La destrucción planificada del sistema sanitario público

El Real Decreto Ley de Rajoy de abril de 2012 supone un grave ataque al concepto de atención de salud tal como se había desarrollado en los últimos años a partir de la Constitución

Los antecedentes

Desde hace años, sanitarios y expertos venimos denunciando ante la opinión pública, los crecientes indicios que hacían prever una próxima privatización del sistema sanitario público. Los lugares en los que afloraron tales indicios se ubicaban principalmente en determinadas comunidades autónomas en las que gobernaban partidos vinculados a la derecha, tanto de la derecha autonómica (CiU), como de la derecha tradicional (PP).

La Catalunya de CiU fue la pionera en desarrollar actividades a favor del sector privatizado en la sanidad, a costa del dinero público. Desde que Catalunya asumió la transferencias sanitarias en 1981, CiU tuvo claro que uno de los mayores impedimentos para la privatización de la sanidad era el desarrollo de una potente infraestructura pública. Por eso paralizó desde el primer momento el desarrollo de una red propia de hospitales públicos (Catalunya es la comunidad autónoma con menor dotación de camas hospitalarias públicas por unidad de población) apostando por una política de potenciación del sector privado a través de los conciertos, los cuales crecieron de forma importante y con escaso control y han sido el camino fundamental por el que complejo sanitario lucrativo catalán, se ha dedicado a parasitar y exprimir el presupuesto sanitario público. Recordemos el cese fulminante en septiembre de 1983 de la Directora General de Asistencia Sanitaria de la Generalitat, como consecuencia de la Resolución que garantizaba el pago a través de los conciertos de una ocupación del 30% de las camas concertadas, estuvieran o no ocupadas, para todas las instituciones sanitarias concertadas catalanas, lo que originó un déficit económico disparado del departamento desde los primeros años.

En Valencia el mecanismo ha sido distinto, ya que la derecha del PP tardo más años en alcanzar el poder y en afianzarse en el mismo, y cuando lo hizo, se había desarrollado ya una infraestructura pública más importante y no existía una importante infraestructura privada con la que concertar. El camino seguido consistió en saltarse la política de contención en la construcción de nuevos centros hospitalarios públicos preconizada hasta entonces por los Gobiernos de Felipe González (recordemos que España está a la cola en camas por 1000 habitantes en Europa y en la OCDE), con un argumento aparentemente progresista y muy demagógico, prometiendo hospitales públicos a distintas poblaciones y entregando la construcción, gestión y explotación de los mismos a empresas privadas con ánimo de lucro creadas al efecto (UTE Unión Temporal de Empresas) y participadas por constructoras, seguros privados y bancos. Se inició esta política bajo la cobertura de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión, aprobada en el Parlamento del Estado con los votos del PP, del PSOE y de los partidos nacionalistas, y el voto en contra de Izquierda Unida y del BNG, y tuvo su primer resultado en 1999 con la inauguración, bajo el Gobierno de Eduardo Zaplana, del nuevo hospital de La Ribera en Alcira (modelo Alcira), modelo que en pocos años se extendió a los nuevos hospitales de Torrevieja, Denia, Manises y Vinalopó, de forma tal que en estos momentos el 20% de la población de la Comunidad valenciana (1 millón de habitantes) es atendida en hospitales y centros de salud bajo esta fórmula.

El tercer envite importante en los intentos privatizadores tiene lugar en Madrid. El gobierno del PP de Madrid, que no recibió las trasferencias sanitarias hasta 2002, se encontró también con una importante infraestructura pública ya asentada, así como un déficit notorio de camas, y utilizando al precedente valenciano de la demagogia fácil, planifica la construcción simultánea de 7 nuevos hospitales apostando por otra formula de explotación privada inédita en la sanidad española, financiando las nuevas construcciones mediante el sistema PFI (del inglés Private Finance Initiative), modelo en el que la empresa concesionaria se encarga de la construcción del hospital a una alta rentabilidad (11% anual a 30 años), así como de la explotación de todos los aspectos no sanitarios de la actividad asistencial, ya que inicialmente el personal sanitario es de la administración. Por la construcción, la Administración paga un canon anual, que no se computa como deuda pública y además paga por distintos componentes de la actividad auxiliar realizada (esterilización, lavado de ropa, comidas, limpieza, etc). A estos 7 hospitales el PP madrileño añadió otro, el de Valdemoro, construido por Capio por el mismo sistema PFI pero gestionado totalmente por esta empresa en concesión administrativa hasta 2035, con un modelo similar al de Alcira. Estos 8 hospitales, cuya puesta en marcha se produjo principalmente entre 2008 y 2009, tuvieron un coste de construcción declarado en € de 701 millones. El pago anual del canon a 30 años eleva el coste total para la administración a 5.010 millones €, es decir más de 7 veces del valor de construcción.

