Hacienda solo consigue recaudar 1.200 millones por la amnistía fiscal, menos de la mitad del objetivo

Un 52% menos de lo que se esperaba

Subraya que «ha valido la pena» esta medida porque «permite recaudar mucho más en un momento vital para financiar los servicios públicos y conseguir alcanzar el objetivo de déficit público»

Pilar Gassent / Madrid. “Ineficaz, injusta, inmoral, contraria al principio de igualdad que protege la Constitución…” son solo algunas de las cosas que se han dicho de la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó en marzo pasado. El indulto masivo para los defraudadores que han mantenido su patrimonio oculto, tanto dentro del Estado como en paraísos fiscales, no ha gustado a nadie desde el momento que Sáenz de Santamaría y Montoro lo anunciaron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hasta Bruselas, a cuyos dictados se suele acoger sin rechistar el Gobierno de Mariano Rajoy, puso mala cara. No digamos los funcionarios y técnicos de Hacienda que, hartos de que les apliquen sucesivos tijeretazos, reclaman más medios para luchar contra el fraude fiscal porque es ahí, dicen, donde puede residir la baza indiscutible de Hacienda para aflorar el dinero que se escapa a su control.

Pero es que, a tenor de los resultados anunciados este lunes por el ministro Montoro, la amnistía no ha gustado siquiera a los propios defraudadores, que no han cubierto ni la mitad de las expectativas que se barajaban. Si se esperaba recaudar 2.500 millones, la cantidad finalmente ingresada solo alcanza los 1.200 millones de euros. De nada han servido las continuas invitaciones para que los afectados se acogieran a la regularización, ni otras actuaciones de carácter coercitivo y cuestionable como la entrada en domicilios y locales con la presencia de cámaras de televisión para amedrentar a los deudores. El que tiene grandes cantidades de dinero fuera de España no está interesado en retornarlo, habida cuenta del elevado riesgo país con el que nos enfrentamos actualmente. Solo los que han obtenido sus recursos con actividades poco recomendables pueden haberse sentido atraídos por la posibilidad de proceder a su blanqueo. Y así, la amnistía fiscal habría funcionado como una lavadora de dinero negro, dejando impunes y como recién salidos del tinte a un puñado de delincuentes.

Los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha ya habían considerado “misión casi imposible” cumplir las objetivos iniciales. Este colectivo denunció además que la puesta en marcha de la iniciativa, que “posibilita enjugar grandes fraudes a precios de saldo”, había tenido un efecto negativo en otros ingresos tributarios, al provocar una disminución del 20% de la recaudación inducida, que engloba las declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.

Como la amnistía fiscal está prohibida por ley, el Gobierno ofreció regularizar los activos ocultos pagando un gravamen único del 10%, mientras que por los dividendos obtenidos en el extranjero se debía tributar un 8%. Entró en vigor en junio y finalizó el 30 de noviembre. El objetivo era hacer aflorar unos 25.000 millones en cuentas en el extranjero o en ‘dinero negro’ dentro del país, pero según Montoro sólo han surgido unos 12.000 millones de euros de bases imponibles. Y a esto es a lo que se han acogido tanto el ministro de Hacienda como el titular de Economía, Luis de Guindos, para asegurar que pese a todo el Gobierno “está satisfecho” porque esas bases imponibles podrán ser gravadas en el futuro.

Claro que eso mismo es precisamente lo que los expertos, asesores fiscales y técnicos de Hacienda, opinan que se habría podido conseguir con una alternativa más eficaz de cara a la recaudación y éticamente más aceptable: potenciar la lucha contra el fraude fiscal. Todos ellos denuncian que la Agencia Tributaria vuelca sus esfuerzos en perseguir al pequeño contribuyente, controlando las rentas del trabajo y gravando a los que viven de su propio esfuerzo para después rescatar a los bancos y pagar la deuda a los acreedores. Sin embargo, lo fía todo al voluntarismo de los grupos en los que está residenciado el grueso del fraude fiscal, el 71,7%: grandes patrimonios y grandes empresas, que escapan con extraordinaria facilidad a ese control.

La amnistía fiscal siempre ha estado bajo la sospecha de que lo que realmente ha querido hacer el Gobierno es favorecer a las clases sociales más altas. Los propios técnios de Hacienda han alimentado esa tesis. De hecho, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha reiterado en cuantas entrevistas se le hicieron tras la luz verde a la amnistía que “hace falta voluntad política por parte de los Gobiernos y de los ministros de Hacienda para que la Agencia Tributaria luche eficazmente contra el fraude. Es necesario un cambio en los modos de actuación que dote a los técnicos de Hacienda de mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra la economía sumergida” (La Voz de Galicia, 9-6-2012). Gestha pone el acento en que solo el 20% de la plantilla está dedicada a investigar los grandes fraudes y en que hay que desplazar la lupa de las investigaciones.

En esa dirección apuntan las primeras críticas del PSOE, nada más conocer el balance final de la campaña. El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, ha escrito en Twitter: “La amnistía fiscal ha sido un fracaso absoluto y una tomadora de pelo de Montoro a los contribuyentes que pagan sus impuestos”. Saura, que en otros comentarios ha llegado a calificar de “repugnante” esta medida, sostiene que con la amnistía se premia a los defraudadores, que acaban pagando menos que quien sí declara su patrimonio y sus rentas de manera regular. También el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha señalado a través de la red de microblogging que la ‘amnistía fiscal’ “injusta e inmoral” se ha demostrado también “ineficaz” al haber recaudado “la mitad de lo que pretendía el Gobierno”. “Tal y como denunciamos”, apostilla.

Uno de los obstáculos con los que ha chocado la pretensión de que los grandes defraudadores decidieran regularizar su situación en España es la inseguridad jurídica que rodea a todo el proceso. Por una parte, hasta ahora no se ha tomado una decisión creíble y unificada de la Unión Europea que haga que los que depositan dinero en paraísos fiscales teman ser perseguidos. Por otro lado, la amnistía fiscal se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por lo que, si se produjera un fallo contrario a la medida, ¿cómo quedaría el contribuyente que ha hecho aflorar su dinero? A todo ello se suma otra cuestión: Hacienda puede indultar a los defraudadores a cambio del 10% de lo defraudado pero eso no significa que la Fiscalía se quede de brazos cruzados ante la posible procedencia ilícita del dinero aflorado.

La República de las Ideas, 03-12-2012

 

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