La Generalidad mantendrá la inmersión porque considera que la sentencia del TC “se puede leer de muchas formas”

 

“Estas situaciones son fruto de la permisividad con que hasta ahora hemos vivido en Cataluña los privilegios de los últimos gobiernos de la Generalidad, que se han autoatribuido para dejar leyes sin cumplir, normas sin cumplir y sentencias sin acatar, tergiversando el sentido de las sentencias”, denuncia la diputada autonómica del PP García Cuevas.

El PP de Cataluña ha vuelto a denunciar este jueves en el Parlamento autonómico que la Generalidad “incumple las normas que no comparte”. En una interpelación al Gobierno autonómico, María José García Cuevas ha recordado casos flagrantes, como los de “la tercera hora de castellano” en las escuelas públicas o “la Ley de Banderas”.

“Evidentemente se incumple la legalidad que no se comparte. Se confunde la realidad política a la que se aspira con la realidad política que es la única avalada por la ley. Imagínese lo difícil que sería la convivencia en Cataluña si cada ciudadano se comportara de la misma manera, inclumpliendo las normas que no comparten. O sea, el pago del IBI, el respeto a la propiedad ajena, las normas de circulación o la disponibilidad lingüística de los comercios, y que además no se acataran ni las sentencias judiciales ni las medidas punitivas, porque la Generalidad tampoco respeta las sentencias judiciales que le obligan a rectificar”, ha subrayado.

“Normas contradictorias”

Por ello, Cuevas ha reclamado “adecuar todos los aspectos” desarrollados mediantes leyes autonómicas que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto ha modificado, ya que la situación actual “plantea una cuestión de seguridad jurídica” que implica que “mantenemos vigentes normas de distinto rango que son no sólo diferentes sino incluso contradictorias”.

De todos los casos, la popular ha señalado como el más significativo el de la educación, en el que, además, hay cinco sentencias del Tribunal Supremo que “en base al Constitucional obligan a la Generalidad a adaptar su sistema de enseñanza, reintroduciendo el castellano como lengua vehicular junto con el catalán“. Así, ha preguntado a la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, qué medidas va a tomar “para garantizarnos que en Cataluña se cumple la ley y se acatan las sentencias de los tribunales”.

Ortega: “Es una sentencia que se puede leer de muchas formas”

Ortega, a pesar de la claridad de las sentencias del Supremo, ha negado que la Generalidad las esté incumpliendo, por lo que ha rechazado que haya “inseguridad jurídica” en Cataluña. “Una sentencia tan compleja como la del Estatuto no puede ser nunca una sentencia de lectura y de interpretación sencilla. Es una sentencia que se puede leer de muchas formas”, ha asegurado.

“El sistema de inmersión es plenamente constitucional, perfectamente útil, y además loable como un sistema de inmersión lingüística de éxito. […] No busquemos una división y un problema donde no lo hay“, ha zanjado, y ha defendido que el Constitucional estableció en 1994 que era la Generalidad la que “tiene la potestad de determinar en qué proporción se usan las dos lenguas” en el sistema educativo, y que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán no supone “ningún tipo de discriminación por razón de lengua”, por lo que ha pedido al PP que “no intente dividir a la sociedad catalana”.

“El TC nunca avaló la exclusión del castellano como vehicular”

Cuevas le ha corregido recordándole que la citada sentencia de 1994 en ningún caso avala un modelo de inmersión lingüística como el actual, sino que establecía “un sistema de conjunción lingüística o de bilingüismo integral”. “Lo que sí es cierto, como usted ha dicho, es que de buena fe, el Tribunal Constitucional dejó a la Generalidad la potestad de decidir la proporción en que cada lengua estuviera presente en el sistema, aunque nunca avaló la exclusión del castellano como vehicular. Decía la sentencia 337/94 que era legítimo que el catalán, en atención al objetivo de normalización lingüística en Cataluña sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, aunque siempre con el límite de que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente”, ha indicado.

“Las sentencias, sobre todo, se podrán opinar, pero se han de cumplir, se pueden recurrir, pero se han de cumplir. Y a pesar de que no se compartan, se tienen que cumplir. Nosotros creemos que estas situaciones son fruto de la permisividad con que hasta ahora hemos vivido en Cataluña los privilegios de los últimos gobiernos de la Generalidad, que se han autoatribuido para dejar leyes sin cumplir, normas sin cumplir y sentencias sin acatar, tergiversando el sentido de las sentencias“, ha concluido.

La voz de Barcelona (17.06.2011)