Hacienda ‘ignora’ 6.000 millones en delitos fiscales pendientes de cobro

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (Efe). 

Muchas sentencias en firme no se ejecutan

Carlos Sánchez.- Las cifras asustan. Y, sobre todo, en un contexto como el actual. Pero lo que dicen los inspectores de Hacienda es que el Fisco es acreedor de deudas tributarias por valor de más de 6.000 millones de euros pendientes de cobro. En muchos casos, aseguran los inspectores, se trata de sentencias en firme que condenan a los contribuyentes por delito fiscal.

Ocurre, sin embargo, que pasado el plazo, nadie reclama la ejecución de las sentencias, con lo que ello supone de merma de la recaudación. La asociación de inspectores lo achaca a que los tribunales de Justicia y, en general, el sistema penal, “no pueden absorber todos los delitos fiscales que le remite la Agencia Tributaria”. O dicho en términos más concretos que relata en primera persona un inspector fiscal: “Yo tengo algún caso en Cataluña desde hace ochos años por fraude fiscal que nunca se podrá cobrar, y eso que la deuda son más de 600.000 euros”.

No se trata de un problema menor. Y, de hecho, en el Plan de Control del Fraude publicado ayer en el BOE, se amenaza con “solicitar el ingreso en prisión de quienes incumplan sus obligaciones de pago sin ser insolventes”. Se dice, en concreto, que en caso de sentencia firme condenatoria, cuando se encomiende a la Agencia Tributaria la gestión recaudatoria de la responsabilidad civil derivada de un delito contra la Hacienda Pública y de las multas que hayan sido impuestas, los órganos de recaudación solicitarán a los jueces “la retirada de la suspensión del ingreso en prisión ante el incumplimiento de sus obligaciones de pago sin ser insolventes”.

La Agencia Tributaria sostiene que para asegurar el cobro efectivo de las cantidades defraudadas, y cuando se advierta riesgo recaudatorio, “se propondrá a los órganos judiciales en el momento de presentar la denuncia la adopción de medidas cautelares de embargo preventivo de bienes y derechos”.

Al contrario de lo que sucedía hace algunos años, la Agencia Tributaria ya no publica el número de expedientes que envía a los tribunales por delito fiscal -más de 120.000 euros de cuota defraudada-, pero, en su opinión, de los 800 de media que debe estar enviando anualmente, “apenas se resuelven 200”.

La montaña, crece y crece

¿Qué significa esto? Pues que la montaña de nieve va creciendo y creciendo, y cada año aumenta la deuda tributaria pendiente de cobro. El resultado, resaltan los inspectores, es que  mientras los contribuyentes tienen que pagar con regularidad sus deudas fiscales bajo amenaza de embargo, los presuntos delincuentes fiscales gozan, en la práctica, de un retraso elevadísimo a la hora de hacer frente a sus deudas. Y en muchos casos, ni eso.

Las cifras de los inspectores coinciden, básicamente, con la información que proporciona Hacienda a Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea (UE). Según datos de la Intervención General del Estado (IGAE) referidos al año 2009, el Fisco considera incobrables más de 5.000 millones de euros que le deben los contribuyentes, pero que difícilmente podrá recuperar. En concreto, 5.049 millones de euros que Hacienda considera ya de recaudación incierta o de dudoso cobro, según la terminología de Eurostat.

Lo paradójico, aseguran los inspectores, es que cuando la Agencia Tributaria, a través de un delegado especial, remite a los tribunales un expediente por presunto fraude fiscal, sus argumentos suelen triunfar, como asegura este informe del Observatorio de Delito Fiscal. Prácticamente el 80% de los expedientes acaban con sentencia condenatoria, pero sin consecuencias en muchos casos en términos de recaudación.

En ese informe del Observatorio -ya desaparecido- se constataba la existencia de numerosos delitos “que ya se acompañan de un blindaje patrimonial tendente a evitar el resarcimiento de la cuantía defraudada”.

El Confidencial (2.03.2012)

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