La Casa del Rey intervino para sacar de los negocios a Iñaki Urdangarin en 2006, antes de que estallase el escándalo que ha llevado a la imputación por supuesta corrupción del yerno de don Juan Carlos. Sin embargo, la Casa Real encubrió los mismos y no informó a la fiscalía anticorrupción.
Según se publica hoy, el secretario general de la casa, Alberto Aza, presionó al esposo de la infanta Cristina para que abandonara sus actividades empresariales. Desde La Zarzuela se ordenó por escrito el abandono de su actividad privada y su renuncia a los cargos que ocupaba para colocar en su lugar a un emisario real, el asesor personal del monarca, el abogado José Manuel Romero. La carta está incluida en el sumario judicial.
El emisario de La Zarzuela, conde de Fontao, sustituyó al duque de Palma en la presidencia de la Fundación Areté. Los consejos reales, que se plasmaron en actuaciones, quedaron por escrito y han sido incorporados a la causa del caso Urgangarin. El documento mecanografiado, con encabezamiento y firmas a mano, fue intervenido en un registro de las sedes de la trama Nóos en Barcelona. Figuraba en el expediente de la fundación, junto a poderes y manuscritos sobre presupuestos.
La República (7.01.2012)
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