El Gobierno se apoyará en la ‘consellera’

Fernández Bozal, antes abogada del Estado en Cataluña, ahora consejera de Justicia (foto: vídeo).
 
La titular de Justicia firmó la demanda contra la consulta independentista de Arenys
Marisa Cruz – Madrid.- Las normas están claras en la Constitución y en las leyes. La Generalitat de Cataluña no podría en ningún caso decidir unilateralmente la convocatoria de un referéndum o consulta popular de autodeterminación o independencia. El presidente Artur Mas las conoce con toda precisión habida cuenta de que su consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, en su calidad de abogada del Estado, fue la autora del recurso contencioso administrativo contra la primera consulta independentista celebrada en el municipio barcelonés de Arenys de Munt el 13 de septiembre de 2009.
El Gobierno central, si finalmente la Generalitat lleva a cabo su desafío y convoca a los catalanes a un referéndum de tintes soberanistas, esgrimirá exactamente los mismos argumentos clave que la propia Bozal utilizó para demandar con éxito a la localidad díscola, porque su acto incurrió en «vicio de nulidad de pleno derecho».
A lo largo de 18 páginas, la abogada del Estado desgranó con minuciosidad artículos y sentencias para tumbar la legalidad no sólo de la consulta popular organizada por el Ayuntamiento de Arenys, sino también para demostrar que la actuación de la corporación local incurrió en fraude de ley por intentar hacer pasar la convocatoria como una iniciativa de asociaciones privadas a las que el municipio sólo dio apoyo material.
La esencia del recurso redactado por Bozal se encuentra en su sexta página, incluida entre los fundamentos de derecho, cuando con claridad meridiana señala: «Una consulta relativa a la secesión de una Comunidad Autónoma del Estado español y su integración como Estado independiente en la Unión Europea, entendemos excede con creces la competencia propia municipal y el carácter local, amén de ser un asunto de especial relevancia no para los vecinos de un municipio concreto sino, a nuestro juicio, de todo el Estado español, por comprometer la integridad del territorio nacional».
Y añade: «De ahí, que una consulta de tal carácter constituya una cuestión política de especial trascendencia, cuya consulta popular vía referéndum es competencia exclusiva del Estado».
Desde el inicio de su escrito, la hoy consellera de Mas establece como premisa: «El acuerdo recurrido [la consulta independentista]… supone una palmaria extralimitación de las competencias estatales en materia de referéndum».
En el caso de que Artur Mas llame a los catalanes a una consulta, el ámbito territorial de la misma no será el municipio, como en Arenys de Munt, sino la comunidad autónoma, pero salvada esta diferencia, el fondo de la cuestión será el mismo: es necesaria la autorización del Gobierno de la nación.
El Mundo (1.10.2012)

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