Ley de UPyD contra la corrupción, medidas por la transparencia II

Ramón Marcos AlloStop corrupciónLa corrupción prospera con la opacidad de las decisiones públicas, ya que el corrupto y el corruptor pueden hacer que sus actos pasen desapercibidos ante la ciudadanía. Una medida esencial para prevenir la corrupción es abrir las ventanas de las instituciones y administraciones públicas para dar luz a cómo y porqué se toman determinadas decisiones y no otras, cómo se aprueban y ejecutan y permitir evaluar los resultados que dan.

El derecho a la información y la transparencia fomentan la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, contribuyendo así a reforzar su legitimidad. Son derechos fundamentales reconocidos por la legislación internacional – La Declaración de Derechos Humanos y el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos- y la Constitución Española en su artículo 20.1.a) y d). Se constituyen, por tanto, en instrumento para prevenir la corrupción y para mejorar la calidad del funcionamiento de las instituciones públicas.

Debido a su importancia, en la iniciativa legislativa de UPyD contra la corrupción, a la transparencia se le dedica un título completo, el tercero. Y, al principio de la Ley, se la define como el conjunto de medidas y prácticas destinadas a erradicar las zonas y hábitos de opacidad en el ejercicio del gobierno y funcionamiento de instituciones y de administraciones públicas, destinadas a garantizar  el derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos. Las propuestas sobre transparencia de la Ley se pueden sintetizar en las siguientes:

1.- Medidas activas de publicidad que deben realizar obligatoriamente todas las instituciones y administraciones públicas y organizaciones que manejen dinero de origen público. De forma que la elaboración, aprobación, ejecución y liquidación de los presupuestos públicos se divulgara gratuitamente a través de internet. Asimismo las sociedades, fundaciones y entidades públicas, así como las entidades privadas participadas directa o indirectamente por cualquier Administración Pública, o que presten servicios públicos deberán publicar detalladamente a través de internet sus cuentas en el plazo de treinta días desde su aprobación.

Con el mismo objetivo se creará un registro público común de todas las subvenciones que se otorguen y se exigirá mayor transparencia en la gestión económica de los que las reciben, que deberán depositar en un registro la información sobre su gestión económica. Igualmente transparentes deberán ser los sindicatos y organizaciones empresariales, que se financian en su mayor parte con subvenciones públicas, quienes tendrán que informar detalladamente de sus cuentas anuales y publicarlas en su web. Simultáneamente se propone mayor transparencia en la contratación administrativa mediante un registro público común de todos los contratos administrativos que podrá consultar cualquier ciudadano.

Finalmente entre estas medidas activas de publicidad se plantea que las retribuciones de los altos cargos tanto monetarias como las que reciban en especie que vayan unidas al ejercicio de su cargo sean públicas y se cuelguen en las páginas web.

2.- Medidas para limitar las campañas de publicidad institucional. Se prohibirán las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los objetivos alcanzados por las administraciones, y las campañas de cualquier tipo que traten de vincular la labor de las administraciones al partido o partidos gobernantes y a sus cargos electos, representantes o candidatos. Estas medidas aunque sea indirectamente ayudarán también a la imparcialidad de los medios de comunicación, ya que no podrán ser beneficiados de esta publicidad o castigados sin ella según den o no información favorable a los diferentes gobiernos. Seguramente será una medida muy sana para evitar la manipulación informativa.

3.- Medidas para evaluar las políticas públicas. Deberán fijarse públicamente indicadores que permitan esa evaluación. Ya que no todo consiste en saber en qué se ha gastado el dinero sino en conocer si se han conseguido los objetivos propuestos. Así, por ejemplo, estaría bien saber si las ayudas a la vivienda tan publicitadas por Chacón han servido para algo más que para autopublicitarse cuando la nombraron ministra. Además se requiere al Gobierno para que se cree una agencia de evaluación de políticas públicas independiente que tenga competencia para todas las administraciones de España y que permita conocer la eficacia de esas políticas y que las administraciones aprendan de las que mejor lo hacen.

Al final de la Ley hay un conjunto de disposiciones adicionales que exigen al Gobierno que presente proyectos de ley necesarios para reforzar las medidas contra la corrupción y por la transparencia. En primer lugar está la necesidad de que se apruebe una Ley que regule el derecho fundamental de acceso a la información de los ciudadanos. Además se propone la necesidad de ejecutar medidas de austeridad, fijándose un umbral común máximo y mínimo de salario por categoría funcionarial, un número máximo de coches oficiales en función de criterios objetivos, etc. Por otra parte se quiere impulsar la evaluación del empelado público para que su promoción no quede al arbitrio de las libres designaciones del gobernante de turno, sino de sus méritos objetivos. Reformar la administración local.

La transparencia es esencial para abrir la acción pública al conocimiento de los ciudadanos. Si se aprueba esta Ley todos saldremos ganando, porque como ciudadanos habremos incrementado nuestro poder y los políticos se verán, nos veremos, obligados a ser más responsables.

Ramón Marcos Allo

El blog de Ramón Marcos (15.04.2011)

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