CiU escenifica un acercamiento a ERC y avala el «expolio fiscal» de Cataluña

Joana Ortega dialogando ayer con Alicia Sánchez-Camacho en el Parlament. / JOAN SANCHEZ 

Los acuerdos con los republicanos no obligan a nada concreto a los nacionalistas

El Partido Popular castiga a Mas y le obliga a consensuar los nuevos recortes

El PP llegó a votar con ICV para hacer visible la debilidad de Mas

Las resoluciones aprobadas ayer no son vinculantes y el Parlament arrastra una larga tradición de incumplimientos flagrantes de este tipo de resoluciones

Miquel Noguer.- La perfecta comunión que Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) exhibieron este jueves en el Congreso tuvo su contrapunto en Cataluña, donde los nacionalistas, presionados por sus bases, optaron por lanzar todo tipo de guiños a Esquerra Republicana (ERC) y distanciarse del PP. Lo hicieron aprovechando el pleno sobre los recortes sociales al que CiU había restado previamente cualquier trascendencia. El PP respondió sumándose a los otros partidos de la oposición y aprobando una resolución para obligar a que todos los recortes que haya a partir de ahora tengan que debatirse en la Cámara catalana, donde CiU carece de mayoría.

El enfado de los nacionalistas fue monumental durante toda la jornada. Por más que desde el atril aseguraban que perder alguna votación no es ningún drama si se tiene claro el rumbo, en los pasillos el ambiente era otro. Volvieron a sonar amenazas veladas de elecciones anticipadas y lamentaciones por la actitud de un PP que exige lealtad absoluta en el Congreso de los Diputados mientras que en Cataluña se hace de rogar. Efectivamente, el jueves CiU no solo votó sí en el Congreso a la polémica amnistía fiscal para los defraudadores, sino que también anunció su apoyo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que restringe notablemente cualquier nueva operación de endeudamiento de la Generalitat.

Y mientras esto ocurría en Madrid, en el Parlament CiU sudaba la gota gorda. Los nacionalistas, en un intento de evitar el espectáculo de un Gobierno derrotado en su Parlamento, ya renunciaron a presentar cualquier propuesta de resolución propia en el pleno sobre recortes sociales. Se limitaron a intentar negociar las que presentó la oposición y perder el menor número posible.

Al final sufrieron cinco derrotas más o menos sonadas. Probablemente, la más destacada fue la que, firmada por todos los grupos y subgrupos de la Cámara, obliga al Gobierno a adaptar con luz y taquígrafos las cuentas que aprobó en marzo a las nuevas restricciones a las que obligan los presupuestos generales del Estado. En esta adaptación, que el PP calcula que podría alcanzar los 3.000 millones, habrá nuevos recortes. Estos deben presentarse antes del verano, aprobó el Parlament.

También Iniciativa desempeñó un papel destacado a la hora de hacer perder votaciones a CiU. Los ecosocialistas presentaron una proposición para que el Parlament ratificara las inversiones en escuelas y centros sanitarios que los nacionalistas prometieron al PP a cambio de aprobar los presupuestos. Pese al pacto existente, CiU acabó votando en contra y se quedó sola en una operación que rozó el absurdo, tras múltiples negociaciones de pasillo en las que llegó a intervenir la vicepresidenta Joana Ortega.

Obviando que estas inversiones las había comprometido por escrito su partido, la diputada de CiU Elena Ribera afeó al PP que, mientras que el Gobierno central pide contención, los de Alicia Sánchez-Camacho insten en “gastar más”.

Los nacionalistas desdeñaron el gesto del PP y radicalizaron su discurso alineándose con Esquerra Republicana y Solidaritat per la Independència para denunciar que Cataluña vive asfixiada por un “expolio económico constante” por parte del resto de España.También aprobaron consultar a los ciudadanos sobre el pacto fiscal.

Las resoluciones aprobadas este jueves no son vinculantes y el Parlament arrastra una larga tradición de incumplimientos flagrantes de este tipo de resoluciones. Eso sí, CiU y el PP votaron juntos para dejar claro que la amnistía fiscal se aplicará también en Cataluña.

CiU y ERC sacaron adelante un compromiso por el cual el presidente de la Generalitat, Artur Mas, deberá convocar “inmediatamente” una cumbre de líderes políticos con la finalidad de recabar “el máximo apoyo posible” a la propuesta del pacto fiscal. El Parlament también celebrará un pleno monográfico sobre el asunto, en el que se votarán las conclusiones de la comisión que estudió la viabilidad del pacto fiscal en la línea del concierto económico.

Los diputados de Convergència i Unió, haciendo oídos sordos a la sólida alianza que cerraron CiU y el PP en el Congreso, se lanzaron a destacar el supuesto acercamiento de los nacionalistas catalanes a Esquerra Republicana.

En cualquier caso, las concesiones que CiU hizo a Esquerra Republicana no comprometen en absoluto su acción de futuro. Aunque los republicanos creen haber forzado que se convoque una consulta popular para avalar el pacto fiscal, el texto aprobado solo dice que se celebrará un “proceso de ratificación ciudadana” sobre el pacto fiscal. No dice ni cómo ni, sobre todo, cuándo. Está también por ver si tiene algún efecto práctico el otro supuesto éxito de ERC y Solidaritat, que CiU votara un texto en el que aparece el término “expolio fiscal”.

Eso sí, el calendario inmediato juega a favor de los intereses de CiU. Aprobados los presupuestos y pactada la composición de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, los nacionalistas no afrontan ninguna votación especialmente trascendental a corto plazo para la que puedan necesitar al PP. En mayo o junio, cuando deban llevar al Parlament nuevos ajustes, se verá si mantienen su política de alianzas o se ponen en manos de Esquerra.

El País (13.04.2012)

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