Mientras el «berlusconismo» arrasa en las urnas, miles de personas siguen ocupando las plazas de las principales ciudades españoles al grito de «Democracia Real Ya». El movimiento 15-M vive estos días un momento crucial en el que decide si convertirse en una Revolución o quedarse en un espejismo.
Muchos son los peligros, las contradicciones y las dificultades que afrontará el movimiento popular de los indignados durante los próximos días y semanas, y el riesgo de desmovilización progresiva es bastante alto dadas las circunstancias, por lo que, ahora que la movilización y el entusiasmo están altos quizá sea el momento de consolidar ciertas cuestiones y poner los cimientos para la transformación de la realidad, que al fin y al cabo, entiendo es lo que persigue el movimiento. Un movimiento que deberá tomar las medidas oportunas para mantener la movilización en la calle, en las principales plazas y en los barrios (tal y como ya se está haciendo), pero que también deberá conquistar las instituciones, aunque sea para empezar a transformarlas en órganos de democracia participativa, real y directa, y para controlar a los cargos públicos.
Veo con satisfacción cómo ya se están empezando a tomar medidas concretas contra los responsables de la crisis: los bancos y los especuladores. Para el próximo 30 de mayo se propone «sacar en un solo movimiento bancario la cantidad de 150 euros acudiendo a las sucursales o utilizando los cajeros automáticos». Es, como lo definen, «un primer ataque no violento al sistema económico».
En cuanto a la cuestión política, y dado que no han faltado quienes en campaña electoral se han puesto del lado del movimiento 15-M y han apoyado la llamada «Revolución de los Indignados», quizá sea el momento, ya finalizados los comicios, de que tanto cargos públicos como partidos políticos se pongan al servicio de esa «Revolución» y llevar a las instituciones las propuestas de los indignados: cambio de la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo, fin de las pensiones vitalicias, jubilación a los 65, derecho a una vivienda digna, servicios públicos de calidad, financiación pública de la investigación, control de las entidades bancarias, reforma fiscal para que paguen más las grandes fortunas, no al control de internet, abolición de la Ley Sinde, etc…
Este movimiento puede quedar en un simple espejismo – que eso sí, dejaría un importante poso en las conciencias de la ciudadanía -, o puede ser el comienzo de una auténtica Revolución que ponga a los cargos públicos – concejales, alcaldes, diputados… – al servicio de los ciudadanos en movimiento, frente a la situación actual que pone a la ciudadanía dormida al servicio de la clase política.
Desde el movimiento debería exigirse a los cargos públicos y partidos que hagan llegar a las instituciones sus propuestas. Y por supuesto, no abandonar la movilización en la calle, sino reforzarla.
Además, los cargos públicos y partidos políticos que han apoyado el movimiento, deben abrir de par en par las puertas de las instituciones a la Revolución ciudadana y llevar a los Ayuntamientos, los Parlamentos y al Congreso sus propuestas.
Veremos si esto es una Revolución o son sólo disparos de fogueo.
Javier Parra, director de La República
larepública (25.05.2011)
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