Polvos estatutarios y crisis del catalanismo

Polvos estatutarios y crisis del catalanismoEste nuevo independentismo se radicaliza a medida que mengua, y mantiene una relación dialéctica con la matriz catalanista de la que procede. Por un lado, surge como reacción al descrédito de las instituciones autonómicas catalanas y a la pérdida de credibilidad que ha sufrido la clase política dirigente a lo largo de la reforma estatutaria, reflejando igualmente la exasperación de parte de las bases nacionalistas ante los límites democráticos a su proyecto político. Por otro, este nuevo independentismo lleva hasta las últimas consecuencias la nebulosa de sobreentendidos, mitos y acuerdos tácitos que subyacen en la acción política nacionalista, de todas las fracciones del catalanismo, desde la instauración de régimen autonómico en Cataluña

La reforma del Estatuto del Autonomía de Cataluña hizo correr ríos de tinta en artículos, valoraciones, interpretaciones y predicciones de todo tipo. A medida que van transcurriendo los meses desde la sentencia del Tribunal Constitucional, que vino a poner un punto y final jurídico al tortuoso proceso iniciado en 2003, la perspectiva se hace más clara y permite volver sobre algunos aspectos que en su momento pudieron pasar desapercibidos en el fragor de las disputas. Los resultados de las recientes elecciones autonómicas, en las que la sombra del Estatuto se dejó sentir pese a su llamativa desaparición durante la campaña electoral, muestran las últimas réplicas políticas directas del terremoto ocasionado por el proceso de reforma. El actual momento postestatutario catalán es especialmente indicado para volver la vista atrás y esbozar un balance de los últimos años, no tanto del contenido de la reforma en sí, como de sus implicaciones para los equilibrios de fuerzas, la dinámica política en Cataluña y los esfuerzos de recomposición del nacionalismo bajo la batuta de Artur Mas.

El desarrollo del proceso de reforma estatutaria, desde que la hipótesis de un nuevo Estatuto fuera formalizada por Pasqual Maragall en nombre del PSC hace dos legislaturas, ha centrado buena parte de la atención pública en España, prácticamente monopolizándola en Cataluña, a lo largo de estos años. En un inicio, la maniobra de Maragall, entonces jefe de la oposición socialista, fue fruto de un cálculo de naturaleza eminentemente táctica, dirigido a desestabilizar a la coalición convergente presionándola por su lado identitario y posibilitar un acercamiento con el independentismo de ERC sobre el que construir las bases del posterior Gobierno tripartito socialindependentista. Ello no impidió, sin embargo, que la idea de un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña fuera rápidamente asimilada por todas las facciones del catalanismo orgánico (los componentes del tripartito y Convergència i Unió, un bloque a veces denominado cuatripartito) y convertida en el eje fundamental, y en ocasiones el único perceptible, de la política catalana en los años siguientes, incluso después de la retirada de Pasqual Maragall de la escena política en 2006.

Tras las elecciones de 2003 que abrieron paso al primer tripartito, y aún antes de tener un texto consensuado, el conjunto del nacionalismo orgánico planteó una ambiciosa estrategia política, jurídica y mediática para conseguir que el nuevo Estatuto de Autonomía supusiera la plasmación de su programa máximo identitario para Cataluña y también para el resto de España. Un programa máximo que, matices semánticos al margen, resumió con admirable sinceridad el propio presidente de la Generalidad en dos aspiraciones: la de conseguir que el Estado quedara reducido en Cataluña a una dimensión “residual”, de forma que ningún contrapoder democrático pudiera cuestionar la hegemonía del catalanismo orgánico articulado a través de la Generalidad; y la de someter a Cataluña a una homogeneización cultural e identitaria basada en la lengua catalana, considerada “el ADN de Cataluña”. Una forma como otra de declarar a la mayoría de ciudadanos catalanes, que sienten como propia (también) la lengua castellana, genéticamente ajenos y extraños a la Cataluña en la que sin embargo viven.

