El juez impone a CDC una fianza de 3,2 millones por el saqueo del Palau

Daniel Osàcar durante su comparecencia en la comisión del Caso Palau, acompañado por los diputados de CDC Francesc Homs, Jordi Turull y Oriol Pujol. / CARLES RIBAS

El auto considera al partido responsable civil «a título lucrativo» del caso y le amenaza con embargarle los bienes

El partido de Mas debe devolver el dinero que recibió de forma ilícita

El magistrado amenaza con embargar los bienes de la formación

Stop corrupciónJesús García.- El juez que investiga el caso Palau ha impuesto a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) una fianza de 3,2 millones para responder por las cantidades que, presuntamente, recibió de forma ilícita. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, da a la federación nacionalista 24 horas para abonar la fianza desde la fecha de notificación del auto. Éste no ha sido remitido aún a las partes. En caso de no abonar esa cantidad, señala la resolución, “se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el importe”, precisa la resolución, que ordena la apertura de una pieza separada para instruir la responsabilidad civil de Convergència.

El juez considera que las investigaciones practicadas hasta la fecha indican que Convergència “recibió fondos de la Asociación Orfeó Català” a través de “entregas opacas de dinero en efectivo” realizadas entre 2002 y 2008. Esas entregas fueron hechas por el expresidente del Palau, Fèlix Millet, y quien fue su mano derecha, Jordi Montull, con la ayuda del tesorero del partido, Daniel Osácar, también imputado en la causa.

Carles Torrent fue responsable de finanzas del partido hasta su muerte, en marzo de 2005. Osácar le sustituyó en el cargo. Según las investigaciones, las entregas de dinero suman 2,3 millones. De éstos, 570.000 fueron recibidos por Torrent y 1,7 millones por Osácar. El “destino final” de esas cantidades era Convergència, “bien directamente, bien a través de la Fundación Trias Fargas”, vinculada a la formación nacionalista.

Las últimas pesquisas arrojadas por el juzgado han arrojado aún más luz sobre la presunta financiación irregular de CDC. Hay “indicios”, señala el juez Pijuan, de que Convergència “fue beneficiaria de una desviación de fondos” por un importe de, al menos, 982.000 euros. Ese desvío se “instrumentalizó” mediante una “facturación mendaz” de las sociedades New Letter y Letter Graphic a la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música. El Palau pagó los trabajos, pero no se ha acreditado que estos se ejecutaran. Hay indicios, señala el juez, de que el pago de esa facturación fue aportado, en realidad, por la constructora Ferrovial como si fueran donaciones para la institución musical.

El juez considera que, gracias a esos pagos, Ferrovial consiguió adjudicarse obras de gran envergadura en la época de Jordi Pujol, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia.

La resolución judicial es un mazazo para el partido de Artur Mas. El fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled, había pedido al juez que CDC constara como “partícipe a título lucrativo” y, por tanto, abonase una parte del dinero desviado del Palau, cifrado en 30 millones de euros. Esa figura, la del partícipe a título lucrativo, está prevista en el artículo 122 del Código Penal. Significa que quienes se benefician del dinero de un delito están obligados a devolverlo, a pesar de que no hayan participado en la comisión de ese delito.

El País (18.07.2012)

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