Simultáneamente a la puesta en marcha de estos hospitales se puso en marcha una cierta centralización de algunos laboratorios a cargo de los responsables del hospital de Alcorcón pero con gestión privada, y un anillo radiológico (UCR) situado en el hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.

Ante la falta de contestación social tras las primeras reformas privatizadoras, el gobierno de PP de Madrid acometió nuevas medidas para profundizar en el proceso. Así se aprobó la construcción de nuevos hospitales siguiendo el modelo PFI en Parla y Aranjuez y otros tres siguiendo el modelo Alcira (Hospital de Torrejón cuya concesión corresponde a Ribera Salud; y los hospitales Rey J. Carlos de Móstoles y hospital de Collado Villalba adjudicados a Capio). Pero entonces se comienzan a aprobar medidas para incidir en el dispositivo sanitario público tradicional y entre estas la de más calado es la trasformación de toda la Comunidad Autónoma en un área única, con el señuelo de la libre elección de médico y especialista, en toda la Comunidad de Madrid. Tras más de 1 año de aplicación de esta medida su resultado está por demostrar, pero ya se ha visto que tiene otros efectos perversos, como evitar la planificación y racionalización del sistema y derivar enfermos desde o hacia el sector privado, sin ningún tipo de control ni límites y además permite desplazar y reubicar a los trabajadores estatutarios del sistema sanitario en cualquier centro de la autonomía, ante la privatización de cualquier centro público.

Tras estos antecedentes, otras CC.AA. comenzaron a poner en marcha la construcción de nuevos centros sanitarios utilizando los modelos ensayados en Madrid y Valencia. Así se han inaugurado o comenzado a construir hospitales siguiendo el modelo PFI en Vigo, Burgos, Palma de Mallorca (Son Espasses), Baix Llobregat, Caceres y Don Benito; y siguiendo el modelo Alcira se construyen hospitales en Toledo y Guadalajara y se ceden a la gestión privada los hospitales de Almansa, Villarobledo, Tomelloso y Manzanares. En otros casos como en Rioja se ha licitado un concurso público para dirigir por una empresa privada la Fundación hospital de Calahorra y en Canarias existen desarrollos similares.

Por tanto durante el último decenio, y bajo el amparo de la Ley 15/97, han surgido en nuestro país múltiples iniciativas de gestión privada para nuevas estructuras sanitarias públicas, a un costo económico desorbitado, comenzado a cobrar mayor relevancia este aspecto ante la profundización de la crisis económica. Como consecuencia en algunos casos se han paralizado las obras emprendidas y en otros casos se han modificado las formulas de gestión y explotación comercial.

En general, aunque estas iniciativas de gestión público-privada han surgido en las CC.AA gobernadas por el PP, hay que decir que el desarrollo de las mismas han sido toleradas por los gobiernos del Partido Socialista y en algunos casos han sido promovidas por gobiernos de izquierda, como en el caso del Hospital de Baix Llobregat, inaugurado en 2011 por el tripartito.

El asalto al sistema sanitario público

Con el desarrollo y profundización de la crisis económica mundial se comienzan a dar condiciones socioeconómicas que justifican desde una óptica capitalista y conservadora políticas a ultranza de ahorro, con graves recortes presupuestarios, que los sectores financieros y de la patronal están haciendo recaer en gran parte en los trabajadores, bien de forma directa en el salario o en las condiciones de trabajo y en las prestaciones sociales, y en particular en la atención a la salud.

El mecanismo para vender el producto parece fácil y cala sutilmente en la ciudadanía. El descontrol presupuestario existente en las administraciones autonómicas, ha permitido culpabilizar a las autonomías de gran parte del déficit del Estado, haciendo recaer sobre las mismas gran parte de las políticas de recortes, con gran incidencia en la educación, la atención sanitaria y las políticas sociales.

Cataluña ha sido de nuevo la primera comunidad en trasladar a los ciudadanos la política de recortes en Sanidad. En 2011 el presupuesto sanitario de Cataluña se redujo un 10% lo que ocasionó cierre de camas (30%), cierre de quirófanos (40%), cierre de centros de salud, despidos de más de 7000 trabajadores, cierre de centros de urgencias, reducción del número de médicos de guardia, supresión de programas de AP, aumento de las listas de espera., etc. Estos recortes propiciaron una respuesta social importante de usuarios y trabajadores que se ha mantenido en el tiempo durante meses pero no ha conseguido modificar el deterioro ni la política de recortes.

La grave política de recortes económicos y sociales se comenzó a apoyar desde el Gobierno del Partido Socialista, lo que propició su gran batacazo electoral, pero ha sido tras la victoria del PP cuando la crisis económica ha servido de justificación sin límites para todo tipo de recortes sociales, gran parte de ellos con un marcado tinte ideológico.

El Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2012 decreta una serie de medidas “para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” con el RDL 16/2012, planteando diversos recortes de prestaciones sanitarias:

– Plantea crear 3 niveles de cartera de servicios: Básica, accesoria y suplementaria. Solo la básica será gratuita.

– Las otras tendrán copagos y ya están ahí: la prestación farmacéutica, la protésica y ortoprotésica, la dietoterapia, el transporte sanitario.

– En 6 meses se revisara las prestaciones de la cartera básica y algunas pasaran a la accesoria y complementaria quedando sometidas a copago o a total-pago. En ese proceso de elaboración aun nos encontramos.

– Se transforma el derecho a la asistencia de forma universal, por una asistencia en función de ser cotizante de seguro sanitario (No necesariamente de la S.Social).

– Deja fuera a inmigrantes no regularizados, que solo tendrán derecho a urgencias, asistencia del embarazo y atención a niños.

– Los productos farmacéuticos se pasan a pagar por pensionistas (10%), se suben los porcentajes de aportación de forma no progresiva, se excluyen medicamentos de la financiación, etc.

En esencia, se puede esquematizar el retroceso de derechos sanitarios tras este decreto-Ley en los siguientes puntos:

– Se termina con el principio de sanidad como derecho universal, y se vuelve al concepto de sanidad como aseguramiento público del que cotiza.

– Se pretende disminuir la cartera de servicios con derecho a la asistencia, con varios niveles, algunos con copagos.

– Se excluye a inmigrantes en situación irregular dejando desprotegidos a más de 900.000 inmigrantes.

– Se introduce el copago para los pensionistas, tanto para medicamentos como para prestaciones dietéticas y ortoprotésicas, transporte sanitario.

– Se eliminan medicamentos de la financiación, muchos de uso común y efecto probado.

Las medidas que plantea el RD L 16/2012, suponen un grave ataque al concepto de atención de salud tal como se había desarrollado en los últimos años a partir de la Constitución y las leyes que la desarrollan (Ley general de Sanidad y leyes y normas subsiguientes). Nos encontramos por tanto ante otra importante agresión a los derechos de los ciudadanos con la excusa de unos posibles efectos económicos más que dudosos y que tendrá especial incidencia en las personas más desprotegidas y con menos recursos, que en gran medida se verán impedidas para utilizar el sistema sanitario público. Tras el desarrollo de este RDL se podrá afirmar que la atención sanitaria deja de ser universal, pública y gratuita.

Contra la aprobación por el Parlamento de este D-Ley se desarrolló una cierta contestación tanto ciudadana como de profesionales sanitarios, y en algún caso de alguna Administración, pero lo cierto es que en el momento actual, la norma, que aún está a la espera de desarrollos reglamentarios, en algunos aspectos como el recorte de derechos a inmigrantes no legalizados, ya se está aplicando al menos en 9 comunidades autónomas.

