Convivencia Cívica argumenta que el recurso de la Generalidad contra el TSJC es ‘un fraude procesal’

El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, y el abogado de la entidad, Ángel Escolano, atienden a los medios ante la sede de la sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (foto: LVdB). 

La entidad alega que el recurso de la Consejería de Enseñanza trata de ‘cuestionar y discutir el fallo’ del TS, cuando, en este momento, el proceso ya se encuentra en fase de ejecucción y no admite debate sobre el fondo del mismo. Por ello, el TSJC solo debe ‘determinar cómo se ejecuta la sentencia sin alterar el contenido del fallo’, ni interpretarlo

Los servicios jurídicos de Convivencia Cívica Catalana (CCC), en representación de los padres cuya demanda de enseñanza bilingüe ha sido avalada por varias sentencias del Tribunal Supremo, han presentado este miércoles alegaciones al recurso de la Generalidad contra el auto del TSJC que obliga a la Consejería de Enseñanza a cumplir dichas sentencias, y que está suspendido temporalmente.

A lo largo de 40 páginas, CCC pide la inadmisión a trámite del recurso, o su desestimación, al considerarlo ‘un fraude procesal’ que busca ‘conseguir un fin injusto’, puesto que la Generalidad ‘pretende volver a cuestionar el fondo del asunto’ que ya fue objeto de unas sentencias firmes -sin posibilidad de recurso-, las del Tribunal Supremo (TS) de diciembre pasado, que no fueron recurridas en su plazo lega.

Esta fase del proceso ya no admite debate sobre el fondo de la sentencia

De hecho, el recurso de la Generalidad, en cinco de sus fundamentos, trata de ‘cuestionar y discutir el fallo’ del TS, cuando, en este momento, el proceso ya se encuentra en fase de ejecucción y no admite debate sobre el fondo del mismo. Por ello, el TSJC solo debe ‘determinar cómo se ejecuta la sentencia sin alterar el contenido del fallo’, ni interpretarlo.

Además, CCC advierte de que el recurso solo podría admitirse en el caso que ‘el auto recurrido no se ajuste a lo ordenado en la sentencia’, algo que aquí no es defendible porque aquel ‘se limita a transcribir literalmente, sin añadir ni una sola coma, el fallo de la sentencia’ del TS.

La Generalidad no ha aportado ‘prueba alguna’ de que ha cumplido el fallo

En cualquier caso, y por si el TSJC aceptara finalmente el recurso de la Generalidad, CCC también rebate las alegaciones planteadas por el Gobierno autonómico. Así, rechaza el argumento de que la setencia ya está ejecutada, puesto que no ha aportado ‘prueba alguna’ de que se haya ‘reintroducido como lengua vehicular el castellano en una proporción equitativa en el sistema educativo catalán’, como pide el TS.

La Consejería también se defiende indicando que el fallo no puede tener alcance general en todo el sistema de educación autonómico, pero CCC subraya que el TS exige a la Generalidad, textualmente, ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación’ que ‘considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.

La sentencia sobre el Estatuto también afecta a la Ley de Educación

El Gobierno autonómico de Cataluña defiende que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) establece el catalán como ‘la lengua vehicular’, pero CCC destaca la predominancia de la sentencia del TC sobre el Estatuto, de 2010, a la hora de interpretar todas las leyes que de él se deriven, como es el caso de la LEC. Y el TS se limitó a aplicar esa interpretación del TC.

El recurso de la Generalidad señala que los alumnos terminan su enseñanza obligatoria dominando ambas lenguas oficiales, catalán y castellano. CCC responde que eso no es objeto del debate jurídico, sino que lo que establecen las sentencias es que los alumnos ‘tienen derecho a recibir su enseñanza de y en castellano, en los mismos términos que su enseñanza de y en catalán’. Además, el TS avisa de que ‘el sistema de atención individualizada en lengua castellana’ que en ocasiones se utiliza en los primeros cursos de infantil y primaria ‘es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual’. CCC también adjunta informes de la propia Generalidad que demuestran, al contrario de lo argumentado, que la inmersión perjudica los resultados pedagógicos de los niños castellanohablantes.

La proporción mínima de uso de cada lengua vehicular

En sus alegaciones CCC también apela el fundamento séptimo de las sentencias del TS:

‘La determinación [de cuál deba ser la proporción en la que se incorpore el castellano como lengua vehicular al sistema de enseñanza en Cataluña] y su puesta en práctica corresponde acordarla a la Generalidad de Cataluña, de modo que si el Gobierno de la misma creyese que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción y si, por el contrario, se estimase la existencia aún de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de Cataluña, se debería otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable, que, sin embargo, no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular. Trato de favor que debería ser transitorio hasta tanto se obtenga el objetivo de normalización que constituye el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral que constituye el modelo constitucional que garantiza el principio de lealtad constitucional entre Administraciones Públicas y que de acordarse deberá estar suficientemente motivado‘.

CCC estima que ya ‘se ha corregido la situación de desequilibrio histórica [del catalán], originada por las prohibiciones y persecuciones padecidas por el idioma catalán durante ciertos periodos’, puesto que ‘un idioma que entiende un 93,8% y escribe un 56,3%, que es de uso habitual para un 47,59% de la población [según datos del Instituto de Estadística de Cataluña del año 2007], está muy lejos de una situación de precariedad y marginación‘, que sería un posible argumento para dar ‘un trato de favor’ al catalán.

Pero, añade que, ‘aun en el caso en que existiese algún déficit en la normalización del catalán, no es lícito la exclusión del castellano como lengua vehicular’. Y, si eso se considerase así, aboga por fijar en el 40% el tiempo mínimo de uso de cada una de los dos idiomas -castellano y catalán- como lengua vehicular de la enseñanza, en base a otras sentencias del TC sobre la fijación de la proporcionalidad de discriminaciones compensatorias.

Dispuestos a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo

En declaraciones a los medios, Caja ha anunciado su disposición, y la de los padres a los que representa, a llegar judicialmente hasta donde haga falta, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, si no se resuelve esta situación, que ha calificado como una vulneración de los derechos fundamentales. Además, ha denunciado que la Consejería de Enseñanza todavía “no ha respondido” a los más de 500 padres que han reclamado una enseñanza bilingüe, tal y como establecen las sentencias del TC y del TS.

Por otra parte, CCC presentará en los próximos días otro recurso, en este caso, contra la decisión del TSJC de suspender temporalmente el plazo de dos meses que otorgó a la Generalidad para restablecer el bilingüismo escolar.

La voz de Barcelona (21.09.2011)

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