El Fraude de Duran i Lleida

Duran i Lleida (UDC, partido de la coalición CiU)En la prensa, hemos podido leer que el diputado Duran i Lleida ha solicitado la compatibilidad entre su cargo y los nombramientos que le ha hecho el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para presidir los órganos de relaciones bilaterales Estado–Generalitat: Comisión Bilateral, Comisión Mixta de Transferencias, Comisión Bilateral de Infraestructuras y Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, a la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso. Al parecer en esa Comisión después de un cierto debate han llegado a la conclusión de que esos cargos y la condición de diputado nacional son compatibles, ya que no va a cobrar por ellos. A nuestro juicio la conclusión es justo la contraria. Veamos por qué.

La Constitución Española del año 1978 dice en su artículo 70 que la Ley electoral determinará las causas de ineligibilidad y de incompatibilidad para ser diputado. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) regula esta cuestión en sus artículos 6, 7 y 154 a 160. El artículo 154.2 dice que no podrán ser elegibles para el Congreso de los Diputados “los Presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, así como los cargos de libre designación de dichos Consejos (…)”. La lectura de este precepto permite concretar que ningún cargo de libre designación de un gobierno autonómico puede ser diputado, sea remunerado o no. Cosa lógica, si se quiere garantizar al menos dos intereses jurídicos esenciales y prevenir su posible lesión.

En primer lugar, el ejercicio leal de la función de diputado. Como se sabe, un diputado representa y se debe a todos los ciudadanos españoles, le hayan votado o no. Mientras que el cargo de una administración autonómica se debe en el ejercicio de sus funciones a esa administración. Con el fin de evitar un posible conflicto es mejor prevenir fijando la incompatibilidad entre ambas funciones; dado que es fácilmente previsible que puedan surgir supuestos en los que choquen los intereses de la administración territorial y los del conjunto de los ciudadanos españoles. Una razón similar llevó a la Constitución a impedir la acumulación de los mandatos de diputado y miembro de un parlamento auntonómico.

En segundo lugar, el deber de neutralidad de la administración pública, que ha de servir a los ciudadanos con objetividad. Por este motivo, el artículo 70 de la Constitución establece que los altos cargos de la administración del Estado especificados en la ley no pueden ser diputados. Con la única excepción de los ministros, que forman parte del Gobierno sensu estricto que sigue un régimen diferente. Luego si hay incompatibilidad para los cargos de la Administración del Estado, un razonamiento analógico nos lleva a aplicarla a los cargos de las administraciones autonómicas.

Para ver si esos preceptos son aplicables a los nombramientos de Duran i Lleida, antes hay que determinar cuál es la clase de su cargo. Lo que implica acudir a la normativa que regula las comisiones bilaterales, que gozan de naturaleza administrativa. Una lectura literal de sus reglamentos de funcionamiento muestra que sus miembros son designados libremente por el Gobierno del Estado o de la Generalitat. Y que por ese nombramiento ostentan la condición de cargo público. Así, Duran i Lleida es un cargo de libre designación nombrado por la Generalitat. Por consiguiente, de acuerdo al artículo 154.2, el ejercicio de ese cargo es incompatible con su condición de diputado.

En atención a esa incompatibilidad, debería la Comisión del Estatuto del Diputado obligarle a optar entre uno u otro cargo. Sin que pueda argumentar que la renuncia a la remuneración le excluye de la incompatibilidad prevista en el artículo 157 de la LOREG. Ya que ese precepto no es aplicable a este caso. Porque está previsto para garantizar un interés jurídico diferente a los mencionados anteriormente: el ejercicio por el diputado de su mandato con dedicación absoluta.  De ahí que establezca la incompatibilidad entre ese mandato y cualquier puesto, profesión y actividad pública o privada que sea retribuida. Incompatibilidad que obviamente se refiere a puestos de trabajo en el sector público – que no impliquen la condición de alto cargo regulada en preceptos independientes-  como pueden ser los de letrado, médico o técnico, que obviamente siempre son retribuidos.

Hasta aquí, hemos visto la faz nacional del caso. Pero además hay que verlo desde la cara catalana para tener una perspectiva completa. Pues bien, de acuerdo al artículo 2.b) de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Cataluña 13/2005, de 27 de diciembre, son altos cargos, entre otros, los titulares de la secretaria del gobierno, de las secretarías generales, de las secretarías generales adjuntas y de las secretarias sectoriales. A estos altos cargos se les exige dedicación plena y absoluta y tienen el lógico deber de cumplir su función con lealtad institucional. Por ello, en el artículo 10.4 de esa Ley se dice que son incompatibles con la condición de diputado, senador o diputado del Parlamento Europeo.

Para ser designado por la Generalitat miembro de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat conforme a su Reglamento (Acuerdo publicado por la Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial) hay al menos que ser secretario general o secretario sectorial; y en las demás comisiones hay que ser autoridad o cargo de la Generalitat. Por tanto, en aplicación de la Ley de incompatibilidades catalana la condición de miembro de esas comisiones es incompatible con la condición de diputado. Ahora bien, Artur Mas dice que a Duran le ha nombrado miembro de ellas sin ostentar previamente ningún cargo en la Generalitat y sin remuneración. Tal y como al parecer está ejerciendo la condición de conseller, asistiendo a las reuniones del Gobierno catalán, sin nombramiento oficial. Y que, en consecuencia, no se le puede aplicar esa incompatibilidad.

Dejando a un lado el importante tema de que el nombramiento de un cargo es esencial para poder controlar su ejercicio y por tanto la posibilidad de exigir a su titular responsabilidades políticas. Que si no se diluyen. Lo que ha hecho el Gobierno catalán se llama fraude de ley. Porque con ello persiguen evitar que se aplique tanto la Ley de incompatibilidades catalana como la LOREG a una realidad de facto que pretende encubrir. Pues bien, una vez descubierto el fraude, los hechos se imponen. No se puede permitir que quienes están obligados a hacer cumplir las leyes usen artimañas para evitarlas. Los diputados pueden hacer que se cumpla votando en contra de la compatibilidad en el Pleno del Congreso del próximo jueves. ¡Ojalá! se  evite el fraude de Duran.

Ramón Marcos Allo

El Blog de Ramón Marcos (9.03.2011)

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