Con CiU y PNV, Zapatero ya sabe cuál es el precio que pagar: cesiones no previstas en materia territorial
Poco después de las elecciones locales, Felipe González, todavía un referente para muchos, incluso de muy variados colores políticos, sostuvo que el Gobierno de Zapatero debía proceder a las reformas pendientes en curso y agotar la legislatura. Ciertamente, había razones para ello: en la crítica situación financiera internacional de España, teóricamente es mejor no hacer mudanzas.
Pero si desde el plano de la teoría descendemos a la realidad, tengo crecientes dudas, tanto desde el punto de vista de los intereses generales como desde el punto de vista de los intereses particulares del Gobierno y del mismo PSOE, de si agotar la legislatura es lo más conveniente. Esta semana, tras el bochornoso espectáculo parlamentario de la convalidación del decreto ley sobre la reforma de la negociación colectiva, estas dudas han aumentado de forma exponencial. El Gobierno está en plena agonía, es decir, en el estado que precede a la muerte, y cada una de sus actuaciones recuerda a las convulsiones propias de tal estado. Lo más conveniente quizá sea una muerte digna.
Zapatero ha gobernado desde el 2004 sin mayoría absoluta, buscando aliados parlamentarios aquí y allá: en la izquierda ERC, IU o el BNG, en la derecha PNV o CiU, siempre Coalición Canaria, que sirve para un barrido y para un fregado. La acción de los sucesivos gobiernos de Zapatero ha estado seriamente lastrada por estos aliados ocasionales y cambiantes, ha sido una de sus principales debilidades. Para las reformas pendientes, todas ellas de tipo económico, en cumplimiento de las directrices de la UE y el FMI, el Gobierno sólo tiene como posibles socios indispensables a CiU y PNV, dos partidos conservadores. Ya sabe, pues, cuál será el precio que tendrá que pagar: cesiones no previstas en materia territorial.
¿A un gobierno en sus últimas bocanadas le beneficia, desde sus propios intereses partidistas, dar esta impresión de mercadeo para así sobrevivir? Creo que no; por el contrario, le perjudica. Podría plantear una cuestión de confianza exponiendo un programa hasta marzo, plazo ineludible para celebrar elecciones. Nunca he entendido que los gobiernos no utilicen la cuestión de confianza para clarificar su situación: ciertamente, o salen reforzados o desahuciados, pero impide que sigan debilitándose.
En caso de no plantear en los próximos días la cuestión de confianza, no veo más salida honorable, en bien de todos, también del Gobierno y del PSOE, que proceder a la disolución parlamentaria para que las elecciones se celebren a primeros de octubre. El nuevo gobierno, legitimado en las urnas, tendría una mayor fuerza moral para acabar las reformas sin pasar por el mal trago del mercadeo autonómico y todavía le quedaría tiempo para aprobar los presupuestos del 2012. Sería, al menos, una muerte digna.
Francesc de Carreras
La Vanguardia (25.06.2011)
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