El ‘pujolismo’ acumula otra condena judicial

Los encausados y condenados

Cuatro años de cárcel para dos ex presidentes de FGC por malversación

El Tribunal Supremo confirma que Enric Roig y Antoni Herce se lucraron ilegalmente a costa de Ferrocarriles de la Generalidad en los años 90. Deberán indemnizar a la empresa con 2,7 millones de euros. El ex consejero autonómico Albert Vilalta es absuelto porque, aunque el delito de prevaricación del que se le acusaba se consideró probado, este ha prescrito.

Stop corrupciónAlejandro Tercero.- El Tribunal Supremo ha condenado a los ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) Enric Roig Soles (1993-1999) y Antoni Herce Herce (1999-2000) a cuatro años, seis meses y un día de prisión por un delito de malversación de caudales públicos. También han sido condenados a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, y a ocho años y un día de inhabilitación absoluta por el delito de malversación. Además, deberán indemnizar conjunta y solidariamnte a FGC con 2.718.035,08 euros.

De esta forma, y por una cuestión técnica, la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal ha atenuado la sentencia dictada en mayo de 2011 por la Audiencia Provincial de Barcelona contra Roig y Herce, que había condenado a ambos a seis años de cárcel y a 17 años de inhabilitación absoluta, y al primero, a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Una trama para enriquecerse mediante un fondo de pensiones ilegal

El auto del Tribunal Supremo ha ratificado los hechos que la Audiencia Provincial consideró probados. En concreto, Roig y Herce, ‘ambicionando un enriquecimiento económico personal muy superior al que les proporcionaría su retribución salarial y conscientes de la ilegalidad de su proceder‘, idearon una ‘trama’ para constituir un fondo de pensiones con el que lucrarse ilegalmente.

Las aportaciones al fondo, que era gestionado por Winterthur, procedían de los presupuestos de FGC y fueron desviadas de forma metódica a lo largo de diez años y ocultadas contablemente al consejo de administración de la empresa pública aprovechando los altos cargos que ostentaban.

Vilalta, absuelto porque su delito ha prescrito

La sentencia ha confirmado que ‘los acusados eran sabedores de que estos cobros diferidos no eran legítimos’, como tampoco lo eran el reglamento y los contratos con los que trataron de justificarlos. Estos documentos fueron firmados en 1991 por el entonces presidente de FGC, Albert Vilalta González (en esa época Roig era el director y Herce el director Económico y Financiero), que también rubricó la constitución del fondo ilegal con Winterthur y colaboró ocultando la trama al consejo de administración de FGC. Sin embargo, Vilalta fue absuelto por la Audiencia porque, aunque el delito de prevaricación del que se le acusaba se consideró probado, este había prescrito.

Tras abandonar FGC (entidad que presidió entre 1983 y 1991), Vilalta fue nombrado consejero de Medio Ambiente de la Generalidad por Jordi Pujol (CiU), cargo que ocupó entre 1991 y 1996. Posteriormente fue designado secretario de Estado de Infraestructuras durante el primer Gobierno de Aznar (1996-2000). Se da la circunstancia de que Albert Vilalta es el padre de uno de los tres españoles secuestrados por Al Qaeda en 2009 y liberado 267 días después, que a su vez es director general de las empresas públicas Tabasa y Túnel del Cadí.

El fondo ilegal se amplió al comité de dirección

Para evitar posibles filtraciones, Roig, Herce y Vilalta ampliaron el fondo ilegal de pensiones a lo que denominaron comité de dirección, un órgano compuesto por trabajadores de alto nivel que en realidad no existe en los estatutos de FGC. Estos también se beneficiarían del fondo al cumplir la edad de 65 años o con anterioridad si se producía su fallecimiento, invalidez o baja como partícipe del fondo.

Además de Roig y Herce (Vilalta, a pesar de colaborar en la trama, no recibió sobresueldos), constan entre los beneficiarios del fondo los nombres de Llorenç Ledesma Poza; Enric Taules Guinovart; Enric Domínguez Saura; Josep Lluis Arqués Partón; Josep Lluis Portabales Iglesias; Eduard Blasco González; Josep Verdaguer Codina; Víctor Canosa Novella; Tomás Figueras Riera; Jesús Aragón Martín y Miguel Llevat Vallespinosa. Posteriormente también se otorgó contratos a Ramón Andreu Ribera March, Albert Tortajada Flores, Josep Oliva Caballol, Lluis Huget Viñalonga, Pere Calvet Tordera y Oriol Juncadella Fortuna.

‘Otros gastos sociales’

Durante los diez años que funcionó la trama corrupta, el fondo se nutrió con 452,2 millones de pesetas (2,7 millones de euros) procedentes de FGC, que ahora tendrán que devolver Roig y Herce, toda vez que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal de Cuentas del año 2009.

En ese tiempo, ambos utilizaron todo tipo de triquiñuelas para tratar de sustraer el dinero impunemente. Así, no tardaron en rediseñar los contratos, inicialmente previstos como complemento a la pensión de jubilación, porque entendían que podrían ser incompatibles con la pensión de la Seguridad Social, y pasaron a denominarlos ‘premio de dedicación y permanencia’. Por otra parte, las aportaciones al fondo se enmascararon contablemente en las cuentas de FGC ‘bajo el inespecífico apunte de otros gastos sociales’.

Roig y Herce se embolsaron 1,3 millones del fondo de pensiones

‘El hecho de que la contabilidad de la empresa engloba más de 30.000 apuntes diversos y que los presupuestos de FGC fueran desproporcionalmente superiores a esta partida, permitió que la desviación de los fondos pasara desapercibida para el consejo de administración de FGC‘, así como a ‘los controles contables de la Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas’, explica la sentencia.

El 25 de febrero de 1999, cuando Roig cesó como presidente de FGC, reclamó y se embolsó 178.065.720 pesetas (1.070.196 euros) del fondo de pensiones ilegal. El 27 de julio de 2000, Herce liquidó su parte, en concreto, otros 46.320.431 pesetas (278.391 euros).

Artur Mas, entre los consejeros de la época

La trama corrupta se fraguó ante las narices de hasta cinco consejeros diferentes de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad -de los que dependía FGC- sin que el escándalo haya salpicado a ninguno de ellos. En concreto, Joaquim Molins (1988-1993), Josep Maria Cullell (1993-1994), Jaume Roma (1994-1995), Artur Mas (1995-1997) y Pere Macias (1997-2001), todos ellos de CiU.

El caso más sorprendente es el del congresista Pere Macias. Macias, amigo personal de Herce, no solo le promocionó a la presidencia de FGC, sino que defendió el blindaje millonario que figuraba en su contrato en caso de destitución.

CiU suma, de esta forma, un nuevo caso de corrupción a la extensa lista que ha acompañado a la federación nacionalista sin solución de continuidad a lo largo de su corta vida.

La voz de Barcelona (14.06.2012)

Sé el primero en comentar en «El ‘pujolismo’ acumula otra condena judicial»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »