‘Divide et impera’: cuando el catalanismo necesita la escisión social

Mas saluda a sus seguidores, en la plaza de San Jaime, después de la reunión con Mariano Rajoy, en la que este le dijo que no podía aceptar el concierto económico para la Generalidad (foto: Generalidad).

Las opciones de que dispone la ciudadanía, y más concretamente los ciudadanos de Cataluña ajenos al nacionalismo y a su red de adherencias cívico-políticas, sociales, mediáticas y económicas, para hacer frente a un poder público que se considera desligado de sus deberes constitucionales de defensa de la ley democrática, y de los derechos y las libertades civiles que ésta protege, son diversas.

Sobre el fondo de una crisis económica sin precedentes, que sirve de combustible a discursos identitarios excluyentes en toda Europa, Cataluña avanza a lomos del nuevo populismo independentista hacia una escisión social en dos comunidades divergentes. La primera, articulada en torno a las bases tradicionales del nacionalismo y a sus clases dirigentes, experimenta una progresiva radicalización populista y desarrolla una creciente beligerancia no sólo hacia “España”, sino también hacia la tradicional pluralidad identitaria y lingüística de la sociedad catalana. Es a esta desafección, a la vez hacia fuera y hacia dentro de Cataluña, a la que las terminales mediáticas del nacionalismo, tanto públicas como privadas, sirven a la vez de pólvora, de mecha y de humo.

La segunda comunidad, sociológicamente urbana y trabajadora, económicamente más vulnerable, escasamente nacionalista (ni española ni catalana) y de identidad preferentemente mixta, ha mostrado históricamente una movilización política más débil en la política autonómica (como muestra el persistente fenómeno de abstención diferencial entre las elecciones regionales y las legislativas) y no ha tenido un acceso más que subsidiario a los medios de comunicación nacionalistas y al imaginario catalán que éstos han construido y difundido en las últimas décadas. Esta comunidad ha sido -y sigue siendo- demográficamente mayoritaria. Sin embargo, su rol social y político en Cataluña ha sido históricamente el de una minoría, una minoría tolerada por el catalanismo dominante, pero sólo en la medida en que se mantuviera al margen de los asuntos públicos autonómicos: una mayoría minorizada, los más débiles socialmente y los ignorados -cuando no despreciados- culturalmente.

La novedad de este curso político es que incluso este precario y muy desigual equilibrio resulta demasiado generoso para las élites dirigentes en Cataluña. Al catalanismo orgánico ya no le basta, como hasta ahora, con ser la única voz audible y oficialmente reconocida en Cataluña. La espiral del silencio que ha consagrado el monopolio mediático catalanista en las últimas décadas está dando paso a la imposición de un falso consenso en sus exactos términos: individuos que critican a otros con los que en el fondo están de acuerdo por temor a ser menospreciados en caso de manifestar lo que realmente opinan. Fragilizado por unas dinámicas de globalización y precarización social que no respetan perímetros de influencia como los que han permitido preservar históricamente (antes y después del restablecimiento de la democracia) su posición de clase dominante en Cataluña, el catalanismo sociológico e institucional necesita reafirmar su hegemonía por medios más agresivos. Y pretende para ello ocupar todo el espacio identitario, ya sea mediante la asimilación de los espacios no catalanistas, o mediante su expulsión definitiva e irreversible del escenario interno catalán.

No sólo por razones identitarias. Los sectores obreros y populares de Cataluña más refractarios al catalanismo han sido también uno de los principales bastiones sociológicos y electorales de la izquierda española, en el que ésta se ha apoyado históricamente para construir el Estado del bienestar en España y consolidar una red de servicios públicos y prestaciones sociales -educación, sanidad- con vocación de calidad, universalidad y justicia social. Y son, por tanto, los sectores que más beligerantes podrían mostrarse a priori con los durísimos recortes que el gobierno convergente ha aplicado sobre la sanidad y la educación, al tiempo que preservaba la “prioridad nacional” y los gastos ligados a su estrategia identitaria.

