convierta en la antesala del epitafio español en Cataluña que es lo que se pretende. Es decir, por más que insistan en ello, no está en juego el derecho a decidir (que a muy pocos interesa, en realidad), sino la voluntad de imponerse unos, con menoscabo de otros, porque eso sí que siempre motiva a los que se ven con posibilidades de sacar tajada y a los ilusos o intoxicados que les siguen la corriente.

Adolf Tobeña es catedrático de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona

Este artículo ha sido publicado previamente en la web de Tercera Cultura; se publica con su autorización, después de que fuera rechazado por El País.

La voz de Barcelona (25.01.2013)

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