Más fuertes que el Supremo

Irene Rigau

«El curso que viene lo seguiremos haciendo de la misma manera». Lo que la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña dijo ayer con claridad es que no le importa lo que acaba de decir el Tribunal Supremo. Que no tiene, en suma, ninguna intención de cumplir esta última sentencia que obliga -o debería obligar- a que en esa comunidad no se imponga en determinados niveles de la enseñanza el uso del catalán en detrimento del castellano «también lengua oficial», como tan inútilmente recuerda por enésima vez el Alto Tribunal citando, por cierto, al Constitucional.

En esa respuesta de Irene Rigau está la clave de uno de los fenómenos más graves que se están produciendo en España sin que desde el poder Legislativo nadie haya dado todavía señales de haber comprendido la extraordinaria capacidad destructiva que tiene el asunto. Y sin que nadie, por tanto, se haya puesto inmediatamente a resolverlo.

Porque lo que sucede es que en nuestro país se puede desobedecer a los tribunales con total impunidad siempre que quien lo haga sea una autoridad política o un funcionario público. Así de claro. La prueba la tenemos en las sucesivas sentencias salidas del TS en las que se ordena a los responsables catalanes que otorguen al castellano el mismo trato de lengua vehicular en la enseñanza que el que se da al catalán.

Una y otra vez, algunos medios de comunicación recogemos con gran despliegue las resoluciones del Supremo. Y una y otra vez comprobamos cómo esas órdenes judiciales son plenamente ignoradas sin que a continuación se tomen medidas para obligar a esas autoridades a cumplir las sentencias.

Seguro que muchos se han preguntado alguna vez qué sanciones tiene previstas el Estado de Derecho para castigar un incumplimiento de tal calibre. La respuesta es ninguna. Al menos ninguna con la potencia suficiente como para disuadir a un gobernante de cometer una desobediencia que debería tener la consideración de muy grave: lo que está previsto es una multa y una inhabilitación de seis meses a dos años. Eso como máximo. Semejante amenaza de sanción -que nunca se ha activado- le debe de parecer al Gobierno de la Generalitat una broma comparada con la pétrea convicción nacionalista que alimenta su estrategia de «inmersión lingüística» en catalán y no en castellano.

Y por eso, porque no está incluida en el Código Penal ninguna sanción realmente coactiva, las autoridades políticas optan por mirar para otro lado mientras asisten impávidas al deterioro de la autoridad de los tribunales, un principio en el que se sustenta a su vez el de la separación de poderes. Total, una minucia.

Victoria Prego

El Mundo (27.06.2012)

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