En este ambiente de recortes progresivos que desde el gobierno del PP se trasladan a las CC.AA., éstas han comenzado a desarrollar tales recortes a sus dispositivos sanitarios públicos, a través de normas específicas que pretenden, presuntamente, generar el ahorro presupuestario que les demanda el Ministerio de Hacienda.

Y aquí de nuevo las Comunidades que destacan en esta política de recortes son Valencia y Madrid. En Valencia, al ser una de las CC.AA. más endeudadas, se anunció desde principio de año una amplia política de recortes, muchos de los cuales no se concretaron, presentándose en el mes de abril un plan para privatizar la gestión de las 18 áreas sanitarias y de todos los hospitales públicos, siguiendo el modelo Alcira. El tema que parece que por entonces según el consejero era innegociable, no tuvo una importante contestación social (apenas una manifestación de unas 1000 personas) y el Consejero anunció que como única alternativa al plan estaba que cada valenciano pusiera 500€. El plan pasó a discutirse con la abogacía del Estado y con los asesores jurídicos de la comunidad autónoma y a finales de septiembre el propio consejero compareció para anunciar que rectificaba la reforma sanitaria propuesta y renunciaba a privatizar. Al día siguiente el Presidente Fabra pidió un rescate al gobierno de Rajoy. El motivo de tal rectificación parece ser de índole jurídico, o quizá también de índole práctico, porque la presunta empresa encargada de asumir tal privatización, Ribera Salud, está vendiendo activos en estos momentos.

En Madrid se comenzaron a presentar normas sobre reformas con incidencia sanitaria poco después. Se utilizó para esto una nueva vía similar a la utilizada por el Gobierno central en el mes de abril, proponiendo una Ley de Modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, en la que se contienen algunas medidas de ámbito sanitario, como la prohibición de librar las guardias más allá del día siguiente a su realización, la modificación del calendario vacunal, la prohibición de realizar nuevos contratos y la supresión de la Agencia Laín Entralgo, un centro específico de formación creado 10 años antes dedicado a los sanitarios, que ejerció una importante función en formación continuada de profesionales y en la formación de residentes.

Estas medidas tampoco se siguieron de una contestación social importante, más allá de los 90 trabajadores laborales afectados de la Agencia Lain Entralgo, que pasarán al paro el 31 de Diciembre.

Y es con la publicación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013 con lo que se produce un cambio radical en la respuesta social y profesional, como respuesta a la privatización del sistema sanitario, con la aparición de movilizaciones masivas, huelgas mayoritarias, e importante apoyo social, lo que ha venido a denominarse la Marea Blanca.

Los elementos fundamentales de la reforma sanitaria que contiene el Proyecto los Presupuestos para 2013 de la Comunidad de Madrid son los siguientes:

– Privatización de la gestión y de la asistencia sanitaria de los 6 hospitales nuevos que seguían el modelo PFI. Esta trasformación de estos hospitales en una empresa privada supone el traslado de todo el personal estatutario actualmente en estos centros que tendran que buscar acomodo en otros centros con plazas cubiertas por interinos o eventuales, los cuales pasarían al paro. Esto supondría una pérdida de unos 7000 puestos de trabajo.

– Desmantelamiento de la actual estructura de los hospitales de La Princesa (hospital general) y Carlos III (hospital de enfermos infecciosos), dedicándolos a los enfermos geriátricos.

– Se producirá la fusión de servicios de los grandes hospitales públicos. Se programa la fusión de los laboratorios de todos los hospitales en 4 macrolaboratorios localizados en los grandes hospitales, quedando en los restantes un laboratorio solamente para análisis de urgencias. Además se anuncia la centralización de servicios quirúrgicos muy especializados cerrando para ello muchos de los existentes y centralizándolos en los grandes hospitales.

– Privatización de los servicios no sanitarios de los grandes hospitales públicos, que aún no estuvieran privatizados.

– Privatización de momento de la gestión de un 10% (27) de los centros de Atención Primaria.

– Externalización del personal no sanitario del nuevo hospital de Puerta de Hierro ne Majadahonda, con el personal actual en gran parte estatutario, que tendría que trasladarse a otros centros desplazando al paro a interinos, eventuales, etc. de otros centros.

– Pago de 1 € por receta.

