Sobre la calidad democrática

Felip Puig

El contraponer una supuesta “legitimidad democrática” al cumplimiento de la ley y las sentencias de los tribunales de justicia es algo insólito en la Europa occidental que habrá puesto los pelos de punta a más de un responsable político de la UE, pues atenta directamente contra los principios y valores sobre los que se asienta: el respeto al Estado de derecho

A la vista de los resultados de las pasadas elecciones autonómicas catalanas, una gran cantidad de ciudadanos creímos en un primer momento que Artur Mas y CiU se darían por enterados de que, por ‘voluntad de un pueblo’ (como rezaba su lema electoral), la tan reclamada “mayoría excepcional” no se había producido y que, por lo tanto, se tomarían un período de reflexión para sacar las conclusiones oportunas. Bien al contrario, y en una pirueta política excepcional, hemos podido comprobar que la lectura hecha es bien diferente, resaltando que ‘la voluntad del pueblo’ les ha transmitido la urgente necesidad de proseguir por la senda del proceso soberanista.

Como es conocido, el establecimiento de un nuevo Estado requiere no sólo de una declaración en tal sentido de las instituciones representativas de dicho territorio (gobierno y/o parlamento), sino también, y sobre todo, su reconocimiento internacional. Según el actual derecho internacional, dicho reconocimiento se puede realizar sea por acuerdo mutuo de las partes (como en la antigua Checoslovaquia), sea en el cuadro de las Naciones Unidas. Bajo este último supuesto, existen dos posibilidades: a) la existencia de una situación colonial (que no es el caso para Cataluña, ya que los territorios bajo dominio colonial están especificados en una lista de la ONU y el único existente en Europa es Gibraltar), o b) una situación donde exista un déficit democrático evidente, es decir, donde no se respeten las reglas democráticas fundamentales y el Estado de derecho y, por ende, el respeto de los derechos de las minorías. Es, en este contexto, donde el desprestigio por parte de determinados políticos nacionalistas hacia la democracia española, cuando insisten en calificarla de baja calidad, cobraría todo su sentido y significación (en el fondo, éste sería el supuesto que sustentaría la creación de Kosovo como estado independiente de Serbia).

En este contexto, ¿en base a qué parámetros podríamos determinar la calidad democrática dentro de España? Esta cuestión tiene también un valor importante a efectos de nuestra pertenencia a la Unión Europea (UE), ya que según lo estipulado en el Tratado de Lisboa, en caso de manifiesto déficit democrático se deberían aplicar las sanciones previstas en el mismo, como ya sucedió respecto a Austria algunos años atrás (cuando la extrema derecha pasó a formar parte de un gobierno de coalición) o como advirtió recientemente respecto a Hungría (en relación a la nueva Constitución aprobada en el país). No podría ser de otra manera, ya que la UE se fundamenta sobre los valores democráticos que forman la quintaesencia de su propia existencia.

En primer lugar, las leyes fundamentales del Estado (incluida la Constitución) contienen los elementos necesarios para definirla como democrática y respetuosa con el Estado de derecho y los Derechos Humanos fundamentales: instituciones representativas, elecciones democráticas periódicas, separación de poderes, independencia judicial, derechos humanos fundamentales tales como la libertad de expresión, libertad de asociación, etc.

En segundo lugar, deberíamos poner nuestra atención en las prácticas existentes dentro del Estado, es decir, si de su funcionamiento podemos deducir elementos que supongan la existencia de un déficit democrático. Aquí es muy importante diferenciar entre el funcionamiento deficiente de las instituciones y del Estado de derecho en general a causa de una voluntad política en debilitarlas e impedir su buen desempeño (por ejemplo, nombramientos de jueces en función de su afiliación política con el fin de influir en las sentencias dictadas por los mismos) y debido a causas ajenas (por ejemplo, la falta de recursos financieros suficientes para su buen funcionamiento, solapamiento de funciones entre distintas administraciones, etc.). Evidentemente, el actual análisis debería concentrarse en la primera causa, si bien en las segundas también podrían encontrarse elementos indirectamente relacionados.

En mi opinión, en el caso del Estado español, los principales elementos de duda se refieren a tres campos fundamentales: el funcionamiento de determinados ámbitos del sistema judicial, el comportamiento de la mayoría de partidos políticos y la extendida existencia de corrupción.

La falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para el nombramiento y renovación del Tribunal Constitucional durante los últimos años ha sido el principal déficit del sistema judicial español. La necesidad de alcanzar un consenso entre ambos para el nombramiento de los magistrados del TC debido al requerimiento de mayorías reforzadas para tal fin, inicialmente introducidas para asegurar la excelencia de los mismos, se ha transformado en un espectáculo muy poco edificante de cambio de cromos por el cual se proponían candidatos más en función de su perfil político que por sus méritos profesionales con la intención de asegurarse interpretaciones de la Constitución lo más acordes posibles con los respectivos postulados ideológicos. Todos conocemos el resultado de dicha situación, con un TC al borde de su funcionalidad durante varios años.

La falta de democracia interna de la mayoría de partidos políticos debería ser otro elemento de preocupación. La inexistencia de elecciones primarias en muchos de ellos para elegir las personas que deberían asumir las responsabilidades de dirigir los mismos (la designación digital de Mariano Rajoy como sucesor de José María Aznar fue más un ejemplo de otros tiempos que de una situación democrática) o encabezar y conformar las listas a presentar en los diferentes procesos electorales no es una buena praxis democrática. Asimismo, el incumplimiento de muchas de las promesas electorales por parte de la mayoría de partidos políticos una vez alcanzan el poder es otro modelo a no seguir. En este apartado deberíamos incluir la utilización de los medios públicos de comunicación por parte de determinados gobiernos (incluidos los autonómicos) con el fin de promover su acción política, abandonando el deber de proporcionar una información objetiva a los ciudadanos.

