Campaña judicial para restablecer el bilingüismo en el Ayuntamiento de Barcelona y en sus concesionarias

Alternativa Ciudadana Progresista, entidad que promueve la igualdad y la libertad desde el ámbito de la izquierda política, anuncia que luchará contra ‘cualquier discriminación por razones etnolingüísticas’ en Cataluña. En el marco de esta iniciativa, ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a los tribunales por excluir el español en ‘todas las informaciones, escritas y visuales’ de las instalaciones del Centro Deportivo Municipal Claror, situado en el Ensanche de la ciudad

Stop discriminaciónMaite Molina. Uno de los pilares -tal vez, el principal- en los que el nacionalismo catalán basa su proyecto de construcción nacional es la lengua. A lo largo de las últimas tres décadas, y con la excusa de una normalización lingüística que pretendía equiparar los derechos de catalanohablantes y castellanohablantes, han tratado de entorpecer el uso del español en todas las administraciones públicas de Cataluña, hasta dejarlo en algo meramente residual.

La dejadez por parte de partidos e instituciones nacionales, el férreo control de la prensa por parte de la Generalidad, y la falta de medios de los que se oponían a esta política han permitido que esta situación se haya ido consolidado. Sin embargo, algunas sentencias judiciales y la aparición de nuevas formaciones políticas y asociativas ha reactivado la lucha por la defensa de los derechos lingüísticos en Cataluña en los últimos años.

Anuncian la judicialización de los actos de discriminación del Ayuntamiento

En esta línea se enmarca una iniciativa que ha puesto en marcha Alternativa Ciudadana Progresista (ACP), una joven entidad catalana que surgió para ‘colaborar en la consolidación de proyectos políticos situados en el ámbito de la izquierda política con el objetivo de configurar una alternativa a la actual hegemonía nacionalista’, así como para promover la ‘lucha por la igualdad y la libertad como valores máximos de la sociedad democrática, basada en la justicia social y en la solidaridad entre los ciudadanos’.

ACP ha decidido ‘judicializar aquellas conductas que atentan, en definitiva, contra los más débiles en la sociedad actual, fundamentalmente, los trabajadores’. Lo que, en un primer paso, se traduce en acciones para garantizar los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, toda vez que han observado que los concesionarios de los servicios públicos que gestionan los centros deportivos dependientes del Ayuntamiento de Barcelona ‘no respetan’ los citados derechos lingüísticos vigentes, ‘discriminando a parte de la sociedad catalana por motivo de lengua’.

El Constitucional y el TSJC ordenaron respetar el bilingüismo institucional

La entidad apela a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que estableció que el catalán no puede ser preferente respecto al castellano en las instituciones públicas de Cataluña ni en las empresas que dependen de ellas.

También recuerda que, en mayo pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -sentencia 316/2012- anuló parte del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana aprobado en febrero de 2010, por otorgar al catalán un uso preferente sobre el español.

Dicha sentencia fue contundente:

‘No son aceptables […] los preceptos que desequilibren la paridad en la posición jurídica de ambas lenguas oficiales; esto es, las que configuren una posición de prevalencia o preferencia del catalán sobre el castellano o viceversa […]. El uso exhaustivo del catalán en las actuaciones internas no resulta necesariamente ilegal en la medida que esta previsión no excluye en si mismo el uso paralelo y normalizado del castellano. La paridad jurídica de ambas lenguas a la que se refiere el Tribunal Constitucional comporta que cuando más intensa es la regulación del uso de la lengua catalana, más intensidad habrá de recibir también la otra. Si no fuese así estaríamos en una situación de uso preferente de una de las lenguas, situación que el Tribunal descarta. De la misma forma sería igualmente admisible una regulación en los mismos términos referida a la lengua castellana’.

Contencioso con el Ayuntamiento por el Centro Deportivo Municipal Claror

La primera medida que han llevado a cabo es la de denunciar la exclusión del castellano en ‘todas las informaciones, escritas y visuales’ de las instalaciones del Centro Deportivo Municipal Claror, situado en el Ensanche de la ciudad.

Tras instar a la dirección del centro deportivo el verano pasado a ‘reintroducir el castellano como lengua oficial, junto al catalán, en sus informaciones oficiales’, esta decidió hacer caso omiso de la petición, por lo que ACP elevó su petición al Ayuntamiento de Barcelona.

Solo entonces, la fundación que gestiona el centro deportivo respondió a la entidad:

‘Seguimos las consignas establecidas por el Ayuntamiento de Barcelona, y hasta el momento no hemos recibido ninguna que nos indique la necesidad de introducir cambios en la forma de gestionar la información’.

El Ayuntamiento reconoce la sentencia pero decide ignorarla

Dos meses después, el Consistorio, en manos de CiU, remitió a la entidad una sorprendente respuesta. El escrito, firmado por la secretaria jurídica del Instituto Barcelona Deportes, Amina Omar Nieto, por una parte, reconocía la existencia de la sentencia que obliga a respetar el bilingüismo en las actuaciones municipales, y aseguraba su ‘intención’ de ‘acatar’ todas las sentencias y resoluciones judiciales; pero por otra, consideraba que las actividades desarrolladas en el centro deportivo municipal en cuestión ‘se ajustan plenamente a la normativa vigente y de aplicación en este ámbito’, a pesar de que el español es sistemáticamente excluido.

Respuesta del Ayuntamiento de Barcelona a la petición de Alternativa Ciudadana Progresista para que el Centro Deportivo Municipal Claror utilice ambas lenguas oficiales en sus informaciones, escritas y visuales.

Esta semana, ACP ha presentado un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de Barcelona contra la posición oficial del Ayuntamiento de Barcelona por negarse a acatar lo establecido en la sentencia del TSJC de mayo pasado.

La entidad ha anunciado cuáles son sus intenciones: ‘Con esta iniciativa piensa abrir camino para que los derechos de todos en Cataluña sean respetados, sin tolerar cualquier discriminación por razones etnolingüísticas, o de cualquier otro tipo; y advierte piensa extender su acción en relación a toda administración, corporación, pública, institución, empresa o concesionario que los vulnere’.

La Voz de Barcelona, 22-12-2012

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