El caso Madrid

A los puntos más llamativos y escandalosos de este plan de privatización contenido en el proyecto de Presupuestos de Madrid, hay que añadir un paquete de medidas, igualmente graves, que configuran recortes dirigidos a los centros sanitarios públicos tradicionales, entre las que podemos citar:

– Recorte presupuestario medio del 16,2% para los hospitales del modelo tradicional (para algunos hospitales como el de Alcalá llega al 24%), que se suma a los recortes sufridos los 2 años anteriores.

– Recorte de un 68% para el presupuesto de infraestructuras y equipamientos sanitarios y de un 31,8% el de inversiones reales.

– Disminución del 26% en el presupuesto de Planificación Sanitaria y de un 37% para la Promoción de Salud.

– Disminución del presupuesto para Atención Primaria de un 7,06%, que ya había descendido en 2012. Cierre de Servicios de Urgencia de AP.

– Disminución del presupuesto para el Plan Integral de Listas de Espera de 15%.

Todos estos recortes tendrán una importante incidencia tanto sobre el personal sanitario (reducción de plantillas, disminución de retribuciones, etc.) como en infraestructuras, con indudable resultado en el deterioro rápido de la calidad, aumento de las listas de espera, etc.

Paradójicamente al lado de estos recortes para los centros públicos, el presupuesto para centros privados contempla un crecimiento del 4% (como si no hubiera crisis).

En definitiva, el “Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid” reflejado en el proyecto de presupuesto sanitario para 2013, supone un salto cualitativo y cuantitativo importante en el camino privatizador del gasto sanitario público, que se acompaña de un deterioro planificado de la infraestructura sanitaria pública tradicional.

El camino comenzó hace años en la Comunidad de Madrid, con el primer gobierno de Esperanza Aguirre, con el intento planificado de deteriorar la imagen de los hospitales públicos tradicionales (el caso Leganés), seguido de la apuesta por una desorbitada construcción de hospitales a un carísimo costo (modelo PFI), los planes de derivación de pacientes a los centros concertados para achicar listas de espera, etc. En esta línea encaja alguna de las piezas como el tema del Área Única y la libre elección, que no se ha desarrollado prácticamente en el aspecto de facilitar la libre elección, pero que facilitará traslados masivos de personal entre hospitales, ajustes de plantillas y entrega de centros públicos al capital privado.

No se puede afirmar que el aumento de ritmo privatizador para 2013, que promueve el gobierno del PP en la CAM, sea una salida del contexto general como afirman ciertos analistas sanitarios. Las medidas presupuestadas en Madrid son de similar calado a las promovidas por el gobierno de Rajoy con el RDL 16/2012, y cuyo verdadero desarrollo conoceremos en las próximas semanas, cuando el Consejo Interterritorial del SNS apruebe los recortes de prestaciones tras el traslado de prestaciones de la cartera de servicios básica, a las llamadas accesoria y suplementaria (se anuncian copagos en ambulancias, en medicamentos de dispensación hospitalaria, en pruebas diagnosticas de genética y cribados, tratamientos rehabilitadores, productos ortoprotésicos, etc.). Ambas iniciativas responden a dos ámbitos de competencias administrativas distintas, pero van en la misma línea y persiguen los mismos objetivos de destruir el sistema sanitario público y desdibujar el derecho a la atención de la salud. En los próximos meses veremos la concreción de nuevos planes de privatización y demolición de los centros sanitarios públicos de otras CC.AA. (Castilla-La Mancha, Murcia, etc).

La respuesta ciudadana: las movilizaciones contra la privatización sanitaria de Madrid

Uno de los elementos que está caracterizando el proceso de privatización del sistema sanitario de Madrid, es la importante contestación que ha generado el llamado “conflicto sanitario” en el que se observa un salto cualitativo en la respuesta ciudadana y profesional, que amenaza con extenderse a otras zonas del estado. Da la impresión que han entendido mejor la gravedad de la operación privatizadora en marcha, los ciudadanos y los profesionales sanitarios, que ciertas cúpulas sindicales.

Los ciudadanos han entendido perfectamente el órdago privatizador del PP y una parte importante de los mismos se han puesto del lado del modelo público tradicional. De otra forma no se puede entender la masiva respuesta ciudadana a las acciones en la calle, “convoque quien convoque”. La respuesta masiva a las llamadas marchas blancas o a convocatorias como la de “abraza tu hospital” indican un hartazgo importante de la población y su clarividencia ante los intentos privatizadores.