Finalmente, la existencia de un gran número de casos de corrupción y, en particular, la banalización de los mismos por parte de determinados partidos políticos es una lacra que pone en riesgo la credibilidad y el funcionamiento mismo de las instituciones.

Así que a la pregunta si existe un problema de calidad democrática en España creo que podríamos responder, hasta cierto punto, de manera afirmativa. Sin embargo, en mi opinión, las deficiencias mencionadas no son lo suficientemente importantes como para que la UE pudiera considerar el aplicar algún tipo de sanción según lo dispuesto en el Tratado de Lisboa. En cualquier caso, todos los responsables políticos deberían esforzarse en introducir los cambios necesarios y corregir la situación de deterioro actual. De no ser así, me temo que la desafección de los ciudadanos por el sistema en su conjunto seguirá creciendo, poniendo en peligro su propio funcionamiento.

¿Cuál es la situación de Cataluña a este respecto?

¿El funcionamiento de sus instituciones es reflejo de una calidad democrática fuera de toda duda? Me temo que la respuesta es negativa. En primer lugar, la convocatoria misma de elecciones plebiscitarias con el fin de buscar el apoyo de los ciudadanos de Cataluña al proceso soberanista, abandonando el objetivo fundamental de elegir sus representantes para una acción global de gobierno durante un período de cuatro años, es un elemento que presenta dudas en cuanto a su pertinencia democrática. Particularmente, en medio de una profunda crisis económica, cuando la anterior legislatura estaba a medio camino y la gobernabilidad asegurada. A este hecho, hay que añadir el no asumir el fracaso de esta estrategia.

En este mismo sentido, la práctica democrática en Europa exige que después de la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones, el poder ejecutivo (en nuestro caso el presidente de la Generalidad y su Gobierno autonómico) se limite a la gestión de los asuntos corrientes (es decir, el día a día) del país y no utilice su prerrogativa institucional con el fin de obtener ventaja en el proceso electoral abierto. En mi opinión, éste fue el caso de los viajes de Mas a Rusia y Bruselas. No me extraña que no fuera recibido por ningún responsable político de importancia en ninguno de los dos casos (en particular, en Bruselas).

El contraponer una supuesta “legitimidad democrática” al cumplimiento de la ley y las sentencias de los tribunales de justicia es algo insólito en la Europa occidental que habrá puesto los pelos de punta a más de un responsable político de la UE, pues atenta directamente contra los principios y valores sobre los que se asienta: el respeto al Estado de derecho. Esta actitud, rayana en el caudillismo, es realmente preocupante. Aspirar a quedar en la historia como padre de la patria pasando por encima de las leyes y los tribunales es algo que a muchos ciudadanos nos cuesta aceptar.

En mi experiencia profesional, dentro del ámbito de las relaciones internacionales, este tipo de situaciones sólo suelen producirse en países con regímenes semi-democráticos y autoritarios. Además, creo que muchos de nosotros podríamos concordar con que en Cataluña se produce también, con demasiada frecuencia, una utilización de los medios de comunicación públicos para defender posiciones del partido instalado en la Generalidad convenientemente engrasada con las adecuadas subvenciones a los medios privados afines.

En segundo lugar, si bien desde el restablecimiento de la Generalidad se ha producido una alternancia en el poder (todos recordamos que Jordi Pujol dejó paso al tripartito en 2003 tras 23 años como presidente de la Generalidad), las elecciones autonómicas siempre las gana el mismo partido. Este hecho no es frecuente en otras latitudes del mundo desarrollado (aunque sí lo sea en otras Comunidades Autónomas). Sin embargo, hemos de decir que en otros ámbitos de poder dentro de Cataluña (como en los ayuntamientos) el grado de variabilidad es mayor, lo que sirve indudablemente para oxigear el sistema y reducir el riesgo de consolidación de redes clientelares. En este contexto, se podría añadir la existencia de un cierto regusto por el nepotismo y si no ¿cómo llamar al hecho que Oriol Pujol parece destinado a suceder a su padre (con el período de interregno del actual presidente autonómico)? Pero el caso de CiU no es el único, ya que, por ejemplo, también se ha dado en el PSC con los hermanos Maragall compartiendo gobierno. Desde luego, no hay nada como tener la vocación política y el mérito juntos en los genes familiares.

En tercer lugar, los casos de corrupción no tienen mucho que envidiar a los que se producen en el resto de España: las comisiones por adjudicación de obras (que parecen estar cotizando entre el 3 y el 4%), el caso Palacio, el caso de las ITV, etc. Aquí de nuevo la suerte está repartida, aunque tanto CiU como el PSC parecen haberse atribuido los principales premios. Pero en este apartado, creo importante resaltar el embargo judicial de la sede de CiU para responder a las responsabilidades derivadas: en mi experiencia, un caso insólito en el mundo desarrollado para un partido de gobierno.

Para finalizar, y ante el anuncio de Mas de “internacionalizar el conflicto”, me permitiría sugerir a nuestro presidente autonómico que la próxima vez que vaya a Bruselas no lo haga durante un proceso electoral (la UE no recibe en dichos casos para evitar su utilización espúrea) y hágalo con los deberes hechos; déjese aconsejar por Juan Prat, su delegado en la capital de Europa, con una amplia experiencia en esas lides.

Víctor Andrés Maldonado es economista y experto en relaciones internacionales

La voz de Barcelona (12.12.2012)

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