En ese sentido, resulta ilustrativa, por reveladora de la estrategia catalanista subyacente, la temprana acusación de “españolismo” que el nacionalismo lanzó contra el Movimiento 15M cuando éste inició sus movilizaciones en Cataluña contra las políticas neoliberales de la Generalidad convergente. El relanzamiento de las tensiones identitarias sirve, además de para tapar el debate social emergente y cohesionar a las bases nacionalistas, para fragilizar y neutralizar a la población que podría presentar más resistencia al desmantelamiento y la privatización del Estado del bienestar llevado a cabo por el Gobierno autonómico, que va bastante más allá de los ajustes exigidos por Madrid y Bruselas. Y en esto el nacionalismo no hace más que beneficiarse de la labor realizada por el franquismo, porque los trabajadores que habían llegado en los años sesenta, carentes de derechos de ciudadanía, jamás contaron con las instituciones como garantías de la justicia ni con la ley como la protección de sus libertades. No eran ‘un ejército de ocupación’ -por utilizar la obscena fórmula con la que Jordi Pujol se había referido a ellos- sino los empleados que cuidan de una casa que saben que no es suya. Una percepción que los nacionalistas han estado muy interesados en mantener: las instituciones no tenían que ver con ellos, eran cosas de “los catalanes fetén”. Y en transmitir de la forma más eficaz posible, al excluir su lengua de la política y la administración.

Quiebra de la ley democrática

Hay más consecuencias. La escalada identitaria que lidera el Gobierno autonómico nacionalista catalán y sus aliados político-mediáticos, la retórica totalitaria -sacrificial y mesiánica por momentos- de sus dirigentes y portavoces, empeñada en glorificar el dictado de los “sentimientos” frente al imperio de la razón, de las leyes y las instituciones democráticas; la continua descalificación del marco constitucional -contrapuesto a una supuesta “voluntad del pueblo” que el nacionalismo dice encarnar- por parte de quienes deberían ser sus máximos garantes en Cataluña, así como la progresiva impunidad de las violaciones de la ley cuando éstas tienen un sentido político y favorable a los intereses del nacionalismo; están extendiendo en Cataluña un clima de quiebra definitiva de la ley democrática y, con ella, las bases de la convivencia en el seno de una sociedad plural.

El caso del Tribunal Constitucional refleja como pocos la dinámica de desprecio al ideal democrático por parte del nacionalismo: las instituciones democráticas se respetan cuando sirven y se descalifican sin miramientos cuando dejan de hacerlo. El Alto Tribunal, al que los nacionalistas han recurrido tantas veces como han considerado necesario -y, dicho sea de paso, del que han obtenido más sentencias favorables que desfavorables-, pasó a ser linchado mediáticamente tras la sentencia del Estatuto como instrumento supremo de agresión a la “voluntad nacional” que ellos dicen encarnar. Algo que no les ha impedido seguir recurriendo a él y beneficiándose de su jurisprudencia cuando ésta es favorable a sus intereses… de nuevo, en alemán y en blanco y negro, el proceder nacionalista evoca a otras épocas y otras latitudes.

No se trata ya de que los poderes públicos apliquen las leyes de forma selectiva, con más o menos discreción, o de que recurran a subterfugios legales y administrativos de toda clase para esquivar, retrasar o neutralizar sus efectos más enojosos, cuando éstos son contrarios a los intereses. Esas detestables estrategias son frecuentes en muchos países democráticos, entre ellos -y de forma muy destacada- España.

Pero ese triste ruido normal de la democracia no deja de rendir un culto a la ley, aunque sea hipócrita. Nada tiene eso que ver con el desprecio explícito y sistemático del que hace gala el catalanismo orgánico hacia las leyes, las mismas que -no se olvide- dotan de legitimidad a las instituciones catalanas; las mismas que, con todas sus imperfecciones, son el resultado de un Parlamento autonómico elegido por el conjunto de los ciudadanos. La nueva actitud de los líderes catalanistas da fe de la cruda determinación del catalanismo orgánico, cada vez exhibida con menor pudor, de convertir los poderes públicos bajo su control (instituciones autonómicas y parte de las administraciones locales, comarcales y provinciales) en agentes activos de su desprecio al sistema institucional, constitucional y democrático que garantiza los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos de Cataluña. Unas instituciones de todos que resultan al fin indistinguibles de los órganos internos de los partidos, en concreto, de la coalición nacionalista y sus aliados. Estado y partido; en alemán y en blanco y negro.

