El PSC pide una comisión de investigación sobre la corrupción en la sanidad

Bagó, Crespo, Prat, Manté y Gutiérrez Martí, principales protagonistas de los cinco casos de presunta corrupción en el ámbito de la sanidad catalana que se han conocido en los últimos meses a través de la prensa.

CiU y PP pueden bloquearla

Navarro exige transparencia ante el aluvión de escándalos destapados por la prensa en los últimos meses. Su creación dependerá de CiU y del PP que, de momento, no se muestran favorables a apoyarla

Stop corrupciónEl PSC ha registrado este miércoles en el Parlamento autonómico de Cataluña una solicitud de creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre ‘la gestión del Consorcio de Salud del Maresme y la Selva; la Fundación Privada de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo; y sobre la relación entre el Servicio Catalán de la Salud, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, el Grupo Serhs, y las empresas Innova y CCM Estratègies i Salut’.

Ahora, la mesa de la Cámara autonómica deberá comprobar que la solicitud presentada cumple todos los requisitos para poder admitirla a trámite. En caso de ser admitida, la junta de portavoces fijará la fecha para que la propuesta de creación de la comisión se someta a debate y votación en un pleno del Parlamento autonómico.

Los cinco casos abiertos

En los últimos meses, la prensa ha destapado diversos casos de supuesta corrupción relacionados con estas entidades que afectan a militantes y dirigentes (actuales o pasados) principalmente de CiU, pero también del PSC.

Destaca el caso del diputado autonómico de CiU Xavier Crespo, que, a través de a empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM) y de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, dilapidó 1,3 millones de euros de forma injustificada, de los que él mismo fue uno de los principales beneficiarios. Una auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas en 2006 que revelaba las irregularidades fue ocultada durante años.

Por otra parte, el Consorcio de la Salud y Social de Cataluña (CSC) otorgó contratos por más de 50 millones de euros en los últimos años al Grupo Serhs, cuyo presidente y principal accionista, Ramon Bagó (ex alcalde de Calella con CiU), hace dos décadas que también ocupa cargos de alta dirección en en CSC.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) investiga la simultaneidad de cargos del presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, que, además de dirigir la principal empresa pública de servicios sanitarios de Cataluña, ejercía de director general de Innova (con un sueldo de 280.000 euros anuales) y era vicepresidente del grupo hospitalario privado USP.

La justicia está investigando el supuesto desfalco cometido en la gestión del Hospital de San Pablo de Barcelona, que incluiría multitud de pagos irregulares, favores políticos y adjudicaciones de contratos sin concurso. El caso más llamativo es el del ex gerente adjunto del centro hospitalario Ricard Gutiérrez Martí, que cobró entre 80.000 y 110.000 euros anuales desde 2004 hasta 2011 a pesar de que ya no ejercía su cargo. Una vez conocida esta situación, la dirección del centro formalizó su despido y le indemnizó con otros 158.569,63 euros.

Finalmente, el último de los escándalos que ha destapado la prensa en el ámbito de la sanidad catalana es el caso de Carles Manté. Como director del Servicio Catalán de Salud, Manté promovió una concesión de 348 millones para al Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC). Tras abandonar el cargo, cobró 695.000 euros por servicios de ‘consultoría estratégica’ de forma ‘injustificada’ a Innova (empresa accionista del CSC) que entonces estaba dirigida por Josep Prat.

“La mejor forma de ser transparentes”

El secretario general del PSC, Pere Navarro, ha justificado la solicitud de la comisión de investigación para favorecer la “transparencia”. “La mejor forma de ser transparentes y serios es que el Parlamento [autonómico] investigue y aclare todas aquellas informaciones que aparecen y ponen en duda la gestión de toda una serie de personas de diferentes partidos, incluso de entidades privadas”, ha señalado.

“Nosotros no prejuzgamos su labor, sino que lo que queremos es que puedan explicar cuál ha sido su labor y su forma de administrar el dinero y, a partir de aquí, con las conclusiones de esta comisión de investigación podremos saber exactamente qué ha pasado y podremos saber qué responsabilidades puedan haber en caso de que se haya gestionado mal. Simplemente queremos saber la verdad, queremos que todo el mundo sepa la verdad”, ha añadido.

CiU y PP no lo ven claro

Para poner en marcha una comisión de investigación hay dos fórmulas. Un opción es mediante el apoyo de tres grupos, pero ICV-EUiA, ERC, Ciudadanos y Solidaritat ya han solicitado una comisión para investigar la actuación de las cajas de ahorro catalanas, y, según el reglamento, solo se puede firmar una solicitud de creación de una comisión de investigación en un mismo período de sesiones. La alternativa requiere la mayoría absoluta del Parlamento autonómico, lo que deja la decisión en manos de CiU y el PP.

La federación nacionalista no parece estar por la labor de crear la comisión, y el portavoz parlamentario, Jordi Turull, ha advertido de que algunos de los casos denunciados afectan a goberantes socialistas. “Veremos con qué ánimo lo proponen [la comisión], si es para hacer una perdigonada general o para buscar el titular fácil”, ha añadido.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Enric Millo, tampoco se ha mostrado muy favorable a apoyar la comisión. “Las comisiones de investigación políticas parlamentarias no son siempre la mejor forma de tener la máxima información sobre cuestiones que pueden derivar en responsabilidades penales. Recuerdo concretamente lo que ha pasado con la comisión de investigación del caso Palacio. Son la Fiscalía y la Justicia las que han de investigar este tipo de casos. Es un mal hábito y un mal precedente que nos acostumbremos a judicializar la política o politizar la justicia, no es el mejor camino“, ha declarado.

El resto de grupos, en cambio, sí ven con buenos ojos que el Parlamento autonómico trate de aclarar los casos de presunta corrupción en la sanidad catalana que van apareciendo cada vez con más estruendo.

La voz de Barcelona (20.06.2012)

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