Agujeros negros

Logo de ADIGSAAdigsa tiene una deuda de más de 70 millones de euros que aumentará en los próximos meses

Del total de 14.000 pisos protegidos que gestiona la empresa, 3.000 viviendas están desocupadas

Silvia Angulo.- Adigsa – ahora Agència de l´Habitatge de Catalunya – se ha sumado a la lista de empresas con problemas económicos que han pasado a estar controladas por la macroconselleria Territori i Sostenibilitat, que dirige Lluís Recoder. La suya es una herencia difícil de sanear en tiempos de recortes económicos y de dificultades de endeudamiento. El panorama es desalentador. La Agència Catalana de l´Aigua (ACA) acumula una deuda de 1.400 millones de euros, el Incasòl registra pérdidas valoradas en 950, mientras que Adigsa, en el momento de efectuarse el traspaso de poderes entre el gobierno tripartito y el convergente, reconocía un déficit de más de 70 millones de euros y un patrimonio inmovilizado de 3.000 viviendas desocupadas. La deuda podría llegar a los 130 millones de euros en los próximos meses.

Los problemas económicos se producen debido a que en los últimos tiempos se han construido pisos de protección sin tener asignada una partida presupuestaria para este fin, según explican fuentes de la conselleria. Las residencias están acabadas y sólo falta la certificación como vivienda protegida, momento a partir del cual la Generalitat debe sufragar el coste de la edificación de las viviendas a los constructores. Lo cierto, es que, hoy por hoy, no hay dinero para pagar estos pisos recién construidos y tampoco los que se acabarán en los próximos años.

Por ello, los responsables en materia de vivienda de la Generalitat se han fijado como objetivo sanear cuanto antes las cuentas y acabar con el exceso de plantilla de la empresa. Así las cosas, en su primera intervención parlamentaria, el conseller Recoder explicó que un informe de la Generalitat «advierte de la sobredimensión de la estructura de Adigsa». Lo cierto es que fuentes próximas a la empresa aseguran que en los últimos años se ha contratado a más de un centenar de trabajadores, además de externalizar algunos servicios. Por lo pronto, se ha destituido a los cuatro directores generales territoriales y Recoder anunció en el Parlament «atacar de raíz todas estas cuestiones para mantener las estructuras que sean necesarias, pero al mismo tiempo sostenibles desde el punto de vista económico».

Los pisos vacíos son otro de los lastres que arrastra Adigsa, que gestiona un parque de 14.000 viviendas protegidas. De estas, un 21% están desocupadas, lo que representa unos 3.000 pisos públicos. La intención del conseller y del nuevo secretario de Habitatge, Carles Sala, es la de agilizar los actuales trámites de adjudicación de residencias de protección excesivamente burocratizado. De hecho, una de las primeras medidas que se pondrán en marcha es modificar y simplificar la legislación de vivienda y urbanismo y adoptar las medidas necesarias para reactivar el sector.

La situación de la empresa es complicada y se recrudecerá a lo largo de este 2011 debido al recorte del 60% de la aportación del Estado a las políticas de vivienda de la Generalitat. Una reducción de la inversión que afecta especialmente a todas aquellos programas que dependen de la Generalitat, mientras que el recorte es nulo en aquellos instrumentos en los que el Gobierno es el impulsor.

Pisos protegidos demasiado caros para la zona
En el 2009 se anunció que, para ayudar a los promotores, el Govern compraría 500 pisos libres y los transformaría en vivienda protegida. Tras organizar un concurso al que sólo se presentaron 20 promociones, el Incasòl se quedó con dos. En total, 23 pisos en La Pobla de Segur y Alcarràs que costaron 2,7 millones de euros. Se intentó comercializar las viviendas, pero no ha habido ningún interesado porque los precios son demasiado altos para la zona. A día de hoy los pisos están por vender.
La Vanguardia (22.03.2011)

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