Las implicaciones de este escenario son de extrema gravedad, y deben considerarse con cautela. Un gobierno -el de la Generalidad en este caso- que se considera la única encarnación del pueblo, que se presenta como instrumento de una voluntad superior, no sujeta a las leyes democráticas, a las que ignora o desprecia, que advierte que no está dispuesto a respetarlas, ni a garantizar su cumplimiento ni a penalizar su violación, que avisa que sus prioridades pasan precisamente por arrollarlas y establecer una tierra de nadie jurídica en el territorio donde ejerce su jurisdicción, es un poder público que abandona deliberadamente el territorio de la democracia y de la legalidad, incluida la de la autonomía catalana, cuya legitimidad última está depositada en el conjunto de los ciudadanos; para desplazarse a otro estadio y convertirse en otra cosa: en una maquinaria que puede contar, ciertamente, con poderosos medios administrativos y de coerción a su disposición; pero que en su decisión de librarse de las restricciones que en toda democracia imponen las leyes y las demás instituciones con las que coexiste ha perdido también el derecho a exigir de los ciudadanos el respeto y el acatamiento de su autoridad. Es un poder que ha dejado de ser legítimo, porque ha dejado de estar al servicio de los derechos y las libertades cívicas, de las que la ley constituye la máxima salvaguarda, para pasar a constituir una de sus principales amenazas.

Contra lo que se afirma con demasiada ligereza, la democracia descansa, además de en el gobierno de la mayoría de los que votan, en el común respeto al imperio de la ley democrática -que obliga igual a gobernantes y a gobernados- y en la consolidación de un complejo equilibrio de poderes y contrapoderes institucionales, todos autónomos pero ninguno completamente independiente de los demás, en el que la legitimidad democrática es compartida o no es. Es esa combinación la que constituye la garantía de defensa más firme de los derechos y las libertades cívicas, políticas y sociales de todos los ciudadanos -no sólo de la fracción que circunstancialmente sea favorable a uno u otro gobierno-.

Y es esa combinación la que el nacionalismo catalán ha decidido finalmente abatir en Cataluña al declarar que no se siente comprometido con la legalidad, que cumple cuando le da la gana y que queda en suspenso cuando no, situándose así en el terreno de la arbitrariedad y poniendo, por tanto, en peligro la libertad republicana, merced a la cual no estamos sometidos a la voluntad arbitraria de nadie porque el imperio de las leyes así lo asegura. El terreno de déspota, sin más. Lo hace, además, con el agravante de que la inseguridad que instala en la sociedad catalana cae sobre un solo lado: el de los ajenos y los contrarios al catalanismo oficial, cada vez más excluidos de unas instituciones autonómicas progresivamente puestas al servicio de la fractura social y la radicalización identitaria y el desprecio a la ciudadanía, en la que el nacionalismo se instala con naturalidad: no está de más recordar que en las anteriores elecciones autonómicas, en un debate televisado, el candidato Mas se dirigió a otro para decirle: “Mire si somos tolerantes los catalanes que usted habla en castellano y no pasa nada”. Algo así solo se puede decir desde un desprecio que sencillamente niega la condición de ciudadanos a quienes se expresan en castellano, la lengua de la mayoría de los catalanes, sobre todo de las clases populares.