Una estrategia en tres frentes

Las peripecias del nuevo Estatuto a lo largo de los últimos años pueden leerse en estas tres claves, política, jurídica y mediática. La batalla política se ha desarrollado en los distintos parlamentos, despachos e instituciones representativas y ejecutivas del Estado; la batalla mediática y social se ha producido en la calle, los medios de comunicación, información y opinión, mientras que la batalla jurídica se ha producido en los tribunales. Tres ámbitos diferentes para un solo debate que se ha convertido, por su relevancia y su extensión, en uno de los de mayor magnitud y profundidad en la democracia española.

Desde el punto de vista político o legislativo, parece claro que el catalanismo orgánico alcanzó buena parte de sus objetivos: el nuevo Estatuto fue aprobado por la Cámara autonómica catalana el 30 de septiembre de 2006 y las Cortes Generales dieron luz verde el 9 de agosto de 2007. Cierto es que la victoria nacionalista no fue completa: a lo largo de las negociaciones para su aprobación en las Cortes, el Estatuto perdió algunas de sus aristas y ello hizo descolgarse a la facción nacionalista más intransigente, entonces representada por ERC. Pero el núcleo de la reforma, tanto en sus aspiraciones como en sus soportes esenciales en el establishment nacionalista, fue preservado a lo largo del trámite parlamentario: el nacionalismo orgánico consiguió, gracias al apoyo del PSOE, el respaldo mayoritario de congresistas y senadores al nuevo Estatuto de Autonomía.

La victoria en los parlamentos, sin embargo, no es definitiva. En un régimen de garantías como el español, existen limitaciones que ni siquiera los legisladores pueden soslayar. Ninguna institución representativa es omnipresente en una democracia, porque ninguna encarna la soberanía que sólo puede expresarse a través del conjunto de la ciudadanía. Por ello, ni siquiera una mayoría parlamentaria ordinaria puede ignorar la arquitectura jurídica y constitucional que protege los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos. Como representantes de la ciudadanía, los legisladores pueden cambiar las leyes, pero no hacer caso omiso de las que están vigentes. Y el catalanismo orgánico, que consiguió aliados en las Cortes para aprobar una reforma estatutaria, no los consiguió (o no los buscó) para reformar el pacto constitucional español, esto es, el acuerdo cívico básico que rige la convivencia entre españoles. Tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que recordara que algunas de las previsiones del nuevo texto no eran propias de un Estatuto de Autonomía, y que de querer llevarse a cabo, debían aprobarse como lo que eran: modificaciones más amplias de la arquitectura constitucional que requerían, por tanto, la articulación de consensos sociales más transparentes y coaliciones políticas más amplias de las tejidas por las distintas facciones del catalanismo orgánico en torno al Estatuto. La negativa del TC a avalar el intento nacionalista de alterar las líneas maestras de la convivencia nacional, clandestinamente y sin consultar a los ciudadanos, ha supuesto el fracaso jurídico del Estatuto. Y ello, pese a la validación de la mayor parte de su articulado -todo aquél que se adecúa a su carácter de ley orgánica y estatutaria.

Es comprensible la reacción airada del nacionalismo catalanista ante la decisión del Alto Tribunal, porque las “coaliciones más amplias” que habrían convertido al Estatuto en un texto intachable e intocable desde un punto de vista constitucional y democrático son imposibles de conseguir sin el apoyo de la opinión pública. Y es precisamente en este terreno, el de la opinión pública, la discusión y la deliberación democrática, en el que la reforma estatutaria alentada y defendida por el nacionalismo ha naufragado de manera más visible. Ya desde sus primeros pasos, el nuevo Estatuto se configuró como un pulso encubierto entre la clase política nacionalista catalana, unánime en su intención de imponer el debate esencialista como eje central de la agenda política catalana, y una sociedad catalana cuyas preocupaciones estaban muy lejos de las cuestiones identitarias subyacentes al debate estatutario, y que consideraba muy mayoritariamente que la redacción de un nuevo Estatuto ni era ni debía ser una prioridad política (encuesta en La Vanguardia de julio de 2005). Esta desafección de partida no ha hecho más que agrandarse a lo largo del proceso, pese a la ingente movilización de recursos públicos por parte del catalanismo orgánico para contrarrestarla, y está en el origen de la fragilidad que sufre el Estatuto y de la escasa adhesión social y política que ha generado más allá de su núcleo nacionalista promotor.

