Contundente la exigencia de Rosa Díez y cargada con todo el peso de la razón. La obligación legal de poner la bandera es un hecho objetivo y da un argumento sólido para actuar contra quienes no lo cumplan, sin que exista ninguna posible deriva hacia delitos de opinión y sin que haya que probar pertenencias ideológicas siempre difíciles de demostrar.
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