Sólo PP y UPyD apoyarán el decreto sobre desahucios

Madrid. UPyD será el único partido de la oposición en el Congreso que apoye la convalidación del decreto ley Antidesahucios, que el resto de la oposición rechaza por considerarlo «insuficiente, injusto y demasiado limitado», si bien Foro Asturias (FAC) optará por la abstención.

Aunque todas las formaciones parlamentarias –con la única salvedad del PP– han criticado al Gobierno por aprobar unas medidas demasiado restrictivas, la formación magenta considera que es «urgente» implementar alguna solución.

Además, el hecho de que el decreto ley vaya a tramitarse como proyecto ofrecerá la posibilidad de introducir modificaciones en aspectos como las tasas de demora, las cláusulas abusivas o las tasaciones. Por eso, las enmiendas parciales se referirán a estos asuntos, aunque tanto el PSOE como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han anunciado que también presentarán enmienda de totalidad, que deberá ir acompañada de una propuesta alternativa.

Los intereses financieros por delante de las familias 

Así, el portavoz de IU-ICV Joan Coscubiela ha reprochado que ‘populares’ y socialistas hayan rechazado por «miopía» y por «poner los intereses financieros por delante de las familias» las diferentes propuestas que, desde hace años, se han planteado desde la oposición. «Se podría haber minimizado el impacto social de los desahucios», ha lamentado.

Además, ha criticado que el Gobierno haya «intentado engañar a los ciudadanos con lavados de cara» como el Código de Buenas Prácticas de marzo o este decreto. A su juicio, «la dación en pago es la única medida justa para resolver un desequilibrio profundo entre deudores y acreedores» y para repartir de una forma más equilibrada los costes de la crisis, pero no se lleva a cabo porque el decreto ha sido «redactado por la patronal bancaria».

El catalán también duda del número de beneficiarios del decreto, como también los requisitos aprobados, que generan desigualdades entre familias con circunstancias muy similares. «Votamos en contra de que se cierre en falso la herida social y se deje la infección dentro», ha añadido, reclamando que se aborde una «moratoria universal» en tanto en cuanto no se acometen reformas de profundidad escuchando a los afectados.

Profunda decepción

La portavoz de CiU, Lourdes Ciuró, ha afirmado que los nacionalistas catalanes sienten una «profunda decepción» por que el Gobierno «en ningún momento» les haya llamado al diálogo. Además, cree que «una moratoria no es una solución», sino que ofrece únicamente un «parón» en las ejecuciones que, con las condiciones que recoge el decreto, ni siquiera garantiza que durante los próximos dos años no se vayan a acumular más intereses que al final generen una deuda completamente inasumible a las familias.

«Reconocemos la necesidad de adoptar la moratoria, pera con rigor y consenso para llegar a una solución. Además, el decreto no está exento de interrogantes, como cuándo termina su efecto o qué pasa con los intereses de demora durante ese tiempo», ha dicho la diputada, criticando a renglón seguido lo «restrictivo» de las condiciones definidas y que no se aborde la situación de quienes ya han sido desahuciados.

El decreto es «inaplicable» 

En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha señalado que, aunque es «lógico solucionar primero los casos más sangrantes», este decreto es «tan limitado que es casi inaplicable», además de que llega «demasiado tarde» para muchas familias.

«Si por la crisis se va a usar dinero de todos para sanear a las entidades financieras, ¿cómo no se van a resolver los problemas más acuciantes de las familias y personas que, por la crisis, pueden perder su única vivienda y encontrarse en una clara situación de exclusión? Es preciso que las entidades colaboren en este asunto», ha reclamado el diputado, proponiendo por ejemplo revisar las condiciones contractuales para que las hipotecas sean «más digeribles».

Decreto dictado por el poder financiero 

Joan Tardá, de ERC, ha reprochado tanto a PSOE como a PP sus rechazos constantes a las iniciativas de este tenor que se han debatido. «Que cada cual cargue con su mochuelo, pero la sociedad de debe tomar las medidas que no toma este Parlamento y dejar de ser cómplices retirando el dinero de los bancos que desahucian a las personas», ha reclamado.

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha recordado que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución, y que el Estado debería impedir la especulación. «Tomaduras de pelo», ha añadido, recordando que «la gente no carece de vivienda porque éstas no existan» sino porque se prima el derecho de los bancos. «No faltan pisos, sino vergüenza», ha apostillado.

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, cree que el Gobierno «ha cedido a la presión de la banca» y sólo busca «calmar la presión pública», sin tener en cuenta ni las propuestas de los jueces ni a las iniciativas de la oposición. «El decreto es insuficiente, injusto y limitado. Es una tomadura de pelo, no es ni un parche», ha añadido.

La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha acusado al ministro de «buenismo». «No hemos sabido responder a este drama», ha añadido, calificando el decreto de «remiendo» y señalando que «el problema no es la morosidad, sino la usura» de las entidades financieras. «Ustedes no tienen corazón», ha espetado Joan Baldoví, de Compromís-Equo, calificando el decreto de «inútil» y de ser «puro maquillaje barato y chillón».

Por parte de CC-NC, Pedro Quevedo cree que el decreto es «insuficiente» y supone, «una vez más, debilidad con los fuertes y fortaleza con los débiles», anunciando que pedirán en los juzgados la suspensión total de las ejecuciones hasta que se modifique la «injusta» Ley Hipotecaria.

Insuficiente pero urgente 

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Gorriarán, ha señalado que su formación votará a favor pese a sus discrepancias con muchos aspectos del decreto porque, «aunque es insuficiente, cualquier cosa que aporte soluciones es urgente». No obstante, ha expresado su preocupación con muchos aspectos tales como con lo limitado de su aplicación, el escaso número de viviendas disponibles para el Fondo Social o el desconocimiento sobre si están ubicadas en los mismos lugares que las familias con problemas.

También ha reprochado que «hasta que no se han empezado a ver historias trágicas no se ha hecho nada», y ha pedido que se exijan responsabilidades a quienes concedieron créditos con mucho riesgo.

Actuar ante la «desidia» del gobierno socialista 

Frente a todos estos argumentos, el ‘popular’ Pablo Matos ha acusado a los partidos de izquierda de oponerse al decreto porque «no soportan que quien haya plantado la posibilidad de reestructurar la deuda, las quitas o la dación en pago haya sido un Gobierno del PP. En particular, se ha referido a la «alarmante desidia e insultante insensibilidad» del Gobierno del PSOE.

Aunque ha reconocido que muchas de las propuestas avanzadas por formaciones como CiU son «muy interesantes» y se podrán debatir , Matos ha recordado que el sistema hipotecario actual «ha permitido acceder a la vivienda en propiedad a millones de ciudadanos» y que no se puede poner en peligro el crédito de las generaciones futuras.

En cualquier caso, sí ha asumido que «la crisis ha puesto en evidencia aspectos a mejorar» de la actual regulación en aspectos como el sobreendeudamiento, la independencia de las sociedades de tasación, las cláusulas abusivas o los intereses de demora desproporcionados.

Carlos Salvador, de UPN, ha recordado que «podemos seguir lamentándonos o buscar una solución urgente» y ha alertado del peligro de llegar a una «sobreprotección de los deudores» que «socave» la seguridad jurídica de las entidades. Por su parte, Enrique Álvarez Sostres, de FAC, ha criticado que sólo se suspendan los lanzamientos y lo limitado de su aplicación, con lo que «no solución a los problemas reales».

Europa Press, 29-11-2012

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