El Estatuto ha sobrevivido pues a los trámites legislativos, pero a lo largo del proceso, el catalanismo orgánico ha perdido la batalla de la opinión pública. Desde luego, no ha conseguido convencer a la ciudadanía española de las bondades de su proyecto de reforma, ni siquiera a aquellos sectores que históricamente le han sido más próximos. Los lamentos de los dirigentes y portavoces catalanistas preguntándose dónde estaban los intelectuales “progresistas” que otras veces aparecían para avalar sus posiciones, y conminándoles a salir de su silencio y dar la cara otra vez por ellos, son a la vez un indicio y una explicación de esta incapacidad catalanista para generar simpatías, que posiblemente tiene que ver tanto con lo indefendible de sus planteamientos como con la prepotencia con la que el nacionalismo trata a sus potenciales aliados.

Desde una perspectiva localista, se podría argumentar que la aprobación de un Estatuto autonómico sólo debería implicar a los ciudadanos de la autonomía correspondiente. Pero el catalanismo tampoco ha conseguido enrolar a la sociedad catalana en su particular travesía estatutaria, como lo ilustra el decepcionante resultado del referéndum estatutario de 2007. Después de una movilización masiva y desacomplejada de todos los medios y recursos públicos (y privados) a favor de la reforma planteada durante dos legislaturas, el hecho de que el nuevo texto sólo contara en las urnas con el respaldo explícito del 30% de los catalanes, muy lejos del apoyo cosechado en su día por la Constitución y el Estatuto de Sau, no es la muestra de un asentimiento silencioso, sino una sonora bofetada en el rostro del oficialismo catalanista.

Los límites del catalanismo orgánico en democracia

El fracaso del Estatuto patrocinado por el nacionalismo en la arena de la deliberación pública no tiene nada de sorprendente. En realidad, es otra muestra más de la incomodidad con la que el núcleo esencialista del catalanismo orgánico se desenvuelve en el debate y la discusión pública que rodean la acción política en las democracias avanzadas. A lo largo del último franquismo, y de forma aún más clara a lo largo de los treinta años de democracia constitucional en España, el catalanismo ha sabido moverse con gran habilidad entre pasillos y despachos, componendas y bastidores, favorecido por los ángulos muertos del sistema institucional y por su cercanía, cuando no directa colusión, con los centros de poder político, económico y mediático. Pero su eficacia se ha visto seriamente disminuida cuando se ha visto obligado a entrar en el cuerpo a cuerpo del debate democrático, a plantear sus reivindicaciones directamente en la plaza pública. Su capacidad de convocatoria se benefició durante la transición de las simpatías que engendraba cualquier movimiento perseguido o mal visto por el franquismo; pero ha sufrido una erosión constante desde la reinstauración de la democracia en España, que ha transcurrido paradójicamente en paralelo a una acumulación sin precedentes de poder político, mediático y económico por parte de la clase catalanista dirigente. Los sectores más avanzados del catalanismo han sido siempre conscientes de esta flaqueza; de ahí la vieja y eficaz táctica pujolista del peix al cove, que durante veinte años se centró en rehuir la confrontación abierta con los ciudadanos y conseguir el avance de su agenda política mediante transacciones parciales a media luz con el poder en plaza. De ahí, también, la paradoja de unas instituciones autonómicas cuya constante expansión competencial choca con su muy precaria base de apoyo popular, como indica la persistente diferencia en la participación ciudadana entre las elecciones autonómicas y nacionales.

En estas condiciones de extrema fragilidad, el correctivo que aplicaron órganos como el Tribunal Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo -instituciones que, pese a las dificultades del proceso estatutario, han mostrado que son capaces de actuar con independencia, sobreponerse a las persistentes presiones partidarias y cumplir así eficazmente con la función constitucional que tienen otorgada de defensa y protección de los derechos de los ciudadanos- se antoja a los nacionalistas, y con razón, un obstáculo insalvable para sus aspiraciones de consolidar la hegemonía de la clase orgánica catalanista en Cataluña. Su proyecto habría podido superar los requerimientos formales del TC si la coalición en la que se apoyó el catalanismo para conseguir la aprobación en las Cortes del Estatuto de 2006 hubiera sido una alianza de amplia base articulada en torno a un proyecto de articulación territorial definido y transparente; y no un delicado sindicato de intereses cruzados, carente de base social, más basada en el oportunismo y la intimidación política de los interlocutores que en la existencia de un objetivo compartido.