Las opciones de que dispone la ciudadanía, y más concretamente los ciudadanos de Cataluña ajenos al nacionalismo y a su red de adherencias cívico-políticas, sociales, mediáticas y económicas, para hacer frente a un poder público que se considera desligado de sus deberes constitucionales de defensa de la ley democrática, y de los derechos y las libertades civiles que ésta protege, son diversas. Cabe, en primer lugar, exigir claridad a los demás poderes públicos con responsabilidad para con los ciudadanos de Cataluña. En un régimen democrático y constitucional como el español, en efecto, la garantía de los derechos en cualquier parte del territorio corresponde los poderes públicos con jurisdicción en ese territorio -a todos ellos-. El Estado cuenta con medios pacíficos, legales y legítimos para defender esos derechos y la ley democrática que los ampara, además de la obligación de emplearlos allí donde éstos se vean amenazados. No es posible ya mantener la actitud de obstinada indiferencia con la que los sucesivos gobiernos españoles han hecho caso omiso a las cada vez mayores violaciones de los derechos y libertades de los no nacionalistas a manos del poder nacionalista. No es, tampoco, posible ya justificar las desidias en nombre de la democracia y el respeto a supuestas mayorías: ninguna manifestación, por multitudinaria que fuera; y ninguna votación, por mayoritaria que resultara, podría suprimir los derechos de los ciudadanos catalanes que hoy están en la mirilla del nacionalismo sin dar lugar a una dictadura más o menos plebiscitaria o aclamativa. Y el argumento puede extenderse a las instituciones comunitarias europeas, que resultan perfectamente prescindibles si se desentienden de desafíos como el que hoy se vive en Cataluña, y están ya latentes en otras partes de la Unión Europea.

La desobediencia civil como única respuesta legítima y democrática

Si los demás poderes públicos renuncian, por incapacidad, desidia o falta de voluntad política, a ejercer sus responsabilidades democráticas para con los ciudadanos de Cataluña, la movilización y el ejercicio del derecho a la desobediencia civil emergen como la única respuesta legítima, autónoma y radicalmente democrática de esa ciudadanía ante el catalanismo orgánico. Un catalanismo excluyente que ha expropiado definitivamente las instituciones autonómicas al conjunto de los ciudadanos, deslegitimándolas al ponerlas al servicio de una estrategia de exclusión, polarización y enfrentamiento identitario y que, a la vez, ataca frontalmente los derechos sociales de esos mismos ciudadanos a los que desprecia, como se ha mostrado superlativamente en el caso de la sanidad pública.

Las clases no afines al catalanismo dirigente están legitimadas para resistir democráticamente a un poder que se sitúa por encima de la ley democrática común, máxima garantía de los derechos y las libertades -especialmente las de los sectores más vulnerables-; a un poder que ha disuelto los complejos equilibrios entre instituciones públicas que caracterizan cualquier Estado democrático y de derecho; a un poder que ataca con creciente virulencia los derechos cívicos y sociales, aprovechando la gravedad de la crisis social y económica y la debilidad de los contrapoderes institucionales del Estado; a un poder que alimenta la radicalización identitaria en Cataluña y la dirige contra los tibios ajenos al núcleo militante del catalanismo.

En este contexto, quizá sea cosa de comenzar a plantearse la posibilidad de la desobediencia pacífica y democrática ante un poder ilegítimo. No sólo como un imperativo moral en defensa de los derechos y las libertades individuales, violentadas con creciente impunidad por el nacionalismo institucional, sino como el único medio efectivo de defender los valores básicos de cualquier sociedad democrática avanzada: el imperio de la ley democrática; la seguridad jurídica de los ciudadanos; la garantía de los derechos individuales, tanto civiles como políticos y sociales; la separación de poderes; la ejemplaridad pública de los gobernantes; la neutralidad de las instituciones y la lealtad entre ellas; el reconocimiento y el respeto efectivo, en fin, de la pluralidad en el espacio público. Valores que el nacionalismo ha declarado oficialmente en suspenso en Cataluña después de erosionarlos silenciosamente durante su largo período de monopolio del poder autonómico; y que se degradan en todo el país ante la parálisis y la desidia -cuando no la abierta complicidad- de buena parte de los responsables de velar por ellos.

Extracto de un artículo más extenso que se publicará en El Viejo Topo bajo el título de La fractura catalana.

Félix Ovejero es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona; y José Antonio Cordero es investigador en la Université catholique de Louvain (Bélgica)

La voz de Barcelona (23.11.2012)

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