Criminalización de los funcionarios

Viñeta

No sobran policías, maestros o médicos. De hecho sería conveniente que tuviéramos más para que pudiéramos disfrutar de unos mejores servicios públicos. Lo que sobran son políticos, administraciones inútiles como el Senado y las diputaciones, coches oficiales, fundaciones y empresas públicas vinculadas al poder, asesores que no asesoran y cargos de confianza que no despiertan mucha confianza sobre su competencia profesional

Uno de los colectivos que más está sufriendo la actual crisis económica es el de los funcionarios. Su poder adquisitivo es cada vez menor y el Gobierno se dedica sistemáticamente a empeorar sus condiciones laborales. La última medida, quitarles una paga extra, no solo afecta a los funcionarios, sino que pondrá en serio riesgo la campaña de Navidad para los comercios de todo tipo, que sin duda verán rebajadas sus ventas. Eso provocará menor actividad económica, menos recaudación de impuestos y, en definitiva, más paro y pobreza. Es, sin duda, una medida equivocada.

Se suele alegar que los funcionarios tienen su puesto de trabajo asegurado y que, por lo tanto, no se quejen, que peor se está en la cola del paro. Eso en gran parte es cierto. Pero me gustaría recordar que los funcionarios también pueden ser despedidos si el Gobierno así lo decide, y si no que se lo pregunten a los griegos. Quiero poner sobre la mesa además el hecho de que muchos trabajadores públicos, interinos y sustitutos, se han ido a la calle en los últimos años. Ellos también sufren el drama del paro.

Pero lo que realmente me indigna de todo esto es la campaña de desprestigio mediático que desde algunos medios vinculados al Gobierno del PP se está haciendo contra los funcionarios. Mucho me temo que detrás de esas críticas lo que se esconde es el deseo de privatizar los servicios públicos para que unos pocos se enriquezcan.

La mayoría de las cosas que se dicen son inexactas o simplemente mentira. Uno de los errores habituales es confundir funcionarios con empleados públicos. Todos los funcionarios son empleados públicos, pero no todos los empleados públicos son funcionarios. En España sobran empleados públicos, pero no funcionarios.

En muchas Autonomías y municipios se ha creado una especie de administración paralela a la oficial compuesta por fundaciones, empresas públicas y otros organismos con una utilidad más que discutible. A eso hay que añadir los asesores y cargos de confianza que hay por todas partes. Muchos de esos supuestos asesores no poseen ni la formación ni la experiencia laboral necesaria para asesorar en temas de los que no tienen ni la más remota idea. Todo eso debería ser eliminado.

Esos cargos, si realmente se necesitan, tendrían que ser desempeñados por funcionarios que demuestren en una oposición su conocimiento de la materia a tratar. Esa pseudoadministración suele ser el refugio de afiliados a partidos políticos que no han conseguido salir en una lista electoral, de amigos, familiares y demás interesados que se arriman al calor del poder para ver si sacan algo.

Nada de todo eso tiene que ver con los funcionarios. Ellos deben aprobar una dura oposición. Solo así pueden tener su puesto de trabajo. Hay gente que está años estudiando para conseguir una ansiada plaza. La vía de acceso a la función pública es más exigente que la que hay que pasar en cualquier empresa del sector privado, donde muchas veces se contrata a alguien por amiguismo o por otras razones ajenas a su competencia profesional.

Los funcionarios son fundamentales para asegurar el funcionamiento eficiente del Estado. Si existen es para evitar que cada vez que se renueva el Gobierno se cambie a todos los empleados públicos. Eso provocaría el caos y una falta de estabilidad que pondría en riesgo servicios básicos para el funcionamiento de la sociedad.

No sobran policías, maestros o médicos. De hecho sería conveniente que tuviéramos más para que pudiéramos disfrutar de unos mejores servicios públicos. Lo que sobran son políticos, administraciones inútiles como el Senado y las diputaciones, coches oficiales, fundaciones y empresas públicas vinculadas al poder, asesores que no asesoran y cargos de confianza que no despiertan mucha confianza sobre su competencia profesional. Dejemos de criminalizar a un colectivo de millones de personas que se dedica a trabajar para que todos vivamos mejor.

Roberto Augusto es doctor en Filosofía

La voz de Barcelona (7.08.2012)

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