Para ello, sin embargo, habría hecho falta explicar a la sociedad, y en particular a los posibles aliados, con claridad y desde el principio la magnitud y el alcance del proyecto que se quería llevar a cabo. Las aspiraciones nacionalistas pasaban -y siguen pasando- por el alumbramiento de un marco jurídico y político en España que es incompatible con el que hoy rige, y ello sólo puede conseguirse, como es natural, con el concurso de todos aquellos a quienes afecta, que son todos los ciudadanos españoles. En primer lugar, porque la nueva legislación propuesta por el catalanismo orgánico tenía consecuencias de primer orden para la igualdad de trato de los españoles por parte del Estado, incidiendo -por ejemplo- en la financiación, calidad y disponibilidad de los servicios públicos en todo el país. Pero no sólo por ello: aunque el nuevo Estatuto sólo hubiera afectado a los catalanes, la defensa de los derechos constitucionales de cualquier persona o colectivo de España incumbe y convoca a toda la ciudadanía española, no sólo a la parte directamente afectada -la sociedad catalana en este caso. En una sociedad abierta, democrática y solidaria, nadie está solo ante los abusos de un poder más fuerte, por minoritaria que sea su posición. Ese compromiso de fraternidad ante la opresión es el sentido último de un proyecto cívico, nacional y democrático como el que hoy es España.

Los lodos independentistas

La derrota del maximalismo estatutario patrocinado por el nacionalismo en el ámbito jurídico y ante la opinión pública no implica que el proceso de reforma estatutaria haya sido en modo alguno inocuo. Si algún efecto puede observarse en la sociedad catalana tras años de estériles debates identitarios, es que ésta se encuentra hoy más fracturada que al inicio del proceso. Más dividida y más polarizada por una cuestión que los ciudadanos no consideraban especialmente relevante hace ocho años. El catalanismo orgánico, incapaz de ganar su particular pulso con la sociedad catalana en cuyo nombre dice hablar, parece haber hecho así su particular y muy libre lectura de la sentencia cesariana: si no puedes vencer porque no convences, al menos consuélate con dividir.

Efectivamente, ha dividido y se ha dividido. Las idas y venidas del Estatuto, la irresponsable y frívola gestión del proceso de reforma estatutaria por parte de los dirigentes del catalanismo orgánico y los responsables políticos nacionales han desembocado en la cristalización del populismo independentista en una fuerza política autónoma del panorama de un catalanismo en crisis. Un populismo cuyo discurso, nutrido de resentimiento antiespañol y antipolítico, prolijo en reflejos xenófobos y racistas, lo convierte en la variante catalana más próspera -no la única, como muestra la pujanza electoral de Josep Anglada y su xenófoba Plataforma per Catalunya- de las corrientes populistas de extrema derecha que hacen estragos en los últimos tiempos a ambos lados del Atlántico.

Una fuerza de estas características no ha surgido repentinamente de la nada: los elementos que nutren el discurso de apóstoles del secesionismo como Joan Carretero o Joan Laporta llevan mucho tiempo incubándose en la política catalana, manifestándose con virulencia en ocasiones, manteniéndose latente las más de las veces de una manera difusa e implícita, pero inequívoca. El victimismo sistemático, la reducción de España a una caricatura malhumorada y en permanente conspiración contra Cataluña, el fomento de un sentimiento de superioridad respecto a ella cada vez más injustificado, la exaltación de una identidad enfermiza y paranoica, todos estos ingredientes han sido cuidadosamente cultivados por los sucesivos gobiernos nacionalistas, más o menos discretamente por el pujolismo, con creciente ostentación después por la alianza socialindependentista que ha sostenido los gobiernos tripartitos, el de Maragall y el de Montilla. Y ha sido este último el que vio emanciparse a su propia criatura: la mayoría de ciudadanos catalanes han resistido y resisten al persistente repiqueteo identitario; pero la sobredosis de aquellos que se han mostrado vulnerables sólo puede materializarse en forma de frustración, xenofobia e intolerancia. En ese sentido, la debacle socialista en las últimas elecciones no es ajena a la responsabilidad de los gobiernos de Maragall y Montilla en la radicalización de la facción independentista del catalanismo: así lo han entendido los electores, pese a los inverosímiles desmarques de última hora que intentó escenificar Montilla en la recta final de la campaña.

