Gaspar Llamazares pide a la Defensora del Pueblo que recurra al Constitucional el euro por receta en Madrid y Cataluña, y reclama su «paralización inmediata por ser recaudatorio y expropiatorio»

Manifestación de protesta

El diputado de IU y portavoz en la Comisión de Sanidad advierte de que estamos ante un “nuevo impuesto a la enfermedad” y señala que este “insoportable ‘tripago’” ataca especialmente a los pacientes con varias enfermedades, los enfermos crónicos y los pensionistas”

El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, registró hoy ante la institución del Defensor del Pueblo una solicitud de recurso de inconstitucionalidad y la “paralización inmediata” de la implantación de la tasa del euro por receta aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el de la Generalitat de Cataluña. Llamazares valoró que no estamos ante una medida disuasoria sino que “muy al contrario, es un proceso recaudatorio y expropiatorio, es una discriminación inaceptable entre los ciudadanos españoles y respecto a los más enfermos, ya que serán éstos los que más paguen”.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar dicha solicitud en el Registro del Defensor del Pueblo, el diputado de IU expuso que el euro por receta –medida en vigor en Madrid desde el 2 de enero y en Cataluña, desde junio- vulnera los artículos 139 y 149 de la Constitución que establecen el principio de igualdad y la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos.

Consideró que los ciudadanos catalanes y madrileños se enfrentan realmente a un “nuevo impuesto a la enfermedad”, además de que este “insoportable ‘tripago’” ataca especialmente en los pacientes que sufren varias enfermedades, los enfermos crónicos y los pensionistas.

El parlamentario de IU por Asturias destacó que el recurso de inconstitucionalidad propuesto a la Defensora del Pueblo –IU no puede interponerlo directamente ante el Tribunal Constitucional al no disponer de los 50 parlamentarios que marca la ley- incluye la exigencia de que “se paralice cuanto antes para que los gobiernos madrileño y catalán no sigan vulnerando las competencias estatales y la igualdad de los españoles en derechos fundamentales como el de la salud”.

“Hemos recurrido esta medida –expuso Llamazares- porque pensamos también que es una decisión prevaricadora por parte del Gobierno de Madrid y el de Cataluña hecha a sabiendas de que esta competencia no es propia, es del Estado, y vulnera la igualdad en la atención sanitaria”.

En la completa exposición que incluye el texto registrado hoy se recuerda que el Consejo de Estado ha dictaminado que las comunidades autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una competencia exclusiva del Estado y consagrada en el artículo 149.1.16. de la Constitución.

Por ello, “no cabe admitir” que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan “gravámenes” cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos tengan que abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario.

(Como archivo adjunto, texto de la solicitud a la Defensora del Pueblo)

(En la foto, manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid. Foto de la galería flickr de @Popicinio)


TEXTO DE LA PETICIÓN DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LA APLICACIÓN DEL EURO POR RECETA EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y CATALUÑA REGISTRADO HOY POR IZQUIERDA UNIDA ANTE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Gaspar Llamazares Trigo, con DNI 1……… y con domicilio a efectos de notificación en el Congreso de los Diputados, Carrera de San Jerónimo nº 36, 4ª planta, 28071 de Madrid, comparece en su condición de diputado de las Cortes Generales, solicita se paralice la aplicación de la tasa de un euro por receta.

Petición a la Defensora del Pueblo para la presentación de recurso de inconstitucionalidad junto a la paralización inmediata de la aplicación de la tasa de un euro por receta que han aprobado la Generalitat de Cataluña en el artículo 41 de la Ley catalana 5/2012 y de la Comunidad de Madrid en la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29/12/2012).

MOTIVACIÓN DE LA PETICIÓN

De acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado, en relación al artículo 41 de la Ley 5/2012 que considera vulnera la competencia estatal del 149.1.1ª y 149.1.16ª, relativos al acceso a las prestaciones farmacéuticas en condiciones de igualdad, y la fijación de precios de los medicamentos, se reclama la presentación del correspondiente recurso de inconstitucionalidad por parte de la Defensora del Pueblo junto a la paralización inmediata de la mencionada tasa por sus efectos a terceros.

El Consejo de Estado ha examinado con carácter de urgente el expediente relativo a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

Se crea a través del artículo 41 la tasa sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información inherente al proceso para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación.

VALORACIÓN DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de 29 de mayo de 2012, en el que se analiza la falta de conformidad del artículo 41 de la Ley autonómica con el orden constitucional de competencias. Tal y como explica este informe, la instauración de la tasa regulada en este precepto vulnera lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. Desde esta perspectiva entiende la Abogacía del Estado que, aun cuando el referido precepto autonómico no regula de manera directa los precios de los medicamentos ni modifica su cuantía, sí introduce una alteración considerable en la financiación de los mismos, al exigir 1 euro por receta u orden de dispensación despachadas en cada oficina de farmacia. En la medida en que ello afecta a la financiación de los medicamentos dentro del Sistema Nacional de Salud, se considera que la Generalidad de Cataluña y de igual modo la CAM está invadiendo una competencia que corresponde al Estado con carácter exclusivo, lo que a su vez determina una vulneración de los artículo 139 y 149.1ª. 1 de la Constitución.

La nueva tasa “sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información inherentes al proceso para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación”. El hecho imponible (artículo 21.22-1) queda ya identificado en la propia denominación de la tasa, cuyo sujeto pasivo es la persona física a la que se prescribe o dispensa el medicamento (artículo 22.22-2), siendo el importe de un euro por receta u orden de dispensación efectivamente dispensada (artículo 21.22-4), si bien se establecen diversas exenciones subjetivas y objetivas (artículo 21.22-5).

