‘Comisarios lingüísticos’

Ferran Mascarell, consejero de Cultura, e Yvonne Griley, directora general de Política Lingüística de la Generalidad (foto: gencat.cat). 

Mas crea una red de ‘censores lingüísticos’ y pone a Mascarell al frente de ella

La nueva Red Técnica de Política Lingüística tendrá un representante en cada consejería de la Generalidad con el objetivo de ‘velar por el cumplimiento, en el departamento respectivo, de la legislación sobre usos lingüísticos en la Administración y de la normativa sobre conocimiento del catalán y del occitano aranés por parte del personal al servicio de la Administración de la Generalidad’

El Consejo Ejecutivo de la Generalidad ha aprobado este martes un decreto por el que reestructura la política lingüística del Gobierno autonómico para ‘impulsar’ y ‘garantizar’ su ‘aplicación homogénea y coordinada’ en todas las consejerías y organismos dependientes.

El decreto otorga a la Dirección General de Política Lingüística (DGPL), dependiente de la Consejería de Cultura, nuevos poderes para supervisar y actuar de forma transversal sobre todos los departamentos autonómicos. De esta forma, la DGPL dirigirá y coordinará dos nuevos órganos: la Comisión Técnica de Política Lingüística y la Red Técnica de Política Lingüística.

La Comisión Técnica de Política Lingüística estará presidida por el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, y estará formada por la directora general de Política Lingüística, Yvonne Griley (ex miembro de la junta directiva de Òmnium Cultural y socia de Plataforma per la Llengua), y por los secretarios generales de cada una de las consejerías de la Generalidad (los cargos más altos, después de los consejeros). Se reunirá, al menos, dos veces al año, y se encargará de ‘garantizar la aplicación homogénea de la normativa lingüística’ en todos los departamentos.

Se nombrará un comisario lingüístico en cada consejería

La Red Técnica de Política Lingüística estará formada por, al menos, dos técnicos de cada consejería y entidad dependiente de la Generalidad. Serán propuestos por los consejeros y nombrados por la directora general de Política Lingüística. Además, cada consejería designará a ‘un representante de la Red’ en la propia consejería, que ‘actuará de enlace’ con la Red y con la DGPL.

Entre las funciones de la Red Técnica de Política Lingüística destacan la de ‘hacer el seguimiento de las propuestas normativas para evaluar el impacto lingüístico e informar de él a la DGPL’; ‘velar por el cumplimiento, en el departamento respectivo, de la legislación sobre usos lingüísticos en la Administración y de la normativa sobre conocimiento del catalán y del occitano aranés por parte del personal al servicio de la Administración de la Generalidad’; ‘velar por el uso correcto y uniforme de la terminología, en colaboración con el Centro de Terminología Termcat, y prestar el asesoramiento lingüístico necesario al departamento respectivo, fomentando un uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje’; ‘proponer al titular de la secretaría general del departamento respectivo o, en su caso, de la DGPL, las actuaciones encaminadas a fomentar el uso del catalán y del occitano aranés en el ámbito correspondiente’; e ‘informar a la DGPL sobre la actuación del departamento respectivo en materia de política lingüística y proveerla de indicadores que permitan evaluar el impacto’.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, los funcionarios no están obligados a utilizar el catalán en los comunicados internos (mails, relaciones personales, cartas entre departamentos…) y han de garantizar la comunicación en los dos idiomas oficiales de Cataluña de cara a los ciudadanos. Además, diversas instituciones públicas, como la Diputación de Lérida y el Ayuntamiento de Barcelona, tienen recurrido y suspendido su reglamento de usos lingüísticos por considerar que obligar exclusivamente al uso del catalán va en contra de los derechos constitucionales.

La voz de Barcelona (19.07.2011)

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