El Govern pone en marcha la desactivación del ‘caso Millet’

Instrucciones para no acusar que se materializan en este escrito de los Servicios Jurídicos de la Generalitat

El saqueo de una institución

El Consorci del Palau renuncia ahora a pedir la imputación de los convergentes Osàcar y Colom

Stop corrupciónJ. G. Albalat / Neus Tomàs / José Rico (Barcelona).-  El Govern de CiU ha dado los primeros pasos para reconducir la derivada política del caso Millet. El Consorci del Palau de la Música, organismo en el que están representados la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, ha modificado dos veces en 48 horas su petición inicial al juez Juli Solaz de abrir una pieza separada del caso para investigar la implicación de CDC en el expolio de la institución cultural e imputar al extesorero del partido Daniel Osàcar y al actual secretario de inmigración, Àngel Colom.

Ahora, el organismo mantiene solo la propuesta de iniciar una segunda causa, pero sin nuevas imputaciones. El consorcio actuó a petición de la Generalitat, lo que ha generado un importante malestar en el ayuntamiento y el ministerio, que no fueron informados de la maniobra.

Con 24 horas de diferencia, el gabinete jurídico de la Generalitat elaboró dos escritos que fueron presentados en nombre del consorcio al juzgado que instruye el caso. El primero de ellos solicitaba que se descartase la pieza separada y, por tanto, las nuevas imputaciones. El segundo rectificaba su petición anterior y solicitaba otra vez la apertura de una causa independiente. Sí mantenía su propuesta de no imputar a Osàcar y Colom, así como de investigar a fondo el destino de los 5,9 millones de euros que la constructora Ferrovial entregó al Palau y que acabaron en manos de la fundación de CDC, la Trias Fargas.

En un comunicado, el Govern manifestó su “plena confianza” en la actuación de sus abogados, en un intento de desligar el asunto de cualquier lectura política. El Govern representa el 45% del Consorci del Palau, mientras que el ayuntamiento y el ministerio se reparten el otro 55%. El consistorio barcelonés acusó a la Generalitat de “romper la unidad jurídica” del consorcio y exigió al Govern que “rinda cuentas” ante el consorcio.

El Periódico (20.01.2011)

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