La hora del poder judicial

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No puede ser que mientras los ciudadanos corrientes y molientes hemos de cumplir a rajatabla las leyes y las sentencias de los tribunales, los políticos tribales que nos dirigen y a los que les pagamos se la pasen por el 23-F

El martes quedó patente en el Congreso de los Diputados que el problema de España no son los nacionalistas, sino el PSOE, y por extensión, la desidia demostrada por esta generación de españoles “capaos” por el miedo al fantasma del franquismo, que somos incapaces de preocuparnos por lo común de tanto preocuparnos por “lo propio”.

Los nacionalistas debían revalidar la mentira sostenida durante estos últimos veinte años sobre la constitucionalidad de la inmersión, y el PSOE se la ha firmado en el Congreso. No sé si por complicidad, por estupidez o por las dos cosas a la vez.

En el apartado e) de la enmienda presentada por ERC y CiU, y apoyada también por PSOE, IU e ICV, recurren al fundamento jurídico de la sentencia del TC 337/1994 para falsearlo y utilizarlo como aval constitucional de la inmersión. Torticeramente se extrae y se elimina el apéndice: “siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente”, así como la provisionalidad temporal a un mayor apoyo al catalán en aras de su normalización. Si mal está que el legislativo desprecie la separación de poderes y el partido que gobierna España vote contra su lengua común, es de trileros legislativos manipular el texto del Constitucional. Así dejaron y votaron el apartado e) en el Congreso de los Diputados: “de acuerdo con lo dicho reiteradamente por el Tribunal Constitucional, es plenamente legítimo que el catalán sea el ‘centro de gravedad’ en la escuela catalana, sin exclusión del castellano, de forma que se garantice su conocimiento y uso en Catalunya”. Reparen en el texto real de la sentencia del TC 337/1994: “Al igual que es legítimo que el catalán, en atención al objeto de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma”.

Es precisamente la cuestión en conflicto la que se elimina de la moción aprobada en el Congreso, es decir, la legitimidad del castellano como lengua vehicular o docente, y no la garantía del conocimiento de ambas al final de la etapa educativa que nadie cuestiona; y la que permite una vez más repetir las mentiras sobre la constitucionalidad de la inmersión en las portadas de la prensa afín en Cataluña. La Vanguardia: “El Congreso respalda la inmersión escolar en catalán”; El Punt Avui: “El Congreso avala la inmersión”. Suficiente para seguir con el dominio mediático de la sociedad catalán, e incumplir el auto del TSJC con el fervor de la tribu.

A sabiendas que la mentira está interiorizada, confunden a propósito “conjunción lingüística” que es el modelo avalado por el TC y que consagra como vehiculares a las dos lenguas sin que ninguna de ellas sea exclusiva ni excluyente, con “la inmersión”, modelo que excluye al castellano como lengua docente, modelo claramente rechazado desde la sentencia 337/1994, pero camuflado con mentiras y complicidades gubernamentales desde entonces.

En ese carrusel de caraduras, trileros y golpistas legislativos en que se ha convertido todo lo que rodea a la polémica, Duran i Lleida declaraba en esRadio: “la Constitución avala ese sistema [la inmersión]; porque políticamente está avalado por la Unión Europea; y científicamente por Unesco”. Ni el TC ha avalado nunca la inmersión, ni la Unión Europea ha sostenido que el castellano debe ser excluido como lengua vehicular, ni la UNESCO ha dicho ninguna otra cosa distinta a lo sentenciado en 1951: “Es axiomático que el mejor medio para enseñar a un niño es la lengua materna”, esa que precisamente el nacionalismo exigió tanto y consideró imprescindible para lograr una buena educación y el respeto a los derechos humanos. Hay que ser caradura y sinvergüenza para mentir con tanto descaro. Y después va de meapilas y catolicón. Supongo que a imagen y semejanza de Monseñor Sistach.

Ha llegado la hora del poder judicial. Sin estridencias ni aspavientos, forman parte de los fundamentos del Estado Democrático y tienen la legitimidad para poner en su sitio a estos sinvergüenzas que han tomado la ley en vano. No puede ser que mientras los ciudadanos corrientes y molientes hemos de cumplir a rajatabla las leyes y las sentencias de los tribunales, los políticos tribales que nos dirigen y a los que les pagamos se la pasen por el 23-F.

De momento han empezado mal (TSJC). Acaban de suspender de oficio el plazo de dos meses para que la Generalidad normalice al castellano como lengua vehicular en espera de la resolución del recurso de ésta.

Antonio Robles

Libertaddigital (15.09.2011)

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