Cerremos el CAC

Viñeta de Forges

Los partidos colocan a sus jubilados en el CAC haciendo efectiva la partitocracia

Según su carta de presentación, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) existe para garantizar «la defensa de la libertad de expresión y de información, del pluralismo, de la neutralidad y la honestidad informativas, así como de la libre concurrencia en el sector». Para alcanzar este loable objetivo, y según información del E-notícies, el CAC tiene una plantilla de 104 trabajadores y seis millones de euros de presupuesto. Visto, pues, que no nos sale gratis, cabe preguntarse para qué sirve, sobre todo porque muchos no somos capaces de saberlo.

Veamos la hipótesis: sirve para lo que dice, la defensa de la libertad de expresión y bla, bla… ¿Y para eso necesitamos un organismo supraperiodístico que haga de comisario de las buenas prácticas de los medios de comunicación? ¿No es suficiente el Estado de derecho? ¿Somos una sociedad tan incapaz y sospechosa que necesitamos policías de periodistas? Bien, demos por hecho que sea así. Entonces, durante estos años, ¿qué ha hecho que valga la pena? Seguro que tienen una gruesa memoria de actividades para justificar su existencia, pero más allá del Libro de Petete, la verdad es que es difícil recordar alguna decisión memorable.

Son como una especie de invitado de piedra, que ocupa espacio pero no ocupa contenido.

Aun así, y en el beatífico supuesto de que hayan trabajado mucho (en secreto) y que sean necesarios, entonces cabe suponer que sus consellers serán reconocidos periodistas. ¿Cómo? ¿No? No sólo no hay periodistas prestigiosos, sino que no hay ningún periodista, después de que Salvador Alsius, el único del ramo presentado, hubiera perdido ante el acuerdo CiU-PP de colocar dos de los suyos, Roger Loppacher por CiU y Daniel Sirera por el PP. Es decir, que una entidad que nos cuesta una pasta gansa, que nadie sabe qué hace, pero que dice que es el vigilante de los periodistas, no tiene ni uno solo de la profesión en el consejo. ¿Quién hay, pues? Básicamente los jubilados que los partidos han ido colocando, haciendo efectiva la apisonadora de la partitocracia. Blanco y en botella: una exconsellera, tres exdiputados, una exdiputada del Congreso y un exalto cargo, todos con carnet de partido en la boca y todos en la olla. ¡Es fantástico! O sea ¿que estos que vienen de partidos cerrados, donde manda el comisario de turno y no disfrutan de ninguna libertad, tienen que garantizar la libertad y la pluralidad periodística? ¿Sirera, que quería ser presi del PP y perdió, o Carme Figueras del PSC, que no saben dónde colocarla?, ¿todos estos nos tienen que decir cómo hacer el trabajo a los periodistas? Quizás se tendrían que preocupar antes de garantizar las buenas prácticas en la política, la misma que tiene la mala práctica de enviarlos al cementerio de elefantes con una jubilación de oro.

¡Qué tomadura de pelo! Perdonen, pero si no fuera porque todavía harían un informe, diría algo más fuerte.

Pilar Rahola

La Vanguardia (6.07.2012)

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