Descentralizar sin integrar

El polémico límite de velocidad a 110 Km/hTenemos un Estado políticamente muy descentralizado pero poco integrado, poco federal

La impresión de nerviosismo y desorientación que desde hace tiempo demuestra el Gobierno se ha puesto de manifiesto, nuevamente, en los últimos días. A las múltiples dificultades económicas que se arrastran desde hace tres años se añade ahora, parece que de forma coyuntural debido a la situación que atraviesa el mundo árabe, la subida del precio del petróleo.

Con una rapidez, no sé si justificada, se han tomado medidas para paliar los efectos de esta subida que los entendidos juzgan, en general, como improvisadas e ineficaces: reducción de la velocidad en autopistas y autovías, uso de bombillas de bajo consumo en los espacios públicos, subvenciones para el cambio de neumáticos y rebajas en el precio de los medios de transporte público al objeto de incentivar su uso. Algunas de ellas, especialmente la reducción de velocidad y la rebaja en el transporte, provocan conflictos con las comunidades autónomas sobre la titularidad respectiva de las competencias.

En efecto, el Govern catalán anterior había rebajado la velocidad en los accesos a Barcelona y el actual, hace un par de semanas, corregía al alza dicha velocidad. Si en esto era competente la Generalitat, ¿cómo puede ahora el Gobierno central modificarlo? No puede ser que ambos sean, a la vez, titulares de dicha competencia. Lo mismo sucede con el precio del transporte público en las líneas que son de titularidad de las comunidades o de los ayuntamientos.

Que el Consejo de Ministros de ayer decida que de las pérdidas económicas ocasionadas por tales rebajas en Madrid y Barcelona se hará cargo el Gobierno soluciona el desacuerdo de estas comunidades y su lógica negativa a hacerse cargo del coste de la medida, pero todavía le añade más confusión. ¿Por qué sólo Madrid y Barcelona y no las demás comunidades autónomas? La sensación de improvisación y desorientación de la que hablábamos al principio se acrecienta todavía más.

Todo ello pone de relieve, una vez más, los problemas no solucionados en el funcionamiento del Estado autonómico y, en concreto, las dificultades para dirigir la política económica. El meollo de la cuestión está en que durante 30 años el Estado se ha descentralizado profundamente pero en cambio no se han creado los necesarios mecanismos de integración para que funcione de forma eficaz. Se han desarrollado las comunidades autónomas pero no los instrumentos de cooperación y coordinación entre las mismas y el Estado, ni tampoco la necesaria participación de estas comunidades en las instituciones estatales para acordar las decisiones que deban tomarse en beneficio del interés común.

Tenemos un Estado políticamente muy descentralizado pero muy poco integrado, muy poco federal. En los últimos diez años hemos perdido el tiempo haciendo estatutos inútiles cuando los cometidos eran otros. Ahora lo estamos pagando.

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

La Vanguardia (5.03.2011)

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