La movilización de los profesionales y sanitarios tiene su sentido porque las medidas afectan de forma importante al personal sanitario de los centros, que va a sufrir despidos, traslados y recortes de plantillas, así como precariedad progresiva y deterioro planificado de su entorno laboral. La importante e imaginativa respuesta, de rotunda oposición a las reformas privatizadoras, por parte de los profesionales, se debe sin duda a que el sistema sanitario público español ha conseguido un importante vínculo de fidelidad de estos profesionales hacia el dispositivo sanitario creado, que tiene su base en las aceptables y dignas condiciones profesionales desarrolladas dentro del sistema, pero también en el creciente grado de feminización entre los profesionales sanitarios, feminización poco inclinada al pluriempleo y al comportamiento poco ético que ofrece la alternativa privada.

Uno de los problemas que plantea el movimiento sanitario de oposición a las medidas privatizadoras es quizás su distinta comprensión sobre la naturaleza y el alcance del órdago que está planteando el PP. La dirección del movimiento la están hegemonizado los médicos (perdón, las médicas), como resultado de la habitual tibieza sindical dentro del ámbito sanitario público, y se ha articulado a través de una respuesta de máximos (huelga indefinida), posiblemente sin calcular la envergadura de la apuesta que está realizando el PP, lo que puede conseguir concesiones menores a corto plazo (retirada de medidas como el copago del euro por receta, o la trasformación geriátrica del hospital de La Princesa), pero sin desviar en lo fundamental el camino privatizador. La inexperiencia del actual movimiento de los médicos, protagonizado por el nuevo sindicato que agrupa especialistas médicos (AFEM), ha hecho no solo que inicie el proceso de oposición con medidas como la huelga indefinida, sino que ponga gran parte de la fuerza alcanzada en manos de los Jefes de Servicio Hospitalarios, en general cargos intermedios designados por la administración del PP y con intereses en la sanidad privada, lo que sin duda a corto plazo va a facilitar la desactivación, al menos momentánea, del movimiento médico y a romper la unidad sanitaria actual.

La apuesta privatizadora y de destrucción del actual dispositivo sanitario público promovidos por el PP es de tal envergadura que requiere acciones a más largo plazo, sostenidas en el tiempo, en las que la unidad de acción es fundamental, tratando que cada colectivo y cada sanitario aporten en la medida de sus posibilidades, y buscando y fomentando la colaboración con la ciudadanía a través de una constante información a la misma y promoviendo su participación, ya que la población madrileña es la más interesada en evitar la destrucción planificada del sistema sanitario público y la anulación del derecho a la salud. El papel de los sindicatos de clase en esta tarea debiera alcanzar un protagonismo creciente, lo que sin duda pasa por dar un mayor protagonismo a las iniciativas de base de los trabajadores sanitarios y de la misma población, situación que no es sencilla dado el grado de burocratización en el que están inmersos los sindicatos tradicionales. Si estos no consiguen sacudirse sus limitaciones actuales y no son capa- ces de estar a la altura de las circunstancias, su papel va a ser suplido en parte por organizaciones o movimientos sindicales o sociales de nueva creación, pero con una menor implantación y por tanto menor eficacia. Que se consiga por una u otra vía el desarrollo de un movimiento de resistencia organizado a largo plazo, va a determinar el grado de destrucción del Sistema Sanitario Público.

Algunos elementos para comprender la política sanitaria del PP

Es importante tratar de comprender el momento, el alcance y las razones de esta agresiva operación de privatización y de destrucción del dispositivo sanitario público, por parte del PP. He aquí algunos elementos de reflexión:

Existe un indudable oportunismo político, que está dando al traste con la tradicional política de alianzas de la derecha con profesionales y grupos y sindicatos corporativos. La necesidad de aprovechar una coyuntura favorable, con el casi absoluto control de los resortes políticos, una vez ganadas por el PP las elecciones generales y en CC.AA., difícilmente repetible en el tiempo, sin duda les ha impulsado a acometer una complicada e impopular trasformación del sistema sanitario español, hacia un sistema privado, aprovechando la coartada de la crisis y la obediencia debida a Bruselas.