La emergencia y radicalización de este nuevo independentismo es inseparable del grave retroceso que ha sufrido el conjunto de facciones independentistas. Un retroceso que devuelve al conjunto del independentismo a registros electorales de principios de los años noventa, en lo que constituye un desmentido en toda regla del mito de la marea independentista que las élites del catalanismo han profetizado sin descanso para legitimar, dentro y fuera de Cataluña, sus propias políticas y su propio cultivo de la tensión permanente con el resto de instituciones del Estado. Lejos de mostrar una creciente desafección de los catalanes hacia España, los resultados electorales sugieren todo lo contrario: un atronador rechazo de la sociedad catalana al independentismo en el poder y a su programa de confrontación identitaria con el resto de españoles. Un rechazo que se ha concretado en una censura global no sólo a las candidaturas independentistas, sino también a las de sus compañeros de viaje, fundamentalmente el PSC.

Conclusión

La clase política autonómica y la ideología catalanista dominante salen del túnel estatutario severamente debilitados, desacreditada la primera y fracturada la segunda. Afectadas ambas por la emergencia de un nuevo independentismo, en línea con el auge de las extremas derechas populistas en toda Europa.

Este nuevo independentismo se radicaliza a medida que mengua, y mantiene una relación dialéctica con la matriz catalanista de la que procede. Por un lado, surge como reacción al descrédito de las instituciones autonómicas catalanas y a la pérdida de credibilidad que ha sufrido la clase política dirigente a lo largo de la reforma estatutaria, reflejando igualmente la exasperación de parte de las bases nacionalistas ante los límites democráticos a su proyecto político. Por otro, este nuevo independentismo lleva hasta las últimas consecuencias la nebulosa de sobreentendidos, mitos y acuerdos tácitos que subyacen en la acción política nacionalista, de todas las fracciones del catalanismo, desde la instauración de régimen autonómico en Cataluña.

Con esa naturaleza dual, basada en la censura global a las élites nacionalistas y la continuación populista de su lógica identitaria, este nuevo independentismo encarna una fase senil del catalanismo. Una etapa incierta y marcada por el agotamiento social del catalanismo, indisimulable tras desvanecerse los vapores de la reforma estatutaria; y la constatación de su carácter oligárquico, antidemocrático y radicalmente excluyente, hasta hace poco todavía endulzado por una retórica amable y constructiva. En ambos casos, la génesis del nuevo Estatuto de Autonomía ha servido para observar a plena luz las motivaciones últimas, las aspiraciones reales y los límites efectivos del proyecto actual del catalanismo orgánico. Los elementos de su crisis como clase e ideología dominante en Cataluña.

Ante la creciente contradicción entre la reducida y menguante base social catalanista y su monopolio de facto de todos los círculos de poder en Cataluña, tanto los formales como los informales, los políticos y los mediáticos, es urgente generar y ensanchar los cauces cívicos, sociales y políticos de los movimientos contrahegemónicos de Cataluña. Se trata de vehicular, con ellos y con el conjunto de la sociedad catalana y española, un relato y un proyecto alternativo para Cataluña y para toda España, capaz de superar la envolvente identitaria del catalanismo, exhausta tras el Estatuto y sin más fuerzas que su propia inercia y la debilidad de sus adversarios en la etapa postestatutaria que se abre en Cataluña.

Juan Antonio Cordero Fuertes es miembro de Ágora Socialista y de Impulso Ciudadano

La voz de Barcelona (29.03.2011)

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