La trama de Oriol Pujol cobró 5 millones por facilitar desinversiones en Cataluña

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Recibieron comisiones por ayudar a Sony, Sharp y Yamaha a vender sus plantas industriales / Usaron como intermediaria a Alta Partners, propiedad del amigo del líder de CDC, Sergio Alsina, en la que es consejera su mujer

Stop corrupciónEduardo Inda – Estebán Urreiztieta / Madrid.- La trama liderada por Oriol Pujol, que se define a sí mismo como «un patriota catalán», percibió más de cinco millones de euros de comisión por facilitar la salida de Cataluña de tres multinacionales japonesas: Sony, Sharp y Yamaha.

Alta Partners, que preside su íntimo amigo Sergio Alsina y en la que Anna Vidal, la mujer de Pujol, es consejera, se embolsó casi tres millones de euros por despejar de obstáculos la desinversión de Sony y buscar un comprador de las plantas que la multinacional japonesa tenía en Cataluña. El nuevo dueño, Ficosa, abonó esta cifra para garantizarse el respaldo administrativo de la Generalitat, así como el nihil obstat a los ERE que iban a llevar a cabo. Nortia satisfizo 2 millones de «peaje» por quedarse con Sharp y una cifra similar desembolsó el Grupo Sesé al quedarse con los restos de Yamaha.

El secretario general de Convergència, Oriol Pujol, su esposa, Anna Vidal, y su íntimo amigo Sergio Alsina percibieron al menos cinco millones de euros de comisión por facilitar la salida de Cataluña de tres multinacionales japonesas: Sony, Yamaha y Sharp.

Fuentes de la investigación del caso de las ITV, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, aseguran que la mordida percibida por la empresa Alta Partners Investments, en la que Alsina es presidente y Anna Vidal consejera, fue de 2,8 millones en el caso de la multinacional de la electrónica Sony y dos en el de su competidora Sharp. Se desconoce con exactitud el peaje abonado por la compañía del motor Yamaha, aunque se cree que fue similar al satisfecho por Sharp. Esto significaría que Alta Partners se habría llevado, bajo el falso concepto de unos servicios de «consultoría», en torno a seis o siete millones de euros.

La operativa era tan sencilla como rentabilísima para Alsina -que fue detenido en el marco de las diligencias que lleva a cabo el juzgado- y para la mujer del número 2 de CDC. Ellos se encargaban de buscar empresas catalanas que se hicieran cargo del activo y el pasivo de las sucursales japonesas en España y, sobre todo, de despejar el camino de obstáculos administrativos. Sony llegó incluso a abonar el coste del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que llevó a cabo Ficosa, la compañía que se hizo cargo de las instalaciones y los 600 trabajadores con que contaban los japoneses en el momento de su deslocalización

Alta Partners percibió la comisión por limitarse a asegurar la pro- tección del poder político. «Alta Partners era la encargada de negociar el proceso para garantizar la aprobación del proyecto por parte de la Generalitat, ya sea la venta de la empresa a un tercero o el ERE en su caso», aseguran los investigadores.

El objetivo de Ficosa era aprovechar las instalaciones y el personal dejado por los japoneses para montar ITV de coches -cuya concesión depende del Gobierno autonómico- y quedarse con la exclusiva de las inspecciones de edificios, naves y empresas en toda Cataluña.

Tras el pelotazo consumado con Sony, transacción ejecutada coincidiendo en el tiempo con la vuelta de CiU al Govern, Oriol Pujol y Sergio Alsina se propusieron repetir el éxito con Yamaha y Sharp. Y lo lograron ingresando cantidades millonarias por la intermediación.

Para garantizarse la cobertura de la Administración contaban con la colaboración de Xavier Mena, consejero de Empresa del Ejecutivo presidido por Artur Mas, y la de Germà Gordó, secretario de Gobierno de la Generalitat y, junto a David Madí y Francesc Homs, una de las tres personas de máxima confianza del presidente catalán. El hombre que se fajaba en el día a día para acelerar y limpiar de obstáculos la tramitación de los planes de Alta Partners es Joan Sureda, director general de Industria. El mismo rol jugaban el director general de Energía, Josep Canós, y el de Relaciones Laborales, Ramón Bonastre. La investigación ordenada por la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ha determinado también que Pujol y Anna Vidal se llevaban su parte de las comisiones facturando cantidades millonarias a Alta Partners por la prestación de servicios ficticios.

El Mundo (12.12.2012)

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