2. Existe una necesidad del PP de responder a la demanda de un creciente entramado de grupos de presión del lobby sanitario, que llevan meses posicionándose e invirtiendo en el mercado sanitario español. En los últimos meses se identifican numerosos movimientos de grupos financieros y empresariales, en torno a una posible “tarta sanitaria”:

– Se registra un importante crecimiento de las inversiones de capital-riesgo en el área de la Salud, es el más importante del país en el último año y medio (informe anual 2012 de la Asociación Española de Entidades de Capital-Riesgo ASCRI.

– Acaba de nacer el Grupo Vithas, participa- do al 80 por ciento por Goodgrower y al 20 por ciento por La Caixa, que compra 10 hospitales de Adeslas, constituyéndose en el 3º grupo hospitalario privado de España.

– El fondo de inversión británico Doughty Hanso compra al grupo USP-Quirón.

– El grupo BUPA International Health Insurance, propietario de Sanitas, compra los hospitales de Torrejón y Manises.

– El fondo de capital-riesgo británico CVC se hace con Capio y gestiona a un total de 28 centros sanitarios.

– El grupo británico Circle Holding anuncia la construcción de un hospital en Alcalá y otros dos en Barcelona y Sevilla.

– En el último año se crean instituciones coordinadoras de las empresas vinculadas a la medicina privada, como la Fundación Economía y Salud recientemente creada (Noviembre de 2012), o la Fundación IDIS (creada en primer semestre de 2012) financiada esta por más de 70 empresas, que acaba de presentar un estudio tratando de demostrar la superioridad de la medicina privada (Estudio RESA), y que promueve constantes reuniones corporativas de donde surgen peticiones al Gobierno central y autonómico sobre cómo organizar el parasitismo privado-público, como la reciente petición de desgravación fiscal para los seguros privados, la facilitación de los trasvases de enfermos entre lo privado y lo público, etc.

Todos estos indicios hacían prever que se iba a comenzar el asalto al sistema sanitario público español en cualquier momento, ya que para que los holdings sanitarios internacionales el caso español supone un mal ejemplo internacional, a los ojos de los pueblos, por su eficacia y eficiencia. Y este proceso sin duda no se terminará con lo planteado hasta ahora, y posiblemente continuará a lo largo de esta legislatura, con iniciativas puntuales, tanto autonómicas como estatales. Así nos podrán sorprender en los presupuestos de 2014 con la previsible gestión privada de los hospitales con “nuevas formas de gestión” (Ley15/97) como la Fundación Hospital Alcorcón o el hospital de Fuenlabrada, la aparición de una iniciativa para construir un hospital privado en Leganés tras las iniciativas de Móstoles y Alcalá, etc. Y a nivel estatal son previsibles modificaciones legales que permitan cerrar el círculo de la privatización y enterrar para siempre a la sanidad pública, tales como permitir la desgravación fiscal de las inversiones en seguros privados que pide el Instituto IDIS, seguida poco después de modificaciones de la Ley de Seguridad Social para permitir la libertad de aseguramiento, poniendo al nivel de la sanidad pública a otras compañías privadas de seguros. O la modificación de la Ley del Estatuto Marco, permitiendo realizar EREs en los centros sanitarios públicos, cuando estos sean “deficitarios”. La gravedad de la crisis sin duda facilitará la explicación de todas estas propuestas racionalizadoras del gasto.

Lo que no nos explicará la Ministra Mato ni el Sr Rajoy es qué sucederá con los ciudadanos excluidos, pensionistas, enfermos crónicos, etc., que no tengan recursos para acudir a los seguros privados. D. Mariano posiblemente cambiará su “viva el vino” por “viva la beneficencia”.

De lo que nos movamos para impedir este desaguisado dependerá el sistema sanitario del futuro y la cobertura del derecho a la salud.

Fernando Pérez Iglesias es médico pediatra.

Este artículo fue publicado en dos partes entre el 12 y el 29 de diciembre de 2012 en la edición impresa de Mundo Obrero.

Fernando Pérez Iglesias, Mundo Obrero, 29-12-2012


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