En efecto, al igual que en el supuesto examinado en el apartado III.b) de este dictamen, no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalidad de Cataluña y la Comunidad de Madrid para el establecimiento de tributos propios, pues no cabe cuestionar la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, sino el hecho de que la instauración de esta tasa pueda, como consecuencia del ámbito sobre el que se proyecta, vulnerar el orden constitucional de competencias y, en particular, lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos, a cuyo amparo se dictaron, entre otras, la Ley 14/1986,d e 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

JURISPRUDENCIA

Una vez más, resulta oportuno traer a colación la jurisprudencia constitucional que ha contribuido a esclarecer el alcance de esta competencia, recogida fundamentalmente en la Sentencia 98/2004, en la que se declaró que “la Constitución no sólo atribuye al Estado una facultad, sino que le exige que preserve la existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español. Y se lo exige cuando el artículo 149.1.16ª CE le atribuye las bases en materia de “sanidad”, para asegurar el establecimiento de un mínimo igualitario de vigencia y aplicación en todo el territorio nacional en orden al disfrute de las prestaciones sanitarias, que proporcione unos derechos comunes a todos los ciudadanos”. La Sentencia aclara, además que dentro de ese sistema normativo sanitario nacional, el establecimiento de la prestación farmacéutica y su financiación pública “constituyen un criterio básico en materia de sanidad, pues satisfacen las exigencias formales y materiales de la legislación básica”; y profundiza en esta idea señalando que “la financiación pública del medicamento a través del establecimiento de precios de referencia o sistema equivalente es, ciertamente, un aspecto esencial o nuclear de la regulación de la prestación farmacéutica, al ser un presupuesto necesario para el acceso de los ciudadanos a los medicamentos en condiciones de igualdad, a precio razonable y con un precio público ajustado. Partiendo del carácter básico de la materia en cuestión dentro del marco normativo que regula la sanidad, forzosamente se ha de afirmar que al Estado corresponde su regulación”. En consecuencia y a renglón seguido, se considera que “el acceso al mismo (al medicamento) en condiciones de igualdad presupone necesariamente una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español que establezca un sistema de precios de referencia a los efectos de determinar el alcance de su financiación pública, de tal modo que quede garantizado a todos los ciudadanos, con independencia de la Comunidad Autónoma en que residan, el disfrute de medicamentos financiados públicamente al menos en un mismo porcentaje mínimo, susceptible, como ha quedado ya dicho, de ser incrementado en virtud de las disponibilidades financieras de cada Comunidad en cuestión”.

CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

La conclusión que se extrae de lo hasta aquí expuesto es que las Comunidades Autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en el artículo 149.1.16ª de la Constitución. Precisamente por ello no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las Comunidades Autónomas impongan gravámenes cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario. Este es precisamente el efecto que provoca la tasa prevista en el artículo 41 de la Ley catalana 5/2012 y la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29/12/2012), cuyo establecimiento tiene una clara repercusión sobre el coste final de los medicamentos o productos sanitarios que se dispensen en el territorio de Cataluña, ya que, como consecuencia de la exacción de este tributo, las personas a las que se prescriba un medicamento en dicho ámbito territorial se verán obligadas a pagar por cada receta un euro más que los restantes usuarios del Sistema Nacional de Salud.

Esta conclusión pone además de manifiesto que el precepto autonómico no solo vulnera lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, sino que también entra en conflicto con las previsiones de los artículos 139 y 149.1.1, a cuyo tenor corresponde al Estado la competencia exclusiva para “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles ene l ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. En este orden de ideas, debe recordarse que este es uno de los títulos competenciales en que se funda la Ley estatal 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que, al anunciar los principios generales que la informan, menciona expresamente “la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad” y “la financiación pública del Sistema Nacional de Salud de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica” (letras a) del artículo 2). En esta misma línea, el artículo 23 de esta norma previene que “todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta Ley en condiciones de igualdad efectiva”.

Desde esta perspectiva y en conexión con lo que antes se dijo en relación la regulación de los precios de referencia de los medicamentos, corresponde al legislador estatal garantizar una unidad mínima en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional resida y evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud. Esta desigualdad puede venir sin duda provocada por la exigencia de una tasa como la que crea la Ley 5/2012 de Cataluña y la homóloga de la CAM, al obligar a los ciudadanos que adquieran medicamentos en su ámbito territorial a realizar un desembolso mayor que el que deban afrontar en otras partes del territorio del Estado.

A la vista de estos razonamientos y en línea con los que ya han quedado expuestos, parece acertado entender que las previsiones de la Ley catalana pueden provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado, vulnerándose con ello la competencia estatal consagrada en el mencionado artículo 149.1.1ª de la Constitución. En consecuencia, procede a la impugnación del artículo 41 de la Ley 5/2012 de la Generalitat de Cataluña y la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29/12/2012),

S O L I C I T O

Que teniendo por presentado este escrito, que emplazamos a la Defensora del Pueblo a recurrir al Tribunal Constitucional el llamado euro por receta y pedir la paralización de la mencionada medida en Cataluña y en la Comunidad de Madrid.

En Madrid a 04 de enero de 2013

Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo Diputado de IU en el Congreso de los Diputados

Terc3ra Información (6.01.2013)

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