Sucesiones: ¿justicia o promesa?

Viñeta 

¿Acaso es lo mismo ser propietario de su vivienda que, por ejemplo, de la mitad de los inmuebles del paseo de Gràcia?

El Govern ha cumplido su promesa: ha aprobado una bonificación del 99% en el impuesto sobre Sucesiones para las transmisiones mortis causa (fallecimiento) en favor de cónyuges, padres, hijos, abuelos y nietos. Valorar adecuadamente la reforma exige desvincularla de los recortes presupuestarios y analizarla únicamente en términos de justicia tributaria.

El artículo 31 de la Constitución establece que todos tenemos que contribuir de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Pues bien, con un sistema tributario en el que salvo para las rentas medias la progresividad ha ido desapareciendo, la bonificación que el Govern ha aprobado hace que la poca que aún existía se desvanezca hasta desaparecer.

¿No hay que reformar el impuesto? Sí, por supuesto. Pero no a expensas de convertirlo en un tributo todavía más injusto. Me explico. En términos de capacidad económica, parece razonable que si fallece, por ejemplo, el marido, la viuda, y otros familiares más, no tengan que pagar el impuesto sobre Sucesiones para heredar el patrimonio que ha constituido la base de su convivencia. Lo verdaderamente importante es pues objetivizar ese concepto abstracto y traducirlo en un valor mínimo que quede exento del impuesto. Dicho de otra forma, mientras está justificado que los patrimonios medios no paguen impuesto sobre Sucesiones, no lo está que queden excluidos del mismo los patrimonios altos. Yno lo está porque no se puede tratar igual supuestos que no son iguales. ¿O es que acaso tiene la misma capacidad económica quien es propietario de su vivienda, de un apartamento en la costa, y de unos ahorrillos, que quien es propietario, por ejemplo, de la mitad de los inmuebles del paseo de Gràcia, además de serlo de otras inversiones? Obviamente, no.

En definitiva, la Generalitat se ha visto políticamente obligada a seguir el camino iniciado por la casi totalidad de las comunidades autónomas. Precisamente por ello, la reforma sólo se entiende en términos políticos. Pero no nos equivoquemos. El principal responsable de la actual situación es el Estado, que, de forma pasiva e irresponsable, ha permitido que quienes no tienen capacidad normativa para suprimir el impuesto consigan en la práctica el mismo resultado utilizando una figura legal, las bonificaciones, cuya finalidad es otra muy distinta.

Es pues imprescindible que el Estado, como titular del impuesto, acometa urgentemente su reforma respetando los principios constitucionales y contemplando un mínimo exento que evite la tributación de los que se consideran patrimonios medios, sin perjuicio de la capacidad normativa que a las comunidades autónomas corresponde. Lo fácil, sin duda, es hacer lo que hacen los demás, a pesar de que sea manifiestamente injusto. Lo contrario, no vende. La realidad, sin embargo, es solo una: ¿electoralismo o justicia tributaria?

Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa.

La Vanguardia (6.04.2011)

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